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Transportes escolares costarán un promedio de 1.600 pesos por niño

12 febrero, 2017

Una leve baja en la demanda del servicio de transportes escolares con respecto al mismo período en 2016 reportan los empresarios del sector que brindan el servicio en la Capital provincial. En promedio, el servicio comenzará el año escolar con un valor de 1.600 pesos por niños, para traslados en el ámbito de Posadas y 1.700 para zonas alejadas y Garupá, se explicó desde la Asociación de Transportes Escolares de Misiones (Atem) para cuyos integrantes, el monto es susceptible de sufrir incrementos durante el año atendiendo a subas en los costos de combustible e inflación.“Para esta época, era mayor la cantidad de padres que aseguraban un lugar con la contratación anticipada del servicio”, dijo a PRIMERA EDICIÓN Diego Cardozo de Atem.“Por otra parte, este año vemos que los clientes se mantienen pero no hay nuevos. Eso genera retracción, se nota que hay una baja en el mercado, en mucho casos impulsada por la competencia que hacen los taxis”, describió.Hay que tener en cuenta en este contexto que la todavía no arrancó a pleno porque la mayoría de los trabajadores del sector están realizando los trámites municipales para ponerse al día.“Arrancamos con una base de 1.600 pesos. De todas maneras nos manejamos con un precio promedio porque los números de costos reales los vamos a tener una vez que arrancamos, a partir de marzo; en tanto que una cifra total la sabríamos a partir de abril; sin embargo si la inflación sigue a este ritmo (seguros, mantenimiento del vehículo, combustibles y más), nosotros (por Atem) nos reuniríamos para evaluar actualizaciones”, confió Cardozo. El servicio costó 1.300 pesos en el inicio del año lectivo de 2016, pero se fue incrementando a razón de la suba de los combustibles. “Fueron cuatro o cinco aumentos sufridos el año pasado y el ITC duró 5 días, estamos sujetos a ver si la quita de este impuesto prosigue en junio. Si no es así, el gasoil se va a disparar y nos vamos a ver obligados a trasladar el aumento”, describió el integrante de la Atem.Sobre los altibajos del sector explicó: “Estas son todas cosas que van quitando rentabilidad al servicio. Hoy en día es prácticamente imposible cambiar de vehículo, nosotros no tenemos acceso a ningún tipo de crédito como entidad para la renovación constante de las flotas. Cada propietario está por su cuenta, hoy en día para tener una combi 0 kilómetro nos acercamos al millón de pesos. Por los costos el rubro está en retracción, de los 80 servicios que había en Posadas hace algunos años, nos mantenemos cerca de 50”. Licencia anual 2017Entre tanto, desde el Municipio se informó que hasta el inicio de clases estará abierta la inscripción al registro de transportes escolaresEste servicio consiste en el traslado exclusivo de estudiantes que se realiza desde y hacia las escuelas públicas y privadas o de actividades afines que son contratados por los padres o por los mismos estudiantes. Las documentaciones para brindar servicio de traslado de estudiantes a fin de trabajar dentro del marco reglamentario precisado en distintas legislaciones se deben entregar en la Dirección General de Transportes, de 7 a 12, ubicada en la calle Rocamora N° 2967 (casi Blas Parera), hasta el inicio de las clases. Asimismo, los interesados en contratar el servicio se podrán acercar a esta dependencia municipal para solicitar el registro con los vehículos habilitados.Exigencias técnicasUno de los requisitos fundamentales que los transportes escolares deben tener, para adquirir la resolución desde la Dirección de transporte de la Municipalidad, es la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El ingeniero Ramón Gómez, encargado del Centro de Verificación Técnica Vehicular, “El Zaimán”, habló con este Diario sobre las exigencias para pasar los controles.“Los trasportes escolares deben recibir el control de VTV cada cuatro o seis meses, depende de la antigüedad de los vehículos. Por ejemplo los modelos tienen 17 años o menos, deben venir al taller cada 6 meses. Si superan esa antigüedad, cada cuatro”. Por lo tanto, vehículos modelo 2001 en adelante cada seis meses deben estar presentándose en el centro para ser controlados. El costo de la verificación es de 572 pesos.“A los transportes escolares se les hace un control diferenciado. Deben tener en buen estado, a parte de la mecánica, el pisos, las paredes, los asientos. Se requiere que el vehículo posea una franjas naranjas en los laterales y una leyenda que diga Transporte Escolar y el número de niños que transporta. A demás somos muy estrictos con los cinturones de seguridad, todos los asientos deben tener cinturón, de lo contrario no se está habilitado” aclaró enfáticamente el ingeniero. Tales exigencias estan establecidas en la ordenanza 3062/12. “En caso de no reunir con todo lo necesario, se les entrega una planilla con el detalle del porqué la negativa y un plazo de 30 días para volver con el vehículo reparado”, se explayó el ingeniero Gómez. Insisten en contratar servicios habilitadosEn el ámbito de esta ciudad ya se encuentran habilitados unos 45 transportes escolares  y la Comuna informó que hasta el inicio de clases estará abierta la inscripción al registro de vehículos que brindan este servicio.Asimismo, ante la aparición de Transportes Escolares “truchos” ocurridos en 2016, autoridades municipales remarcaron la estricta atención al momento de contratar  el servicio para trasladar a niños hasta y desde los colegios. Los transportistas, deben tener la habilitación por parte de la Dirección de Trasporte de la municipalidad, la Verificación Técnica Vehicular y el seguro contra terceros y los pasajeros, al día y esa es la documentación que debe exigirse al momento de pactar el trato. El jefe de área de la Dirección de Transporte de la Municipalidad de Posadas, Carlos Guillermo Lambert, explicó a PRIMERA EDICIÓN, que en la ciudad, regularmente, hay entre 40 y 45 unidades habilitadas por el municipio, pero suelen haber casos de “los avivados que no tienen los papeles y trabajan como transportistas habilitados. El año pasado hubieron dos casos, es mínimo. Pero hay”.“Les recomiendo a los padres que antes de contratar un servicio de transporte para sus hijos, se asegure que las habilitaciones tengan la resolución con fecha de febrero, en donde figure la firma del Secretario de Gobierno y de la Dirección de Transporte del municipio. Para evitar mandar a sus hijos con alguien que no esté en regla. Por lo general los transportistas de la ciudad son muy responsables y casi todos tienen los papeles al día”, dijo Lambert, quien insistió -en varios tramos de la charla con este Diario- sobre las recomendaciones para limitar toda posibilidad de contratar un servicio trucho. La habilitación de trasporte se la debe hacer anualmente. Sobre eso, el director de transporte dilucidó que “la municipalidad controla a los transportes escolares a la salida de las escuelas, es la manera de evitar que lleguen
tarde los niños. Es un control físico el que se hace. Principalmente se les pide la resolución municipal y el seguro. Al pedir la resolución se da por contado que posee todos los requisitos necesarios para poder circular con los chicos, porque esa resolución se la da el municipio cuando lo habilita”.Indicó Lambert: “En caso de no tener el pago del seguro o la resolución municipal, se acompaña al transportista a dejar a cada uno de los niños en sus hogares y luego se procede a detención del vehículo y se lo lleva al corralón municipal”.“No tiene costo la resolución que habilita al vehículo, y al chófer, ejercer como transportista escolar. Sí tienen costo los requisitos que deben que presentar para adquirirla”-aclaro el funcionario- “como por ejemplo el certificado de antecedentes de la policía o la verificación técnica vehicular”.

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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