El cacique de la comunidad Chapaí de San Ignacio denunció que las 23 familias que forman parte de la aldea padecen la falta de agua desde el pasado 23 de diciembre cuando dejaron de acceder al vital líquido. Además, tampoco tienen luz, por lo que la situación cada vez es más complicada.“Estamos pasando mal”, aseguró el cacique, Ricardo Benítez, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN. Explicó que “antes el Municipio llevaba agua para toda la comunidad con una manguera que salía desde la cooperativa. Además, había un pozo perforado dentro de la aldea que dejó de funcionar desde hace un tiempo. Un día, el Intendente llevó un transformador y con la energía hicieron funcionar la bomba de agua para el pozo, pero sólo le da agua y luz a un pequeño grupo de la comunidad”. Benítez contó que “por mi casa pasa la manguera para llegar hasta otra vivienda, pero no me dan agua a mí”. En esta misma situación, siempre según el relato del cacique, se encuentran varias familias dentro de la aldea, quienes deben caminar hasta un arroyo que viene de un barrio cercano a la comunidad y “todos sabemos qué clase de agua es. Encima está trabajando la máquina arriba y todo el tiempo viene el agua con barro y nosotros tenemos que bañarnos y tomar de esa agua. Eso es lo que nosotros queremos hacer saber al Estado y a la sociedad en general. Desde el 23 de diciembre estamos sin luz ni agua y tenemos problemas por eso porque tenemos muchos niños y si pasa algo va a ser grave”.¿La razón?El relevamiento territorial, establecido en la Ley 26.160, parece ser el denominador común de los conflictos que rodean a las comunidades mbya de Misiones. Según el cacique, el mismo estableció que 181 hectáreas de la zona son parte del territorio indígena, pero “el Municipio nos informó que se iba a quedar con seis de esas hectáreas y en doce nos va a dar el título, el resto continuarán siendo de quien se proclama propietario de ellas”. Sin embargo, la Ley 26.160 no establece qué sucederá con las tierras relevadas. Es más, el destino de las mismas debe ser establecido en una nueva ley que, hasta el momento, no está siendo ni discutida ni tratada en los ámbitos correspondientes. Frente a esto, PRIMERA EDICIÓN intentó comunicarse con el intendente de San Ignacio, Esteban Romero, pero éste no respondió llamados ni mensajes. La situación se complejiza porque dentro de esas seis hectáreas que el Municipio reclama como propias vive Isidoro Ramos, un vecino de la comunidad, con toda su familia. “Nos dijeron que la familia Ramos tenía que salir sí o sí de ese predio, nosotros no nos queremos ir porque este territorio es nuestro, es injusto porque es nuestro”, insistió Benítez. Entonces, el castigo. Según Benítez, sólo aquellos que están de acuerdo con el accionar de la Municipalidad fueron beneficiados con el arreglo de la bomba de agua para el pozo perforado como también con luz eléctrica. “A los que nos estamos de acuerdo nos están castigando y no nos hacen llegar ni luz ni agua. Lo que anteriormente llegaba con manguera ya cortaron y, a pesar de que hay agua en la comunidad, no llega a nosotros”, cerró el cacique.
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