Oscar Ramón Castel, alias “Poli”, condenado a perpetua por el crimen de Pablo Fraire (28) en noviembre de 2001, recurrió nuevamente al Superior Tribunal de Justicia para que revise el fallo del Tribunal Penal 2 de Posadas, emitido en 2009. El planteo gira en torno a la presunta violación de su derecho de “doble instancia”, previsto por tratados internacionales que Argentina forma parte.Eduardo Paredes, asumió la representación de Castel, y el caso fue estudiado por la ONG “Proyecto Inocencia”, que formó parte en presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia como “amicus curiae” (amigos del tribunal) en la revisión de otros fallos de trascendencia nacional, como el de Fernando Ariel Carrera, por la “Masacre de Pompeya”. Para la nueva defensa “se violó la garantía de la doble instancia al no haberse tratado los argumentos recursivos y el Superior Tribunal de Justicia sólo rechazó el recurso arbitrariamente”. La doble instancia está comprendida por el Pacto de San José de Costa Rica y establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. También enmarcada en la Constitución Nacional Argentina, artículo 14: “Toda persona declarada culpable tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidas a un tribunal superior”. El recurso planteado por Castel, al que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN, remarca que la sentencia en su contra, se construyó en base “a la hipótesis de una llamada anónima a la seccional Sexta de Posadas” y que informó que los coautores del homicidio fueron “Poli” Castel y Gabriel Leal. Los datos del llamado fueron introducidos al expediente por personal de Investigaciones de la Policía de Misiones, con la participación de un pesquisa de la comisaría Segunda. También sostiene que se consideró el aporte de un “un testigo falso” y que el verdadero portador de tal identidad se presentó en debate y negó conocimiento de la causa.Entre los cuestionamientos a la tarea de la pesquisa, en el planteo de Castel se destaca “la versión del lavado de ropas a altas horas durante la madrugada siguiente al homicidio, que lo habría realizado la señora de Castel. Esto habría sido emitido por una testigo que falleció antes de declarar, pero que de igual manera se habría tomado en cuenta en el resolutorio, por el testimonio de uno de los investigadores cuestionados”. También solicita revisión de que el crimen fue cometido por tres personas. “La versión está basada en la especulación de amigos y familiares de Fraire que señalaron poseía carácter irascible (suficiente) para enfrentar a varias personas”.“Al fundarse la sentencia en un testigo falso o no identificado, y otro fallecido, a los que no es posible interrogar, se lesionó la garantía contenida en la Convención Americana de Derechos Humanos que establece taxativamente que toda persona inculpada de delito goza de la garantía del derecho a defensa a interrogar a los testigos presentes en el tribunal y a obtener la comparencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”.Beneficio de la dudaLa defensa de Castel también busca que el STJ considere el principio del “in dubio pro reo” (la duda favorece al reo) en cuanto al testigo que no puso determinar qué día estuvo junto al acusado “bajando balanzas”. “Al no dar precisión si fue el 20 o 25 de noviembre (de 2002) el Tribunal descarta la defensa: ‘La coartada comienza a perder fuerza desde que el testigo no puede precisar la fecha en que estuvo con “Poli”, lo que es entendible dado la avanzada edad del testigo (82 años)’. De este modo la sentencia desecha groseramente la garantía de la presunción de inocencia”. Para Castel, la composición del Tribunal Penal 2 que lo juzgó recayó en un agravio a la garantía de la imparcialidad en razón que quien presidió el cuerpo -la jueza de Menores, Marcela Leiva- fue secretaria del Juzgado Instrucción 2, donde se investigó el caso. También cuestiona que el exjuez de Instrucción, Horacio Gallardo, intervino diligenciando exhortos para la detención del hoy recurrente. Doble rechazoEn octubre de 2011, el Superior Tribunal de Justicia rechazó por primera vez la apelación al fallo contra Castel. De acuerdo a la defensa el voto adherido por los ministros fue carente de análisis a los puntos planteados: “No examinó ninguno de los agravios, no trató los descargos de la defensa sustentados en los datos probatorios, ya que debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable”. Menos de un año después, el STJ también rechazó el recurso extraordinario federal. En base a estos dos reveses, la nueva defensa recusó en esta nueva instancia a los ministros que intervinieron con anterioridad y solicita se conforme un nuevo cuerpo de magistrados para analizar la sentencia.
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