La Justicia Penal busca determinar si existe vínculo entre una causa por supresión o suposición de identidad que involucra a una excandidata a jueza de Familia de Puerto Iguazú, y otros casos del mismo delito que podrían haberse cometido en la misma localidad y en circunstancias parecidas.El expediente en el que resultó imputada la abogada María José Ramírez, seleccionada a fines de 2015 por el exgobernador Maurice Closs para asumir como magistrada en un área sensible de la Justicia de Familia, habría despertado la inquietud de los pesquisas en relación a otros posibles casos y conexiones, por lo que desde ahora buscarán determinar si en los trámites de adopción que se registraron en la ciudad de las Cataratas se siguieron todos los protocolos exigidos por la Ley para la entrega de los menores a las familias.Varios datos que fueron vinculando en los últimos tiempos les darían la pauta de alguna coincidencia entre el escándalo que protagonizó la letrada, con fuertes vínculos políticos en la localidad, y un “modus operandi” que se repetiría casi como un patrón: según creen los investigadores, habría otros padres adoptantes que, con la participación de intermediarios, pudieron haberse salteado las exigencias de la Ley que prohíbe las entregas directas de la madre biológica a los padres adoptivos.La principal duda por resolver es si se siguieron los protocolos previstos para evitar la intermediación a cambio de dinero en la adopción de menores mediante manipulaciones de su identidad, especialmente si se respetó la entrega a padres previamente inscriptos en el Registro Oficial de Adoptantes, ya que cualquier otro tipo de acuerdo por fuera de lo normado sería sospechado de ilegal.Para determinar esto último, trascendió que se estarían cruzando información entre el Registro Provincial de las Personas, el Registro Oficial de adoptantes, los juzgados y las clínicas de la ciudad en las que se atienden partos.El aporte que podrían realizar las clínicas sería fundamental, ya que habría al menos un establecimiento médico cuyas autoridades prohibieron expresamente el ingreso de determinados profesionales del derecho para evitar el contacto con las parturientas, los acompañamientos sospechosos o las intermediaciones “de buena voluntad”.Lo que se investigaLa causa en la que se encuentra imputada la letrada de Iguazú busca determinar si tanto ella como su pareja cometieron el delito de supresión y suposición de identidad de un menor (tipificado en el artículo139 inciso 2 del Código Penal) al inscribir como hija del esposo a la bebé de una madre de 16 años que tuvo a la criatura en el Hospital Materno Neonatal de Posadas y que, según la denuncia penal, habría estado trabajando como doméstica en la casa de la “intermediaria” desde un tiempo antes del parto.En el mismo expediente se encuentran imputados la pareja de Ramírez y una trabajadora social. La bebé fue efectivamente anotada como hija de la jovencita y del esposo de Ramírez, pero a dos meses de haber sido llevada a Iguazú, fue devuelta por la propia letrada que dejó constancia de ello ante un Juzgado de Paz. Todavía no se determinó si el hombre es o no el padre biológico.Por aplicación de las nuevas previsiones del Código Civil y Comercial, es posible la denominada “adopción de integración”, que se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente, la que puede ser concedida con “efectos de adopción plena o simple, según la valoración de las circunstancias (del caso) y de lo que mejor convenga al interés del menor”.La “adopción plena” le confiere al niño la condición de hijo y extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, es decir que adquiere en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo.Esta vuelta a la ley es la que habrían encontrado quienes se dedican a la intermediación, ya que utilizando la estrategia de anotar al niño como hijo biológico del hombre de la pareja, conseguirían burlar las prohibiciones establecidas por la misma reforma del Código, que ya no permite las entregas “directas” de la mamá a los padres adoptivos, como ocurría hasta hace poco.En el expediente en el que se investiga a la postulante a jueza se estaría ante la sospecha de una maniobra similar a la descripta. Además, los investigadores instalados en Puerto Iguazú quieren determinar si existen casos parecidos con otros actores, si hay relación en los eventuales casos que se detecten y si, en el peor de los casos, se trata de una red dedicada a este tipo de transacciones y búsquedas de “panzas” en forma sistemática.AntecedentesLa abogada Ramírez fue parte de la terna que concursó para el cargo de Juez de Familia y Violencia Familiar del juzgado de Puerto Iguazú, el año pasado.El exgobernador Maurice Closs la prefirió entre los demás candidatos de la terna, por lo que el mismo día que terminaba su mandato elevó los pliegos a la Legislatura para el acuerdo parlamentario correspondiente, trámite que pasó para este año ya que las sesiones se reiniciaron el 1 de mayo.Pero a poco de conocerse la designación de Closs, comenzaron a tejerse rumores en torno de la denuncia penal en su contra, que finalmente se fueron confirmando con el transcurso de las semanas.Dos impugnaciones formales ingresaron a la Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca de la Legislatura contra los pliegos de la candidata, una por parte del Colegio de Abogados de Misiones y la segunda impulsada por el legislador Gustavo González (UCR).En ambas se relataban detalles escabrosos del expediente penal “N° 890/15 A. P. V. s/ Denuncia Supresión y Suposición Estado Civil e Identidad” por el caso que tuvo como víctimas a dos menores: la adolescente “Tati” y su pequeña hija recién nacida, dada a luz en la Maternidad del Madariaga el 17 de noviembre de 2015.Finalmente, la Legislatura en pleno rechazó la designación en la sesión especial del 8 de julio pasado, en la que sí dieron acuerdo para una veintena de postulantes, incluidos los dos nuevos ministros del STJ Rosanna Pía Venchiarutti y Marcelo Benítez.
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