La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados concluyó con las audiencias públicas, que se iniciaron el pasado viernes 19, con el fin de avanzar en la conformación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. Ésta fue creada por ley provincial en cumplimiento de lo previsto por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de las Naciones Unidas. Los integrantes de la comisión legislativa indagaron acerca de “los objetivos, plan de trabajo y visión estratégica” de los aspirantes, quienes fueron presentados por las organizaciones no gubernamentales, relacionadas con acciones de defensa y promoción de los derechos humanos y de las personas privadas de libertad.La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María Losada, anticipó que “habrá un período de impugnaciones y luego la Comisión de Asuntos Constitucionales dictaminará quienes van a ser los tres representantes de las organizaciones civiles”.Se estima que la comisión estaría en funciones en un lapso de diez días, en el que se elegirán a tres de las doce personas que se presentaron a las audiencias en representación de organizaciones civiles. Según establece la ley de creación de la Comisión, se seleccionará para los cargos a quienes “demuestren experiencia y conocimiento del tema, y que avalen honorabilidad e integridad ética socialmente reconocida, trayectoria y destacada conducta en el fortalecimiento de los valores, principios y prácticas democráticos, con especial énfasis en el resguardo de los derechos de las personas privadas de la libertad y la prevención de la tortura que le permitan ofrecer garantías de imparcialidad e independencia de criterio”. Postulantes La Legislatura aprobó el mecanismo provincial en septiembre de 2014, en base a un proyecto de los diputados Carlos Rovira y Lilia Marchesini; el cual fue modificado en 2015 para adaptarlo a los requisitos que exige la ONU, entre ellos la independencia respecto a los poderes del Estado; la definición del campo de acción, que abarca a toda situación de encierro; y la autarquía presupuestaria. Los propuestos son: Luis González, Orlando Prestes, María Graciela Franzen, Cristian Conil, Jorge Javier Bande Troche, Norma Sawicz, Fabricio Castro, Alicia Peruchi, Karina Rodríguez, Amelia Báez, Fernando Genesini y Sergio Nicolás Adorno. La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales explicó a PRIMERA EDICIÓN que la comisión actuará en casos de personas privadas de libertad, “en cualquiera de los ámbitos en que se ejercen funciones o realizan tareas en condiciones de encierro”. Losada resaltó, asimismo, la raigambre constitucional y el carácter internacional de la comisión, “y la inmunidad internacional que tendrán sus miembros”, algo que les dará un amplio campo de acción en situaciones que, generalmente, permanecen invisibilizadas. "Camino al andar"Losada resaltó que esta comisión se crea por disposición del Protocolo facultativo de la ONU, y las normativas del mismo tienen carácter vinculante para nuestro país, que adhirió al mecanismo en 2004. En este marco, el Estado nacional “puede recibir multas severas por incumplimientos de las provincias, como ya ocurrió en casos de Neuquén y Córdoba”. “Misiones está entre las primeras provincias en llevar a la práctica esta iniciativa internacional”, recalcó. Y señaló que “iremos haciendo camino al andar, como en cada cosa nueva”. Confió que en septiembre u octubre el organismo, conformado por seis miembros, dos por el Poder Legislativo, uno por el Ejecutivo y tres por las ONG, ya funcionará a pleno.Si bien falta nominar los referentes del Ejecutivo y del Legislativo, ya se cuenta con una presidenta, cargo para el que fue designada Rita Núñez, y un secretario ejecutivo, Eduardo Sheerer.Amplias mirasLosada remarcó que la comisión se plantea como parte de un proceso cultural, que compete a toda la sociedad. Se pondrá la mira “en todos los ámbitos cerrados donde se puede ejercer violencia, en particular contra presos adultos, mujeres y hombres, menores, dementes incapaces y ancianos; todo lo que sea situación de encierro”, indicó. “La Comisión contra la Tortura ya viene trabajando, se hicieron distintas visitas tanto a lugares carcelarios como a unidades penitenciarias, visitas al Procurador de la provincia, reuniones con los ministros de Salud y de Gobierno, y se tomaron denuncias de personas que vinieron a denunciar determinadas situaciones que le parecían reñidas, con la visión de evitar los mecanismos de tortura en cualquiera de los organismos de la provincia de Misiones”, recordó Losada. Informó que esta nueva comisión “tiene todas las facultades para acompañar a las víctimas, elevar las denuncias y llamar la atención de las autoridades para corregir acciones que estén convalidando alguna situación de tortura”."La Violencia naturalizada"Aunque la comisión todavía no funciona plenamente, ya llegaron denuncias, por ejemplo por casos de violencia policial contra jóvenes detenidos. Recientemente, la comisión trabajó con el juez César Jiménez visitando la Unidad 4 de Menores, a raíz de una denuncia presentada por la madre de un joven detenido en ese lugar. Según trascendió hubo denuncias de golpizas en las comisarías Séptima y Tercera de Posadas, que al parecer estarían involucrados integrantes del Comando Radioeléctrico y las víctimas serían personas que fueron golpeadas durante la detención y luego ya en reclusión. “Con lo que está pasando es muy difícil que las denuncias prosperen en la Policía, por eso es muy importante hacer conocer a la gente todos los recursos que tiene”, recalcó María Losada. “Hay que investigar y entre todos tratar de erradicar mecanismos de violencia y situaciones ultrajantes que están naturalizados”, subrayó. Cuestionó, asimismo, la mora judicial: “Hoy tenemos 1.200 presos, de los que apenas 649 tienen condenas”.
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