Una jueza de Familia recién designada por la Legislatura provincial, y que aún no juró como tal, fue denunciada penalmente por la fiscal de Puerto Rico, Mabel del Rosario Luna, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al igual que otras tres funcionarias judiciales de la misma circunscripción.Norma Matoffi es secretaria del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de dicha localidad y su pliego como jueza fue aprobado por la Legislatura provincial en la sesión del pasado 7 de julio, junto a una veintena de nombramientos en el Poder Judicial.Si la denuncia prospera, fuentes de la Justicia confirmaron a PRIMERA EDICIÓN que se demorará su juramento, ya que el reglamento de concursos del Consejo de la Magistratura advierte que los postulantes no deben tener ni siquiera sumarios administrativos en su trayectoria. Si bien esta causa es reciente y Matoffi ya cumplió todos los requisitos para su designación, las autoridades del Poder Judicial decidieron esperar a que esta investigación concluya y se deslinden responsabilidades antes de proceder a la toma de juramento.La denuncia fue iniciada por la fiscal Luna y busca determinar las responsabilidades o participación de algunos funcionarios judiciales en una supuesta entrega irregular de un bebé a una persona que no estaba en la lista de adoptantes durante el mes de enero. En particular, se indaga si tuvieron o no responsabilidades en la tramitación de los documentos para cumplir el proceso.La denuncia involucra además a Mariela Cañete, secretaria administrativa del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de dicha localidad; Alina Lorena Cardozo, defensora oficial y Graciela Catalina Núñez, secretaria de la Defensoría. En este último caso, su pliego ingresó para el cargo de Defensora Civil y de Familia.Todas fueron notificadas de la Instrucción de la Causa con una correspondiente convocatoria a indagatoria “a fin que puedan asumir su defensa y/o designar abogado defensor”.Otra beba devueltaEste caso tuvo inicio el 22 de enero con el nacimiento de una pequeña en la clínica Imsa de la localidad. La beba fue entregada a una pareja que, dos meses después, se presentó en el Juzgado para que sea reintegrada a su familia biológica. No queda claro si los adoptantes se arrepintieron o fue su madre biológica la que reclamó la tenencia.Fue el 28 de marzo que se presentó a la Defensoría oficial Claudio Heuer, quien manifestó que hace dos meses le fue entregado el bebé y que “sabiendo que la situación es irregular es que viene a poner en conocimiento de la Defensoría a fin que se tomen las medidas que correspondan”. La fiscal Luna ahora advierte que las cuatro funcionarias pudieron haber actuado mal, no respetando el protocolo de adopción, al no alertar inmediatamente de un presunto caso de supresión de identidad.Una de las tantas irregularidades tendría origen en la partida de nacimiento de la criatura, en la que figura la madre y como testigo, el padre adoptivo. La firma, según fuentes de la investigación, no pertenecería a la madre, mientras que la otra firma está borroneada.Además, habría sido la Defensoría la que entregó el “papel rosado” al padre adoptivo para inscribir a la bebé, sin tener facultades para eso porque tal tarea es potestad del juez de Familia, que debe revisar previamente que se hallen inscriptos en el Registro único de padres adoptivos, y priorizar a quienes sí cumplimentaron esta exigencia.Tres secretarias “no notaron” esta irregularidad y una de ellas pretende ser jueza. Tampoco lo notaron en el Registro de las Personas, edificio donde se asentó la inscripción, hecho que derivó en un reciente allanamiento.Qué dice la leyEl nuevo Código Civil y Comercial que comenzó a regir en agosto del año pasado, establece en su artículo 611 la prohibición expresa de la “entrega directa” en guarda de niños, niñas y adolescentes “mediante escritura pública o acto administrativo”, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño. Esto quiere decir que no hay vínculo previo entre la madre y los padres adoptantes que se puedan realizar fuera de la selección de los postulantes en base al Registro de postulantes. La norma señala que la transgresión de la prohibición habilita al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su pretenso guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco, entre éstos y el o los pretensos guardadores del niño.Es decir que a partir de la nueva legislación, ya no existen legalmente y están expresamente prohibidas las guardas de hecho, los supuestos de guarda judicial o cualquier otra delegación con los fines de adopción. La prohibición está dirigida a impedir el comercio de niños, niñas y adolescentes, delito más conocido como “tráfico de bebés”. El antecedenteEn junio pasado y luego de semanas de escandalosas revelaciones, otra candidata a jueza, en este caso impulsada por el exgobernador Maurice Closs como titular del Juzgado de Familia de Iguazú, solicitó que se retirara su pliego de la Comisión de Poderes de la Legislatura provincial, desistiendo de la intención de ser nombrada. María José Ramírez fue doblemente impugnada formalmente porque su pareja, Jonathan Calvo, fue denunciado por intento de apropiación de un bebé, hijo de una menor de 14 años, al que anotó como su hija y sacó de los brazos de la pequeña madre para llevárselo a Iguazú. Calvo y Ramírez (la que iba a ser jueza de Familia y decidir, por consiguiente, en temas relativos a adopciones) devolvieron a la criatura dos meses después, y ahora enfrentan la causa penal por el delito de supresión o suposición de identidad, o tráfico de bebés, como se lo conoce en la jerga popular. Lo insólito del caso es que al momento de retirar los pliegos -que de todos modos fueron rechazados por unanimidad en la Legislatura-, Ramírez acusó a “la prensa y otras personas con intereses particulares” de haber “iniciado una persecución mediática y política en mi contra”. La abogada continúa en su actual cargo de secretaria del Juzgado Civil y Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de la misma ciudad.
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