Nombres y señales de gente que no tiene las condiciones económicas para adquirir bienes que valen millones, y que sin embargo aparecen como dueños, y la descripción de presuntas operaciones de lavado de dinero en nuestra provincia, integrarían la denuncia penal que el pasado jueves entabló el diputado provincial de Cambiemos, Alfredo Schiavoni, ante los Tribunales Federales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires. Si bien no trascendieron detalles para no frenar la segura investigación penal en torno a los hechos denunciados, se supo que el escrito contiene descripciones precisas de operaciones de presunto lavado de dinero o “blanqueo” de fondos provenientes de la corrupción, además de un detalle de bienes valuados en varios millones de pesos que se encontrarían a nombre de “testaferros” y parientes, personas que no tienen ocupación conocida o que aparecen inscriptos como simples monotributistas ante los organismos de control tributario. En la mira estarían varias “mansiones” y edificios, además de otros bienes suntuosos, señaló una fuente. También aseguró que “la denuncia es la punta del ovillo para otras presentaciones penales de similar tenor, que van a tratar de desmadejar la compleja trama de enriquecimiento ilícito fruto de la corrupción que se dio en la provincia”. Para la primera presentación, el legislador misionero eligió los tribunales federales de Capital?Federal que tienen competencia en delitos económicos. La causa recayó en el juez Marcelo Martínez Di Giorgi, que además de encabezar su propio juzgado, el Criminal y Correccional 8, también se ocupa de las causas que actualmente tramitan en el juzgado 5, el que dejó Oyarbide. El mismo juez es el que tiene a su cargo la “megacausa” por los fondos del programa “Sueños Compartidos” que ejecutó la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Previamente tuvo asesoramiento de distintas dependencias que trabajan en la difícil tarea de desentramar los llamados “delitos de guantes blancos”.
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