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El desquite

30 abril, 2016

Primero fue el código de Hammurabi, el rey babilonio que estableció que los daños provocados debían saldarse de la misma forma en que fueron infligidos. Y correlativamente, luego el mundo supo a través de Moisés que las ofensas debían cobrarse ojo por ojo, diente por diente. Hasta que el cristianismo enseñó que era mejor poner la otra mejilla, o no hacer a otros lo que no se quiera para uno mismo. Normas religiosas, o reglas de convivencia social, según el lado filosófico en el que uno quiera pararse. Esta mirada hacia los anales de la historia tiene que ver con el debate que se ha producido en los últimos días, sobre el doble escrache que sufrió el exsecretario Legal y Técnico y excandidato a vicepresidente Carlos Zannini. Primero fue en cancha de Boca, donde hubo cánticos en su contra,  corridas y puñetazos entre los que lo insultaban y sus acompañantes que lo querían defender (probablemente hayan sido sus hijos). Y horas después en el avión de American Airlines. Otra vez la misma escena, pero sin poder correr o sin que alguien lo defendiera. Soportó estoicamente una catarata de insultos, peticiones para que lo bajen y hasta selfies de quienes lo vituperaban. De alguna forma la antigua Ley del Talión volvió a ser usada. Dejar el poder le significó ubicarse en la misma línea que los demás ciudadanos. ¿No fue siempre así acaso? No, de ninguna manera. A través de los años de democracia, algunos más, otros menos, los políticos se caracterizaron por creerse parte de una casta superior, que a través del ejercicio del poder y sus relaciones, se sintieron intocables. La escena del avión quebró la línea de proxemia, el halo que lo rodeaba cuando era funcionario. Si eso hubiera pasado hace un año, no hubiéramos visto a sus detractores tan cerca de Zannini. Hoy con las redes sociales no fue tan difícil saber quién fue el calvo que agitó sus manos a centímetros de la cabeza del exfuncionario. Tiempo atrás probablemente hubiera estado con custodios. Y si se le hubiera animado a acercarse, 48 horas después ese profesor de Ju jitsu hubiera tenido una inspección de Afip en su dojo. Porque recordemos que si alguien se animaba a criticar abiertamente al anterior gobierno podía sufrir persecución. Ejemplo: el abuelo que quiso comprar dólares a su nieto y la expresidenta lo acusó en Cadena Nacional. Y en 2012 aquel proyecto de declaración de diputados radicales en la Cámara baja, con el cual denunciaban textualmente: “Durante el último tiempo hemos estado asistiendo -y denunciando- a graves hechos de persecución en nuestro país. Hablamos aquí de persecución “fiscal”, cuando a través de la Afip se realizan investigaciones a ciudadanos luego de expresar su disconformidad con medidas del gobierno actual”. O el cineasta Eliseo Subiela, que había tenido problemas para comprar dólares para viajar a Perú. Cometió el error de hacerlo público. Días después agentes de Afip le dejaron una notificación en su escuela de cine, donde le informaban que le iniciaban una investigación fiscal sobre su persona, según relataron los mismos diputados.Zannini era uno de los hombres del círculo de confianza de Cristina Kirchner. Era visto como el operador judicial en los tribunales de Comodoro Py. Incluso antes que Oscar Parrilli, probablemente era el secretario con más poder del país. Según datos que aportó el periodista de investigación Hugo Alconada Mon, Zannini fue quien se reunió con Leonardo Fariña luego que éste apareciera en el programa de Jorge Lanata denunciando lo que luego se conoció como la Ruta del Dinero K. Y fue él quien lo convenció para que días después apareciera junto a Jorge Rial, negando lo que había afirmado: “Lanata quería ficción, le di ficción”Nunca tuvo denuncias por enriquecimiento (tal vez por eso les contestó a sus detractores en el avión “yo no le robé a nadie”). Pero su ladero, su segundo, el exsubsecretario legal y técnico, Carlos Liuzzi estuvo metido en problemas. En 2014, ante un allanamiento de la Federal ordenado por el juez Oyarbide, el titular de la firma, Guillermo Greppi, llamó a Liuzzi para contarle lo que estaba pasando en su negocio. Liuzzi llamó a Oyarbide y se detuvo el allanamiento. Enfrentó una causa y logró ser sobreseído. Afirmó que en la conversación se limitó a decir que le informó al juez que los policías habían pedido una coima para retirarse. Liuzzi además tuvo una denuncia por enriquecimiento ilícito que fue cerrada, pero vuelta a abrir el mes pasado. Zannini no puede ser responsable por el accionar de su subsecretario, pero esto da cuentas de la impunidad con la cual se movían algunos funcionarios que estaban más cerca del núcleo de poder. Lo que sí se le puede criticar es el aumento de personal en su secretaría, que fue impulsado por Liuzzi pero obviamente bajo la aprobación de su superior. Zannini asumió el cargo con 193 empleados bajo su órbita, cerró el ciclo kirchnerista con 523 contratados. En 2014, esa dependencia tuvo 153 millones de pesos en costos salariales. El gobierno anterior predicó con el ejemplo. Buchoneaba a los que no eran “del palo” y así bajaba línea a la militancia y a los adláteres. El escrache mutó a juicio ético popular, como el que se realizó en la Plaza de Mayo el 29 de abril de 2010. Las Madres de Plaza de Mayo armaron un tribunal público donde condenaron a periodistas sospechados de haber colaborado con la última dictadura militar. Hebe de Bonafini fue “la jueza”. En el Congreso hubo un proyecto de declaración en repudio a esos hechos. Los legisladores kirchneristas se abstuvieron de votar. Y al mes siguiente, aquel conocido escrache público camino a la Plaza, con figuras de cartón con imágenes de políticos, periodistas, militares etc. etc., donde se invitaba a la gente a escupirlos. Estos son sólo algunos ejemplos que lamentablemente tienen relación con lo que le sucedió a Carlos Zannini. El pasado fin de semana él fue el chivo expiatorio con el que la gente anti K se tomó revancha de lo que accionó y promovió el anterior gobierno. Tristemente lo sucedido también habla de cómo estamos como sociedad, ya que esa “justicia popular” parece ser para algunos la única forma de igualar a quienes usaron el poder con prepotencia, aunque esa persona fuera uno de los de más bajo perfil del gobierno kirchnerista hasta que fue ungido como candidato a vicepresidente. El punto de ebullición de la sociedad hoy es la corrupción. Cuanto más se sepa y se pruebe acerca de lo que ha hecho en ese sentido el anterior Gobierno, más expuestos estarán los exfuncionarios a este tipo de escraches. La carencia de crítica profunda potencia ese malestar. Mucho tuvo que ver la Justicia en este escenario, ya que estadísticamente y desde el mismo sentido común, los argentinos saben que la mayoría de las causas por corrupción son aletargadas, prescr
iben, y sólo un mínimo termina con condena efectiva. El jefe de Gabinete del Gobierno de Macri, Marcos Peña, salió a repudiar lo que le sucedió a Zannini. Dijo que no hay escraches buenos ni malos, y expresó su preocupación por lo sucedido. Al forjar esa famosa grieta, que luego fue profundizada desde ambos lados, el kirchnerismo con el poder del Estado fue sembrando vientos con cada acto de prepotencia que hacía o dejaba hacer. Ahora cosechan pequeñas tormentasMahatma Ghandi dijo una vez que la Ley del Talión no era buena, porque si se aplicara el ojo por ojo el mundo se quedaría ciego. Y en nuestra sociedad, donde las encendidas polémicas por las diferencias políticas están lejos de terminarse, si se vuelven moneda corriente los escraches, no faltarán las contestaciones. Y lo que comienza con un insulto puede terminar en tempestades. Colaboración: Lic. Hernán Centurión

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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