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Montecarlo sigue dividida sobre el uso de agrotóxicos

26 abril, 2016

Continúa el debate en Montecarlo sobre la implementación de la ordenanza que regula el uso de agrotóxicos en la zona urbana. El Concejo Deliberante se encuentra realizando una serie de convocatorias con sectores interesados a fin de lograr una reglamentación razonable.Hace unas semanas la Cooperativa Agrícola Mixta volvió a insistir con un proyecto alternativo a la Ordenanza ya vigente, con una nueva nota presentada al Concejo Deliberante y que tuvo su tratamiento formal. De esta forma el cuerpo deliberativo continúa con este tema sobre la mesa siendo uno de los principales debates sociales de los últimos meses y que mantiene a distintos sectores con posturas encontradas. En este sentido, el pasado lunes, se dio un debate muy interesante con varios sectores, principalmente los que sugieren una serie de excepciones, como la Cooperativa Mixta, el Inta, la Feria Franca, los orquideófilos, viveristas, entre otros; y además, profesionales que participaron de la conformación de la Ordenanza actual desde sus inicios en el año 2012, como la ingeniera Jesús Contreras. La Ordenanza 042/2012 que prohíbe el uso de agrotóxicos en la zona urbana del municipio, además regula su aplicación en la zona rural como también lo referido a la venta y a la manipulación. Fue sancionada en el año 2012 y reglamentada en noviembre de 2015. El 31 de marzo fue el último de los noventa días de suspensión que le había fijado el Concejo Deliberante, pero llamativamente, aún no se realizaron cambios, por lo que la ordenanza volvió a implementarse a partir del 1 de abril tal y como estaba redactada originalmente desde el año 2012, con su respectiva reglamentación sancionada en noviembre del 2015.En diciembre del año pasado, alarmados por la efectiva implementación de la Ordenanza, varias organizaciones presentaron un pedido para que se suspenda la misma y dar lugar así a un debate más amplio con otros sectores y una mayor profundización del tema. Los concejales dieron lugar al pedido y suspendieron la aplicación de la Ordenanza por tres meses. El pasado 31 de marzo se venció ese plazo y como las partes no se pusieron de acuerdo, la Ordenanza volvió a entrar en vigencia en su estado original; pero, con el compromiso por parte de los concejales de continuar con el debate.Por ahora, el debate continúa abierto según explicó a PRIMERA EDICIÓN el presidente del HCD, Hugo Ecke: “Ahora estamos en una instancia de recibir todas las inquietudes posibles y dialogar con todos los sectores, viendo cuáles podrían ser las excepciones, que posiblemente tendrán que ver con yerbales y plantaciones de cítricos que se encuentran dentro del ejido urbano, pero seguimos discutiendo el tema y posiblemente nos tome todavía todo el mes de mayo”, explicó. Si bien desde el la presidencia del cuerpo se expresan optimistas en la posibilidad de un consenso, lo más probable es que no todos los sectores quedarán satisfechos y los ediles tendrán que elegir a quién conformar, pues las posiciones son muy encontradas entre quienes pretenden excepciones y los que son tajantes en la postura de que la prohibición en la zona urbana debe ser total.Los sectores de la industria y del agro sostienen que el impacto económico será muy negativo para la comunidad. A modo de ejemplo, señalan que “existe un sector pujante como la floricultura, con diferentes viveros de orquídeas, flores y plantas, pequeños productores horticultores comerciales y familiares que para poder comercializar requieren la aplicación de fitosanitarios, de lo contrario quedan fuera del mercado por tornarse insostenible la producción”.  También señalan que para la producción de citrus, muy arraigada en la localidad, sería perjudicial esta ordenanza ya que “necesariamente debe ser tratada con productos químicos”, por exigencias del Senasa, para permitir el transporte a otras provincias.

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
Investigadores del INTA impulsan desde hace un par de años la Agricultura 4.0 mediante el uso de inteligencia artificial, monitoreo satelital y modelos de bajo costo para pequeños productores. El objetivo es cerrar la brecha entre los pequeños yerbateros y los gigantes tecnológicos.
Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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