El Colegio de Abogados de Misiones le pedirá la renuncia al ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Sergio César Santiago. Lo hizo este jueves y por nota formal, cuestionándole su “falta de ética y de decoro” por haber aceptado un contrato de 45 mil pesos mensuales en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) paralelamente al ejercicio de la más alta magistratura provincial. Si Santiago decide ignorar el reclamo de sus pares y mantenerse en su cargo pese al escarnio público y al repudio generalizado que provocó el conocimiento de su vínculo laboral con la EBY, desde la institución iniciarán el camino de recolectar pruebas para el eventual pedido de juicio político, ya que entre los letrados prima la convicción de que se habría violado la incompatibilidad prevista por la Constitución Provincial que para mantener la independencia de los jueces, les prohíbe ser empleados o contratados de otros organismos públicos o privados. Así lo resolvió el miércoles el Colegio tras una extensa reunión ampliada que se desarrolló en horas del mediodía en la sede de calle Santa Fe de la capital provincial, y a la que asistieron decenas de abogados que exigieron una postura fuerte de la Comisión Directiva en relación al que ya se conoce como “el affaire Santiago”. A requerimiento del Colegio, la EBY confirmó oficialmente esta semana que el ministro del STJ cobró durante cuatro años un monto mensual que arrancó con treinta mil pesos en 2012 y concluyó con cuarenta y cinco mil en 2015, a cambio de “ejercer” en Yacyretá “tareas de docencia e investigación” que incluían “la capacitación a los demás miembros del departamento jurídico”. Todo ello en forma paralela y simultánea con el honroso y exigente ejercicio de su rol de ministro del máximo cuerpo del Poder Judicial. Santiago fue jefe de ese mismo departamento jurídico en la EBY entre el 2003 y el 2009, cuando renunció para hacerse cargo de la magistratura. Desde entonces por lo bajo se expresaron las sospechas por el supuesto vínculo político y el estado de subordinación del funcionario judicial con el partido de gobierno y con el exdirector ejecutivo de la EBY, Oscar Thomas. Pero ni los más osados analistas le dieron crédito a la versión de la posible existencia de un contrato directo y a su nombre con Yacyretá, hecho que finalmente fue confirmado por la propia entidad que ahora está en manos del macrista Humberto Schiavoni. Incompatibilidades y falta de éticaLa abogada Itatí Juañuk fue una de las asistentes a la reunión del Colegio de Abogados. “Pedirle la renuncia es lo menos que podemos hacer desde lo institucional ante esta manifiesta inmoralidad y falta de decoro” expresó la reconocida letrada que no ahorró críticas para el ministro y su contrato laboral paralelo. “La relación laboral que mantuvo con Yacyretá agrede a toda la comunidad e indudablemente se sustentó en la impunidad con la que se creía protegido”, disparó, y no dudó en ofrecerse como firmante del pedido de Juicio Político -en forma individual o conjunta con los miembros de la Comisión Directiva del Colegio- en caso de que Santiago decida permanecer en el cargo. “No podemos dejar de repudiar abiertamente la existencia de este vínculo laboral y de subordinación, por eso le exigimos a la institución que tome la iniciativa y le pida a Santiago que renuncie al cargo. Si no lo hace, el Juicio Político es impostergable y si hay algunos que no se animan, hay otros que sí tenemos la suficiente convicción como para hacernos cargo de firmar el pedido”, dijo. Juañuk señaló que independientemente de que se discuta la presunta incompatibilidad del cargo de ministro del STJ y contratado de Yacyretá, “hay una cuestión moral insalvable”, y recordó que las tareas de docencia e investigación (las únicas permitidas por la Constitución para el ejercicio paralelo en el caso de jueces y magistrados), “se entienden legítimas cuando se realizan en un ámbito académico y como parte de un cuadro o plantel docente, lo demás es un dibujo”. “Tiñe todo su accionar como ministro”El abogado y expresidente del Colegio de Abogados Isaac Lenguaza también participó de la reunión y señaló que por la vigencia de los Estatutos, la institución tiene la obligación de “bregar por el decoro, independencia y mejoramiento de la Justicia” y “pronunciarse sobre cuestiones concretas de derecho de interés en general”. “No podemos dejar de hacer notar que en estos cuatro años el ministro pudo haber fallado en muchas causas en las cuales la EBY fue parte. El vínculo laboral con la EBY realmente tiñe de sospechas todo su accionar. Independientemente de que el contrato laboral diga que ejercía como “docente e investigador” en Yacyretá, si dejamos esta puerta abierta tendríamos que permitir que los demás ministros tengan contratos similares en distintas empresas y organismos que no son universidades. Es claramente una aberración”, dijo, y recordó que ya durante su presidencia “cuestionamos duramente los vínculos políticos de los ministros, pero jamás imaginamos que llegasen a este nivel”. “Ocultamiento y mala fe”El exfiscal del Estado, Jorge Lloyd Wickström, se mostró conforme con el pedido de renuncia dirigido a Santiago puesto que “lo que debiera pasar ahora, lo esperable en condiciones normales, es que este ministro se aleje de inmediato de su cargo”. Según expresó el letrado, no sólo habría una “incompatibilidad manifiesta” entre el ejercicio de la magistratura y el contrato laboral de Sergio César Santiago con la EBY “que surgen del mismo contrato de prestación de servicios”, sino que además hubo “ocultamiento y actitud de mala fe”, ya que dicha relación laboral debió ser comunicada a sus demás pares del STJ y a la comunidad toda. Recordó que esa comunicación no existió porque de hecho, el presidente del STJ tuvo que obtener la confirmación de parte de la propia EBY, a la que se dirigió por nota firmada por el presidente Froilán Zarza, y desde la que recibió la contestación formal. Indignación: elevaron el tema a la oficina anticorrupción de la NaciónLos abogados misioneros Ricardo Skanatta, Itatí Juañuk y Pedro Brignole elevaron a la Oficina Anticorrupción del Gobierno nacional una copia de la nota remitida al Colegio de Abogados en la que le exigieron que se expida “procediendo a requerir la puesta en funcionamiento de los mecanismos constitucionales tendientes a obtener el juicio político” contra el ministro del STJ Sergio César Santiago. En la nota condicionan al Colegio a actuar en consecuencia “en defensa del buen nombre y honor de la institución y los colegiados”, para lo cual “se debe procurar el alejamiento de quien, con su comportamiento, ha violado los principios éticos y mora
les que deben ser rectores de la conducta de la más alta magistratura”. Finalmente agregaron que “amén de la incompatibilidad, los altos montos abonados dejan al descubierto los fines ocultos perseguidos y tornan escandalosa la situación, requiriendo una actitud enérgica del Colegio”. “Idoneidad moral resquebrajada”“Más allá de la incompatibilidad o no, de la ilicitud o no, o de que las capacitaciones se realizaron o no, quedó demostrada la existencia de un acto inmoral que no resiste el menor juicio ético posible. Los magistrados del STJ perciben muy buenas remuneraciones en aras de mantener su independencia y decoro, y no deben percibir ninguna otra suma de dinero de parte de otro órgano estatal”, señaló el ex vicepresidente del Colegio de Abogados y actual miembro del Consejo de la Magistratura de la provincia, Ernesto Báez. El letrado, que además es docente universitario, dijo que “en cualquier país serio, un escándalo semejante implicaría la renuncia del magistrado para no salpicar o manchar a sus demás pares y al STJ, que es la institución que debe funcionar como reserva moral y garante último de los derechos de los misioneros”. Explicó que llegado el caso de que no renuncie, “por pedido de miles de abogados indignados con este tema, los miembros de la comisión directiva del Colegio de Abogados (las personas en forma individual, ya que ninguna institución puede impulsarlo) deben promover el juicio político”. “La idoneidad moral del doctor Santiago ha quedado resquebrajada y es un requisito esencial para ejercer la más alta magistratura”, agregó, y “con ello basta para promover un juicio político sin que siquiera sea necesaria la comprobación de un ilícito”. “Debemos volver a poder creer en nuestra Justicia, que debe ser independiente de todo poder político, sea Gobierno u oposición, de los poderes económicos y de cualquier otra corporación o grupo de presión”, finalizó.
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