Y quienes así lo describen, no están escasos de razones: después de décadas de polarización e incomunicación entre el oficialismo y la oposición, el 5 de enero se instalará una Asamblea Nacional (AN) por primera vez de mayoría opositora en 17 años de Revolución Bolivariana.El martes sesionó por última vez la Asamblea Nacional de mayoría oficialista; al menos de manera ordinaria, porque de acá al 4 de enero podría reunirse por situaciones extraordinarias.El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, instaló la primera sesión del Parlamento Comunal Nacional para, según dijo, “reforzar el poder popular”.La reactivación del proyecto, que había sido planteado por el fallecido presidente Hugo Chávez, se produce una semana después de que el oficialismo perdió la mayoría en la Asamblea Nacional en elecciones parlamentarias.“Ahora tendremos un Parlamento al servicio de la burguesía. Por parte de la derecha no vamos a escuchar nada que sea para favorecer al pueblo”, dijo Cabello.Cabello detalló que el Parlamento Comunal es un mecanismo legislativo “que le permite al pueblo disponer de recursos, jefaturas, toma de decisiones, leyes, y que le permitan al pueblo disponer su forma de vida”.Sectores opositores rechazaron la instalación del proyecto, que calificaron como una “Asamblea Nacional paralela”.“Siguen desconociendo la voluntad del Soberano: El Diosdado-Madurismo adelanta maniobras para despojar a la Asamblea Nacional de su imprenta”, dijo en su cuenta de Twitter el jefe de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba.Mientras tanto el líder opositor Henrique Capriles dijo que el gobierno “quiere desconocer las competencias y funciones de la nueva Asamblea Nacional, las cuales están establecidas en la Constitución”.Al respecto, el presidente del país, Nicolás Maduro, dijo que le dará “todo el poder al Parlamento Comunal, y va a ser una instancia legislativa del pueblo desde la base”.La medida hace parte de un paquete de reformas que el oficialísimo -aún con mayoría en la Asamblea Nacional, la sede del parlamento venezolano- busca aprobar antes de que la mayoría opositora inicie labores legislativas el próximo año.Entre estas medidas, el chavismo aprobó la designación de Susana Barreiros, la jueza que condenó a más de trece años de cárcel al opositor Leopoldo López, como Defensora Pública.También buscarán, en sesiones extraordinarias las próximas semanas, designar doce magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con lo que muchos creen que el oficialismo se blindará para el período legislativo en que será minoría.“El Gobierno está desconociendo la voluntad popular que se manifestó el 6 de diciembre”, ha dicho la oposición sobre las parlamentarias.Y el Parlamento Comunal, dicen, “es sólo una muestra de ello”.¿Qué es y de dónde sale?Según dijo Cabello, el Parlamento Comunal es “un poder que le permite al pueblo disponer de recursos, jefaturas, toma de decisiones, leyes, forma de vida”.El fallecido presidente Hugo Chávez planteó el proyecto como una forma de empoderar a la consejos comunales y comunas que se han organizado en Venezuela desde que el chavismo llegó al poder hace 16 años. Es parte, pues, del proyecto del Estado Comunal. En Venezuela hay 45.000 consejos comunales y casi 1.500 comunas, según cifras oficiales.Según la Ley Orgánica de las Comunas, sancionada en el 2010, “el Parlamento Comunal es la máxima instancia del autogobierno en la Comuna; y sus decisiones se expresan mediante la aprobación de normativas para la regulación de la vida social y comunitaria”.En ese sentido, “el Parlamento Comunal no reemplaza al Parlamento, o la Asamblea Nacional”, como le dijo a BBC Mundo el abogado de línea chavista Germán Saltrón. “Sólo es un intermediario con la administración pública, no va a inhibir los derechos y deberes que tiene la Asamblea Nacional”, explicó.¿Tiene base legal?Saltrón, así como otros abogados de línea chavista, dice que el Parlamento Comunal es una garantía establecida en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual ?“la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente (…) mediante el sufragio”.También citan el artículo 70, que establece a las asambleas de ciudadanos o la empresa comunitaria, entre otras organizaciones sociales, como medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía.Pero abogados críticos del gobierno dicen que el Parlamento Comunal no ha sido propiamente creado por la ley y viola varios aspectos de la Constitución.“Una razón es que el sufragio es el principal mecanismo del ejercicio de la soberanía, así que cualquier cosa que esté por encima de éste es un desconocimiento claro no sólo de la Constitución, sino también de las elecciones del 6 de diciembre”, afirmó José Ignacio Hernández, abogado y profesor de la Universidad Central de Venezuela.Pero además, “los ciudadanos sólo pueden participar en el Estado Comunal a través de instancias organizadas por el Gobierno nacional y para cumplir con el socialismo”.“Es decir, esta es la negación del derecho a la libre participación ciudadana”, sostiene.¿Qué alcances tiene?Saltrón dice que si bien el Parlamento Comunal puede tener facultades, no serán las mismas de la Asamblea Nacional. “El Estado les puede transferir recursos a las Comunas para escuelas, una cancha o una jornada educativa con la debida contraloría. Y el Parlamento Comunal lo que hará será articular la gestiones de esas comunas, a través de sus representantes, con el resto del Estado”, explica..Hernández, por su parte, dice que el Parlamento Comunal “no puede emitir ninguna decisión jurídicamente relevante, porque no es una figura con existencia legal”.Sin embargo, advierte que el oficialismo puede aprobar una ley que le dé al Parlamento Comunal mecanismos para “legislar en contraposición a la Asamblea Nacional”.Así, el pueblo se expresaría directamente a través del Parlamento Comunal. “Pero eso no es más que una manipulación del lenguaje”, le dice a BBC Mundo.“Pretenden hacer ver que el pueblo actúa a través del Parlamento Comunal, cuando en realidad la expresión del pueblo se manifiesta a través del sufragio y precisamente lo hizo así”, sostuvo Hernández.¿Tiene antecedentes?En el debate del Parlamento Comunal varios comentaristas de oposición han recordado una conocida estrategia del Gobierno chavista cuando pierde una alcaldía o una gobernación: crear organizaciones paralelas, a veces con más recursos, para, según justifican, no perder el impulso de la revolución.Así pasó con el estado Miranda, donde gobierna el opositor Henrique Capriles: crearon CorpoMiranda. Y parecido ocurri&oac
ute; en los estados de Amazonas y Lara y en la alcaldía de Caracas.Pero varios voceros del chavismo han rechazado que el Parlamento Comunal busque restarle competencias a la Asamblea Nacional.Por otro lado, algunos han comparado la figura del Parlamento Comunal con los soviets, unas asambleas de trabajadores que tuvieron un importante rol en la Unión Soviética. De hecho, el presidente Maduro ha manifestado varias veces su interés de remplazar el Estado burgués por el Estado comunal.“Estoy empeñado en hacer la revolución para demoler el viejo Estado burgués y construir el nuevo Estado social, popular, socialista, de democracia directa, gobierno del pueblo, pero de verdad-verdad”, dijo poco antes de las elecciones.“Comuna o nada” es uno de los eslóganes chavistas. Y el Parlamento Comunal, parece, va en esa dirección.CuestionamientosCon respecto a la reestructuración de la cúpula del Poder Judicial los opositores la ven como una forma de limitar la gestión de la nueva asamblea. Entonces, ¿hasta qué punto puede Maduro, sin violar la ley, entorpecer ese poder de la oposición mayoritaria en el Parlamento?Quizá la forma más directa de reducir el poder de la Asamblea Nacional es disolviéndola, una medida que puede tomar pero debería enfrentarse a las consecuencias sociales y políticas que pudiera generar tanto en Venezuela como el exterior.La Constitución prevé que si la Asamblea Nacional aprueba tres veces en el mismo período la remoción del vicepresidente, el presidente puede disolverla y habría que celebrar elecciones.Por otro lado, la actual Asamblea puede aprobar una prórroga de seis o doce meses de la actual ley habilitante, por la que Maduro goza de poderes extraordinarios para aprobar decretos con fuerza de ley, que expira el 31 de diciembre.Pero si Maduro decide disolver el Parlamento o si aprueban una ley habilitante, el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo acabará pasando por el Tribunal Supremo de Justicia, la entidad que parece erigirse como una de las grandes protagonistas de las noticias que saldrán de este país en los próximos meses.Y es que más que disolverla, los voceros opositores han dicho que Maduro busca reducir poder de la Asamblea Nacional a través del TSJ.De acuerdo a la Constitución venezolana, el presidente debe promulgar todas las leyes que aprueba la unicameral Asamblea Nacional.Para ello tiene diez días aunque puede, por un lado, devolverla pidiendo que se modifiquen algunos aspectos con el acuerdo del Consejo de Ministros.La mayoría absoluta de la Asamblea decidirá sobre el asunto y la podrá mandar de vuelta al presidente, quien tendrá cinco días para promulgarla.O, por otra parte, cuando el presidente considere que la ley aprobada es inconstitucional, tiene la potestad de “solicitar el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia” dentro de esos mismos diez días. Es por eso, que la TSJ se antoja de importancia clave en lo que pueda o no hacer la nueva Asamblea.¿Legal o ilegal?La pregunta es si la actual Asamblea puede aprobar la designación de los magistrados de aquí al 4 de enero. Según el constitucionalista Jesús Silva, si bien la designación puede ser controversial en lo político, en lo legal está permitido.“No hay norma que diga que la Asamblea Nacional no puede tomar sus decisiones cuando su mandato está próximo a vencer”, dijo Silva a BBC Mundo.El nombramiento de nuevos magistrados exige ser aprobado por dos tercios de la Asamblea, una mayoría que el oficialismo no posee actualmente, pero si no se alcanzan los dos tercios en varios intentos, se decide por mayoría simple.En cambio el también constitucionalista José Ignacio Hernández, dijo que el nombramiento sería ilegal por varias razones. “Primero, el comité de postulaciones judiciales inició el procedimiento de selección de magistrados sin que hubiese vacantes y sin indicar qué cargos serían suplidos”, señala.“Segundo, los tiempos en que se produjo la preselección y en que se espera hacer los nombramientos viola los lapsos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”.Y por último, “la designación de nuevos magistrados no es un asunto excepcional, así que la actual Asamblea no debería aprobarlo en las sesiones extraordinarias que se esperan”. Sin embargo, añade que “si el oficialismo presenta una justificación debidamente expresada para sesionar en el asueto navideño, no hay ley que se lo impida”.En 2010, la Asamblea Nacional saliente (100% oficialista) siguió legislando hasta el 4 de enero, antes de que se instalara un Parlamento con apenas mayoría simple para el chavismo. Y en ese período aprobaron varias leyes orgánicas y una ley habilitante para el entonces presidente, Hugo Chávez.¿Se puede responder?En caso de que la actual Asamblea Nacional designe nuevos magistrados de la Sala Constitucional, la pregunta es si la nueva podría revertir los nombramientos. Los expertos coinciden en que sí, pero tienen al menos dos limitantes.Primer necesita del apoyo del Poder Ciudadano (Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Contraloría), una institución que muchos consideran al servicio del Ejecutivo.Y segundo: “La nueva Asamblea Nacional puede revocarlos, anularlos, pero haga lo que haga, cualquiera de sus acciones tendrá que ser aprobada por la misma Sala Constitucional que busca remover”, explica Hernández.Fuente: BBC Mundo
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