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Alertaron sobre falso médico que atiende en hospital de Montecarlo

25 octubre, 2015

El Colegio de Médicos de Misiones detectó este viernes el accionar de un hombre que se hace pasar por médico, utiliza una matrícula provincial falsa y atiende en la guardia del hospital de Montecarlo. El hombre en cuestión -de nombre Pablo Joel Silva- dice ser médico cirujano y en su sello figura la supuesta matrícula provincial 4009. No obstante, según aseveró a PRIMERA EDICIÓN el presidente del Colegio de Médicos de Misiones, Luis Daniel Flores, "ese número de matrícula corresponde a otro profesional debidamente habilitado por este Colegio, el médico Luis Umfuhrer de Dos de Mayo". Flores remarcó que "en Misiones, no existe ningún médico habilitado para ejercer la medicina con el nombre de Pablo Joel Silva y vale recordar que el ejercicio ilegal de la medicina es un delito penal tipificado en Argentina". La denuncia Fue otro profesional de Montecarlo quien alertó este viernes al Colegio de Médicos de Misiones sobre sus sospechas respecto al supuesto médico que, como si lo fuera, atiende a los pacientes, les diagnostica y expide recetas. De hecho, el profesional pidió que se investigue al supuesto médico. "Por distintas actitudes y procederes del citado, comencé a dudar de sus conocimientos e idoneidad. Ello me llevó a consultar la página web de nuestro Colegio y corroboré que no figura en el listado de profesionales habilitados, con el agravante que la matrícula, antes mencionada, pertenece a otro médico. Esto último se refuerza con el hecho que la Municipalidad de Montecarlo rechazó un certificado de defunción emitido por el supuesto colega", denunció este profesional de Montecarlo.   Ante la Justicia Penal Según confirmó Flores , el Colegio Médico recurrirá ante la Justicia este mismo lunes a fin de poner fin al accionar de este supuesto galeno. No obstante, el presidente del Colegio Médico decidió hacer pública la denuncia a través de PRIMERA EDICIÓN para poder alertar de este modo a las familias de Montecarlo y a las autoridades de ese hospital. Flores cuestionó la responsabilidad de las autoridades del nosocomio montecarlense porque "antes de contratar a cualquiera que dice ser médico y ponerlo al cuidado de la salud de las personas, deberían constatar si esa persona está habilitada para el ejercicio de la medicina". La misma situación ocurrió el año pasado con otra médica trucha, de nombre Mirtha Alonso, que sin tener título de médica pediatra se dio el gusto de trabajar en un sanatorio de Posadas (el Buenos Aires) y varios hospitales de Misiones, entre ellos el Favaloro, el de San Javier y el de Leandro N. Alem. Vale decir que la supuesta médica desapareció de la provincia sin dejar rastros.  Responsabilidad El presidente del Colegio Médico advirtió que este trámite para conocer si un médico está debidamente habilitado para ejercer la profesión no sólo es sumamente sencillo sino que también gratuito, por lo que ningún centro de salud puede poner a la burocracia o el costo como excusa. Según recordó Flores, "lo primero que supimos de este tal Pablo Joel Silva fue a través de una denuncia que realizó Roberto Boratti, director del sanatorio homónimo y presidente de  la Asociación de Clínicas y Sanatorios Zona Sur, cuando detectó que se daba a conocer en el facebook como médico del Sanatorio Boratti. Lamentablemente, no pudimos hacer nada porque no teníamos manera de agarrarlo a través de las redes… hasta que este viernes entró esta segunda denuncia que lo ubica al supuesto profesional cumpliendo guardias en un hospital público de nuestra provincia. Es muy grave, este hombre porque está medicando a la gente", remarcó. Código PenalEl ejercicio ilegal de la medicina se encuentra previsto en el Código Penal argentino. Son dos los artículos que toman en consideración y por lo tanto reprimen conductas relacionadas con el desempeño de la medicina y que, en principio no poseen resultado perjudicial de tipo lesiones u homicidio. Por un lado, en el capítulo de los "Delitos contra la Salud Pública", en el artículo 208, se estipulan tres formas de actuar indebido (curanterismo, charlatanismo y cesión de título o prestación de nombre). En tanto, el artículo 247 se refiere a la “Usurpación de títulos, honores o nombre". El artículo 208 establece que será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años el que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar, o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aún a título gratuito".En tanto, el artículo 247 estipula que "será reprimido con presión de 15 días a 1 año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la habilitación correspondiente".En la webCualquier persona que ponga su nombre completo en el buscador de Google podrá sorprenderse ante los resultados de esa búsqueda, no sólo se encontrará con su número de DNI, sino también con su Cuil, su dirección, estudios y ocupación. Pero la búsqueda "Pablo Joel Silva" no da como resultado sus datos personales sino sólo remite a su Facebook donde figura en su biografía que trabajó en el hospital Muñiz, en el Hospital Fernández y en el Same. También aparece su referencia en la página "posadas.doctuo.com.ar" donde figura como "cirujano general" con domicilio en Mitre 2330 de Posadas. Incluso figura en esa página la respuesta que Silva dio a la consulta de una persona con hiperhidrosis en manos y pies, a quien aconsejó que consulte en la Fundación Favaloro, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

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Hace siete años entrena musculación, se capacitó como instructor y hoy tiene su propio gimnasio en Posadas, donde busca acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “La obesidad es una enfermedad silenciosa, no una cuestión estética”, advirtió. ⚠️🏃‍♂️Tras bajar casi 100 kilos y someterse a una cirugía de manga gástrica, Morel mantiene controlada la hipertensión con alimentación y actividad física. Su mensaje es claro: “Esto no es un deporte, es un estilo de vida”.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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