POSADAS. La Cámara de Diputados introdujo ayer una serie de modificaciones a la ley de creación del mecanismo provincial contra la tortura, sancionada el año pasado pero no aplicada hasta el presente; vinculada a su vez a la ratificación por parte de la Argentina del Protocolo de Naciones Unidas (conocido como Protocolo Facultativo de la ONU). Aunque el año pasado, al aprobarse el mecanismo, ya existían cuatro provincias que contaban con el mismo, entre ellas Chaco como pionera, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura misionera, Lilia Marchesini, aseguró que con las modificaciones aprobadas ayer, Misiones pasa a ser “la primera provincia argentina en cumplir en forma plena con el Protocolo facultativo”. La adecuación, por otra parte, daría cumplimiento a reclamos de la propia ONU, que aguarda la demorada sanción definitiva de la ley en el Congreso nacional. Uno de los aspectos que particularizan a esta normativa es que a partir de la adhesión al protocolo internacional, el país firmante acepta el ingreso sin previo aviso a cárceles y otros espacios cerrados en los que se aplica la ley de una delegación del Subcomité contra la Tortura de la ONU. El mecanismo provincial está conformado, en su parte ejecutiva, por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y el Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La Comisión cuenta, a partir de la eliminación de la representación del Poder Judicial, con seis integrantes que desde ahora van a ser rentados y con dedicación exclusiva, a los que se les elevó el mandato a cuatro años para asegurar un funcionamiento adecuado. Entre otras modificaciones a la norma original, cuya autoría corresponde a Marchesini y a Carlos Rovira, se aseguró la autarquía del organismo con la adjudicación del 0,1% del presupuesto del Poder Legislativo y se incorporó una cláusula que impide el ingreso al mismo de las personas “que tengan cualquier vinculación con delitos de lesa humanidad”, precisó Marchesini, quien aclaró que la cláusula de incapacidad también afecta a quienes tengan una vinculación indirecta con hechos de lesa humanidad. Identidad aseguradaLa Legislatura aprobó también ayer por unanimidad la Ley de Procedimientos de Inscripción para Indocumentados, una norma de autoría de la diputada María Losada que establece mecanismos para agilizar la posibilidad de que personas adultas accedan a un documento de identidad, para lo cual se habilita la gestión de los interesados ante los Juzgados de Paz y se busca que se allanen todos los trámites vinculados para evitar que, especialmente en el interior, muchos indocumentados se vean prácticamente privados de su derecho a la identidad, debido a los engorrosos trámites y a un virtual vacío legal. Losada calificó a la ley como “revolucionaria”, porque permitirá que a las personas adultas que por diversas causas no pudieron acceder a un documento “se les reconozca la condición de indocumentadas y con ello su nacimiento y su identidad”. Explicó, asimismo, que actualmente sólo los menores pueden resolver su situación por la Ley de Amnistía y observó que “el acceso a la identidad lo es también a la educación y al trabajo”.
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