POSADAS. “El cliente siempre tiene la razón”. Sin embargo ahora, en vista de los fuertes cambios que plantea la nueva Ley del Consumidor, los clientes podrán tener “más razón” que nunca. Esta nueva “Justicia del Consumidor” está vigente en el país desde hace algunas semanas. Una de las modificaciones -en materia de reclamos- es, por ejemplo, que fija montos elevados por resarcimiento al recibir productos defectuosos o por mala prestación de servicios (entre 15 y 55 salarios mínimos, según los casos). Al mismo tiempo, establece lapsos más acotados para resolver las disputas, que no podrían estirarse más de 60 días. Sin embargo, algunos cambios que plantea la flamante normativa de protección a los consumidores no serían una “novedad” del todo en Misiones. Así lo dejó entrever el director de la oficina local de Defensa del Consumidor, Alejandro Garzón Maceda, a quien PRIMERA EDICIÓN consultó para interpretar los flamantes alcances, estar al tanto de cuáles son los beneficios que esta legislación otorga a los consumidores, para sacarle provecho y agilizar los trámites de queja cuando el cliente se sienta estafado.“La nueva ley establece algo que ya se realiza en los procedimientos en Misiones: las audiencias conciliatorias, que tienen una vigencia de quince años antes de que lo contemple esta ley federal”, deslizó el director de la oficina en Posadas, la cual siempre dependió de la Secretaría de Comercio Interior, algo que recién ahora se empezará a aplicar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por nombrar un caso. La realidad provincialGarzón Maceda comentó que, aunque no existían hasta la fecha herramientas legales para obligar a las empresas a asistir a las audiencias, en el caso de Misiones “éstas asisten sin tener que ser obligadas y de hecho existe un 75% de eficiencia en la resolución de conflictos. El panorama de Capital Federal lo requería, porque allí el universo de empresas y de reclamos es tan alto que las prestadoras iban si querían, hacía falta un instrumento para obligarlas a llegar a un acuerdo. En nuestras conciliaciones siempre estuvimos por encima del 50% de asistencia, datos que difieren mucho de lo que podría ser la situación de Capital Federal”, insistió.“Una de las razones por las cuales los argentinos llaman con más frecuencia o acuden a los organismos de defensa al consumidor es la falta de cumplimiento de las promesas realizadas por las firmas”, dijo Fernando Blanco Muiño, titular de la Unión de Consumidores de Argentina (UCA) en charla telefónica con este diario. En palabras de Blanco Muiño, la ley “es una nueva experiencia, pero el mayor desafío es su implementación”.En la cima de los reclamosEn lo referido a las similitudes que tienen la Nación y Misiones en materia de conflictos con las compañías y comercios, desde la oficina local, Garzón Maceda comentó que las principales destinatarias de los reclamos siguen siendo las empresas de telefonía celular, los bancos y las empresas que ofrecen medicina prepaga. Asimismo, la aplicación de los precios que algunos comercios les imponen al cilindro de gas fueron motivo de muchas quejas en Misiones, tal lo relevado hace algunas semanas por esta repartición, que detectó reclamos en todo el mapa provincial por abuso en los valores e instó a los compradores a denunciar las irregularidades. Puesta en marcha la nueva ley (26.993) impulsada por el oficialismo, resulta esencial estar al tanto de los beneficios que ésta otorga a los consumidores, para poder sacarle provecho y agilizar los trámites de queja cuando uno se siente estafado. Según Blanco Muiño, “el proceso es mucho más rápido, ya que a partir de ahora existe un límite de 60 días para la resolución del conflicto”.“Inconstitucionalidad”Una observación que realizó el director de Comercio Interior de Misiones, Alejandro Garzón Maceda, fue respecto al punto en el cual, esta nueva “Justicia del Consumidor” permite que se pueda sancionar y aplicar una multa a las empresas y las obliga a pagarla antes de pasar por la instancia de “defensa”.“Es lo que se llama paga ahora y reclamá después. No se puede quitar ese derecho a defensa, ni por más que sea el Estado quien lo quiera hacer”, advirtió el funcionario.
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