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El conflicto por Malvinas levanta temperatura

10 abril, 2015

BUENOS AIRES (NA). La Cancillería convocó al embajador británico en esta capital, John Freeman, para exigirle explicaciones por las versiones de espionaje de ese país contra la Argentina, en simultáneo en que Londres llamó a la embajadora Alicia Castro por críticas a la “militarización” en las Islas Malvinas, en el marco de una escalada de la tensión diplomática bilateral.Según se informó, el vicecanciller, Eduardo Zuain, convocó al embajador Freeman, para reclamarle por el “silencio del Gobierno británico frente a revelaciones de Edward Snowden, a través del medio  The Intercept, sobre acciones de espionaje electrónico masivo dirigidas contra la Argentina”. “Según este medio, las acciones fueron llevadas adelante ante la creciente presión internacional para resolver la disputa de soberanía sobre las Malvinas”, señaló la Cancillería a través de un comunicado.Zuain advirtió el representante británico que acciones de ese tipo “violan el derecho a la privacidad conforme establecido en las resoluciones 68/167 y 69/166 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”. Ambas resoluciones ponen de relieve que “la vigilancia y la interceptación ilícitas o arbitrarias de las comunicaciones, así como la recopilación ilícita o arbitraria de datos personales, al constituir actos de intrusión grave, violan los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión y pueden ser contrarios a los preceptos de una sociedad democrática, se indicó.El secretario Zuain comunicó además al embajador Freeman que la Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, presentarán hoy una denuncia penal contra las empresas que llevan adelante actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.Para la Argentina, esas acciones violan la Ley N° 26.915 y las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, en particular la 31/49 que “insta a ambas partes en la disputa de soberanía a no introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras se encuentre pendiente la solución de la controversia”.El vicecanciller expresó, también, el malestar del Gobierno argentino por las declaraciones efectuadas el 24 de marzo de 2015 por el secretario de Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, ante el Parlamento Británico, cuando anunciara el incremento del gasto militar en las Islas Malvinas y la introducción de nuevo equipamiento bélico, alegando una supuesta e inverosímil “amenaza” argentina. Y le recordó, además, las expresiones de la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en el acto del pasado 2 de abril en contra de la militarización de las islas.Según se informó, Zuain reiteró que, “frente al armamentismo británico, la Argentina sostiene que sólo el diálogo y la negociación deben primar para poner fin a esta situación colonial anacrónica que lleva más de 182 años, mediante la aplicación de la resolución 2065 (XX), y siguientes, de las Naciones Unidas”.La convocatoria argentina se planteó luego de que medios británicos dieron a conocer que ayer fue convocada por la Cancillería de ese país la embajadora Alicia Castro.El vicecanciller argentino rechazó los argumentos esgrimidos por el Foreign Office ante Castro, “respecto de las declaraciones oficiales referidas a la creciente militarización de las Malvinas y la exploración ilegal de hidrocarburos”.Según trascendió, el Gobierno británico convocó la embajadora argentina Alicia Castro a que diera explicaciones por el reciente cruce verbal entre ambos países por la soberanía en las Islas Malvinas.Medios de prensa desde Londres señalaron que la convocatoria fue realizada por la Cancillería británica, que a través de voceros salió a advertir que “objeta firmemente las recientes declaraciones de la Presidenta y de la Embajadora argentinas” por la cuestión Malvinas. “Gran Bretaña no tiene dudas de su soberanía sobre las Falkland Islands (Islas Malvinas) y las áreas marítimas que las rodean, ni sobre el derecho de los isleños de decidir sobre su propio futuro”, indicaron los voceros diplomáticos a través de distintos medios de prensa británicos.Los cruces verbales entre Buenos Aires y Londres aumentaron luego de que el mes pasado el secretario de Defensa británico, Michael Fallon, anunció un aumento de la presencia militar en las Malvinas.En concreto, dos helicópteros Chinook y un nuevo sistema misilístico tierra-aire serán instalados en las islas.La presidenta Cristina Kirchner y la embajadora Castro salieron a cuestionar la “militarización” de las Islas.La jefa de Estado advirtió que la legislación internacional y el “diálogo” y no la “militarización” son el “camino” hacia la soberanía.Destacó que la convicción del país es que la Argentina volverá a ejercer la soberanía sobre el archipiélago.Además, Argentina cuestiona la exploración y explotación petrolera en la región por parte de empresas británicas.La semana pasada, tres compañías -Premier Oil, Rockhopper Exploration and Falkland Oil & Gas- hicieron uno de sus habituales anuncios sobre hallazgo de petróleo y gas en el Atlántico Sur.  Denuncia a firmas petroleras  La Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal presentaron ante la Procuración General de la Nación una denuncia penal contra cinco empresas por llevar adelante actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin haber obtenido la correspondiente autorización de la Secretaría de Energía.Las empresas denunciadas integran un consorcio responsable de la contratación de una plataforma semi-sumergible que el 6 de marzo último inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros de las Islas Malvinas, durante la que prevé perforar al menos seis pozos.Tras la presentación, el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, destacó que “a las empresas se les avisó que la Argentina iba a tomar esta medida”.“Para que se entienda el reclamo: El lugar donde están perforando es tan argentino como el obelisco. Se está explor
ando con la intención de explotar hidrocarburos en un lugar cuya soberanía es argentina”.  

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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