POSADAS. El Superior Tribunal de Justicia de Misiones estableció que las deudas salariales deben pagarse a pesar de la situación de emergencia económica municipal, porque son la herramienta de subsistencia alimentaria de los trabajadores. Dio así la razón a una empleada del Concejo Deliberante capitalino que lleva tres meses acampando frente al edificio deliberativo en reclamo de remanentes salariales pendientes desde 2007.En un fallo reciente, el STJ, que es la máxima autoridad judicial de la provincia, señaló que el Concejo Deliberante no puede excusarse en la emergencia económica para no pagar una deuda salarial que tiene con 27 trabajadores desde hace ocho años. Uno de los beneficiarios de este fallo judicial ya falleció y otra, identificada como Mima Sequeira, se encuentra frente al edificio deliberativo desde hace tres meses reclamando que se efectúe el pago.Carina Castillo es la abogada de Sequeira y explicó a PRIMERA EDICIÓN que “la presidenta del Concejo, Maggie Solari, puso la excusa de que estaba en emergencia económica, pero nosotros presentamos un escrito ante la Justicia diciendo que lo salarial y lo alimentario no está alcanzado por la emergencia, entonces el STJ nos dio la razón y se tiene que pagar a los trabajadores”.“Para nosotros es una buena noticia, es un avance importante. Imagínense que la señora Sequeira está hace tres meses enfrente del Concejo Deliberante reclamando lo que le corresponde. La presidenta del Concejo, en lugar de cumplir con lo que ordena la Justicia, lo único que hace es perseguirla y buscar razones para despedirla. El martes le mandó un escribano para notificarle de que debe presentarse a trabajar, pero la señora Sequeira está en su legítimo derecho ejerciendo una huelga, entonces no puede mandar un escribano a presionarla”, agregó Castillo.A pesar de este fallo judicial, todavía quedan varios pasos para llegar a cobrar.“Tenemos una sentencia favorable y el Concejo debe calcular el monto de la deuda. Como no lo hizo, nosotros contratamos un contador para que lo haga, ahora tenemos que llevar el cálculo de esa liquidación al juzgado para que lo perite y lo apruebe, después a la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante y vamos a pedir a los concejales que lo incluyan en el presupuesto de 2016 para que se liquide ese año, así que todavía quedan varios pasos”, confirmó la abogada.Se debe tener en cuenta que se trata de una suma importante. En el caso de Sequeira, la liquidación calculada en forma particular arrojó una deuda de más de 260 mil pesos, que podría incrementarse con el paso de los meses. Hay otros 26 trabajadores beneficiados por la misma medida judicial -uno de ellos falleció- que también deberían calcular el monto de su acreencia.El conflicto se inició a finales de 2006 cuando el Concejo Deliberante elevó dos categorías a 27 trabajadores. En diciembre de ese año asumió como presidente el radical Jorge “Piru” Gómez y al poco tiempo dejó sin efecto el decreto, retrocediendo las categorías y causando una pérdida económica a los trabajadores, que fueron a la Justicia y ganaron el caso.Días atrás, la actual titular del Concejo, Maggie Solari, indicó que estaba imposibilitada de aceptar el reclamo hasta que el STJ se expidiera sobre la cuestión de la emergencia económica. Ahora los trabajadores esperan que incluya las partidas en el presupuesto del año próximo.
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