OBERÁ. María ya no recuerda cuando fue la primera vez que su esposo, Pedro B (30), un policía de la comisaría de Alba Posse le pegó por primera vez. Durante años descargó su furia sobre su cuerpo, le gritó y tiró objetos, pateó, pegó sin respetar siquiera el tiempo en que ella estuvo embarazada, gestando a la hija de ambos. A principio de diciembre pasado, este hombre también golpeó a la niñita que tiene dos años y le lastimó la nariz con un teléfono celular. María tomó coraje y así de lastimada como estaba decidió ir a denunciar, no en su localidad sino en la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle, ya que además de golpearla, el maltratador la denigraba diciendo que en la comisaría de Alba Posse nadie la ayudaría ya que él trabaja allí y enseña deportes en la Municipalidad. Radicó la denuncia el 2 de diciembre y el 29 de ese mes, cuando casi se cumplía un año, recibió con sorpresa la notificación que debía abandonar su casa en el término de tres días bajo apercibimiento de ser arrestada si no cumplía con esa orden. Los propios agentes de la Comisaría de la Mujer le dijeron que el juez de Familia de Oberá, José Gabriel Moreira había decidido que la vivienda quedaba para su exmarido, y fijó una audiencia para el 2 de marzo. Muy por el contrario, Moreira había ordenado “excluir al hombre de la casa, dejándola en usufructo de la mujer y la niña, hasta tanto se realice la audiencia”, y además dictó una restricción de acercamiento que impedía al policía agresor acercarse a menos de 300 metros del domicilio conyugal. Pero ocurre que “el responsable de transcribir la resolución de Moreira al oficio que se le envió a la policía, habría cambiado los nombres de lugar: donde estaba el nombre del policía que es quien tenía que abandonar la casa escribió el de la víctima que debía quedarse y viceversa. Un claro hecho de adulteración de documento público”, explicó la diputada Myrian Duarte (Pays-NE), quien intervino de inmediato en el caso. Haciendo uso de sus “influencias”, creen que el policía intentaba acusar -tras el desalojo- a María de abandono de hogar y así quedarse con la casa.Cabe señalar que el agresor tendría denuncias de otras dos mujeres, una de ellas, madre de otro hijo de once años.Desesperada Sin lograr comprender la supuesta decisión del juez que, según lo señalado por la Comisaría de la Mujer, la obligaba a abandonar su hogar con su hija de dos años, María buscó ayuda en los diputados Héctor Bárbaro y en Duarte. Estaba desesperada porque no tenía adónde ir, se sentía totalmente vulnerable ya que la comisaría y -a su entender- la Justicia, estaban respaldando al agresor denunciado. El sábado 3 de enero Duarte habló con el juez subrogante Carlos Alfredo Cassoni -del Juzgado Civil y Comercial, quien reemplaza a Gabriel Moreira por el receso de la feria judicial- a quien le explicó que es incomprensible que ante una denuncia de violencia de género, la víctima sea excluida del hogar con su hija, y más aún antes de la fecha fijada para la audiencia. Cuando Cassoni se comunicó con su colega y vio el expediente, constató que el juez Moreira había tomado la decisión de proteger a la víctima y no de excluirla del hogar, como los agentes de la Comisaría de la Mujer le habían indicado a María. “Claramente hay funcionarios judiciales que responden a ciertos amigos en la policía, y esta modificación en el texto tenía un efecto absolutamente opuesto a la medida dictada por el juez, o sea que constituye una falta muy grave”, dijo Duarte.Finalmente se redactó el oficio correcto, dirigido a las comisarías de Aristóbulo del Valle y a la de Alba Posse, y le entregaron una copia a la víctima.“El límite fue ver que mi hija recibía un golpe”María relató su historia, que es muy similar a la de muchas víctimas de violencia de género que día a día atraviesan situaciones de denigración y maltrato de todo tipo a manos de sus parejas. “Mi hija de dos años y yo fuimos maltratadas psicológicamente con torturas, insultos, amenazas, y vivíamos permanentemente con miedo”, señaló. “Mi marido comenzó a agredirme desde que estaba embarazada. Cuando tenía ataques de ira, empezaba a tirar las cosas al piso, golpeaba las puertas y la nena asustada se quedaba quieta acurrucada a mí”, destacó. Y recordó que su exesposo tiene denuncias de otras dos mujeres, una de ellas, madre de su hijo de once años.“La última vez, en diciembre (de 2014) fue peor y por eso decidí hacer la denuncia. Mi hijita recibió un golpe con un celular en la nariz y a mí me dio una trompada en un ojo. Entonces la levanté en brazos y salí desesperada a buscar ayuda en la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo. Casi un mes después recibí una notificación en fotocopia, que tenía tres días para irme de la casa con mi hija, sin nada”, contó. “Totalmente desamparada y desesperada sin saber qué hacer, Dios puso en mi camino a los diputados “Cacho” Bárbaro y Myriam Duarte, y a Muriel Arensburg -que trabaja con ella- quienes fueron al Juzgado de Familia de Oberá y solucionaron todo, porque alguien, que sería amigo de mi exesposo había invertido el orden de los nombres, y mi hija y yo injustamente íbamos a ser víctimas de una trampa porque el autor de los hechos, el maltratador es un policía”, dijo. “No tengo más que palabras de agradecimiento hacia la diputada Duarte, y ojalá lo que me pasó a mí, sirva para que otras mujeres tengan el coraje de denunciar cuando alguien las maltrata”, manifestó María. En el Juzgado, no estaba ni el policía La legisladora recordó que cuando Cassoni, el juez subrogante “accedió a recibirnos a María y a mí un día sábado (por el 3 de enero), no consiguió que nadie del Juzgado de Familia de Oberá fuera a abrirle la puerta, lo que también es una falta grave porque un Juzgado de Familia que atiende asuntos tan sensibles, debería tener siempre garantizada una guardia”. Recordemos que s
egún el Mapa de Violencia de Género en la Argentina (Asociación para Políticas Públicas, 2012) “la mayoría de las lesiones causadas a mujeres por sus parejas fueron provocadas los fines de semana”. Esto estaría obligando a las instituciones judiciales a arbitrar los medios para mantener guardias pasivas y por supuesto, contar con un agente policial de guardia en el edificio, quien estaría a cargo de actuar ante situaciones como la señalada, contactando por teléfono móvil al juez, su subrogante o equipo de trabajo. Además recordemos que el 9 de diciembre pasado por medio de una acordada del Superior tribunal de Justicia (STJ) se facultó a la Presidencia a que “arbitre los medios necesarios para disponer de una guardia pasiva de trabajadores sociales, psicólogos y médicos para que asistan a los señores jueces en las denuncias de violencia familiar que pudieren surgir y que ameriten su intervención con carácter de urgente”. ¿Dónde denunciar?Todas las mujeres que son víctimas de violencia (verbal, física, psicológica, amenazas, etcétera) pueden comunicarse y asesorarse a la línea telefónica gratuita con alcance nacional 144. Está disponible las 24 horas, todos los días del año. Quienes viven en Misiones y padecen violencia de género pueden denunciar llamando a la Línea 137. Desde la misma se brinda asesoramiento legal y de ser necesario se desarrolla un operativo de emergencia para poner a salvo a las víctimas. Así lo realizan hace casi un año y medio en el departamento Capital y, hace dos meses, en Oberá y alrededores.Desde la Línea 137 señalaron que trabajan de manera articulada con la Secretaría de Acceso a la Justicia, informando las diversas situaciones para que se intervenga a la brevedad. “En las localidades en que no tenemos todavía los equipos de intervención de emergencia, tomamos los datos y los transferimos a Acceso a la Justicia, desde donde intervienen a la mayor brevedad”, señaló a PRIMERA EDICIÓN Roxana Franco, directora de la Línea 137.
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