MONTEVIDEO, Uruguay (AFP-NA). Con los votos de la izquierda gobernante, el Senado uruguayo dio media sanción a un polémico proyecto de ley que regula los servicios de radio, televisión y demás medios audiovisuales con el objetivo de impedir monopolios en el sector.Entre la noche del martes y la madrugada de ayer, el proyecto se aprobó con los votos de los 16 senadores del oficialista Frente Amplio (FA) y pese a que en diciembre de 2013 fue votado en la Cámara de Diputados deberá volver allí para obtener su sanción definitiva, luego de que la cámara alta modificara parte de los 186 artículos.Impulsado por el Poder Ejecutivo, el proyecto busca “tener una ley garantista y que creara un marco institucional para que cada ciudadano pueda elegir con su propia cabeza escuchando las distintas opiniones y sin concentración de medios”, dijo el senador oficialista Daniel Martínez, durante el intenso debate parlamentario.Para Sergio Abreu, senador del opositor Partido Nacional (PN), en cambio, la futura norma “regula en forma discriminatoria, afectando a los prestadores privados, que quedan en desventaja frente a los estatales y extranjeros”.Horas antes de que el Senado aprobara el proyecto, el presidente uruguayo José Mujica resaltó la “lucha” que genera regular los medios de comunicación.“Yo no quiero que Clarín (grupo argentino) o Globo (de Brasil) se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay, o (el mexicano Carlos) Slim”, comentó Mujica en entrevista con el programa radial “No toquen nada”.El proyecto busca asegurar la “libertad de expresión e información” y prohíbe “la censura previa, interferencias o presiones directas o indirectas sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier servicio de comunicación audiovisual”.A su vez, marca que los niños “no pueden participar en mensajes publicitarios que promocionen bebidas alcohólicas, cigarrillos o cualquier producto perjudicial para la salud física o mental”.En relación a la propiedad de medios establece que una persona física o jurídica no puede ser titular de más de tres empresas de radio o televisión, así como tampoco podrá ser dueña de más de seis licencias de televisión por cable.La ley creará al “ombudsman” de la audiencia, obligará a los medios a tener y difundir un código de ética y a brindar parte de su programación acompañada de sistemas de subtitulado o lengua de señas.El texto no prevé la regulación para servicios de comunicación que tengan como plataforma internet y será la URSEC, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones, la encargada de controlar el cumplimiento y eventuales sanciones ante faltas a la futura ley.Entre otras cosas, la oposición nucleada en los tradicionales partidos blanco y colorado compararon la norma con las que rigen en Argentina, Venezuela y Ecuador. El Frente Amplio se defendió de las acusaciones y aseguró que hay garantías para que se mantenga la libertad de expresión.
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