Allanaron la Procuración General

BUENOS AIRES (NA). El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso ayer el allanamiento de una dependencia de la Procuración General de la Nación a raíz de la denuncia de un  fiscal por espionaje de información reservada.El operativo, que se llevó a cabo en Belgrano al 900 de la Capital Federal, se ordenó con el fin de realizar un peritaje sobre los servidores del sistema Fiscalnet ubicados en el lugar y a través de los cuales el fiscal de instrucción Augusto César Troncoso denunció que accedieron a dictámenes que guardaba en sus computadoras.La investigación impulsada por fiscal Guillermo Marijuan se inició por una denuncia de Troncoso, quien sostuvo que en el marco de un sumario en su contra se incluyeron dictámenes que permanecían bajo reserva en su oficina. El fiscal acusó que el espionaje fue hecho por medio del sistema informático Fiscalnet, que es utilizado por los fiscales, y por el cual habrían obtenido dictámenes de dos causas radicadas en las Fiscalías 5 y 23, que fueron utilizadas a modo de prueba en su contra.Troncoso apuntó contra la funcionaria de la Procuración Romina Pzellinsky, del Programa Políticas de Género, quien reconoció que en su área accedieron a los dictámenes, aunque advirtió que no se trata de una práctica ilegal, y acusó al fiscal de actuar con un “patrón sistemático y metódico” para archivar causas de violencia de género.El allanamiento fue dispuesto para realizar un peritaje en los servidores de Fiscalnet, a fin de dar con los registros que indican cómo y cuándo se accedió a los dictámenes de Troncoso.A la par, el juez requirió informes administrativos sobre las actuaciones que se están llevando a cabo desde la Procuración contra el fiscal de instrucción.El sumario contra Troncoso comenzó a partir de una denuncia realizada por la jueza Wilma López en 2011, quien objetó su actuación en diversos expedientes por violencia de género, y que en 2012 el Ministerio de Seguridad sumó una nueva presentación contra el fiscal “por la negativa a investigar y el intento de archivar una causa que involucró a funcionarios de la Policía Federal” acusados de violar y explotar sexualmente a dos niñas de 13 y 15 años en dependencias de la Policía Montada en la ciudad de Buenos Aires.