POSADAS. La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de la provincia confirmó todo lo actuado por el juez de Instrucción 1 Marcelo Cardozo en la causa que investiga el feroz homicidio de Carlos Raúl Guirula. El albañil, de 30 años, murió durante la madrugada del 19 de julio pasado, como consecuencia de las gravísimas lesiones internas que sufrió en una maratónica sesión de tormentos perpetrada en forma conjunta por efectivos del Comando Radioeléctrico I y de la comisaría seccional Decimotercera.Los jueces María Ruth Dilaccio y Ricardo Venialgo coincidieron en ratificar las acusaciones formuladas contra los once policías y denegaron las excarcelaciones planteadas a favor de aquellos que se encuentran detenidos en distintas dependencias de seguridad; algunos en el penal de Loreto y otros en la comisaría seccional Tercera, bajo custodia de efectivos del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).En este sentido, según pudo averiguar PRIMERA EDICIÓN, los integrantes de la Sala I consideraron que existe riesgo procesal, fundamentalmente de entorpecer la investigación que aún no se halla concluida en primera instancia.En este sentido, los camaristas quizás apelaron al antecedente de lo ocurrido la noche en que se llevó a cabo la reconstrucción de la muerte de Guirula.A la salida del motel ubicado en la intersección de las avenidas Andresito y Santa Catalina, algunos de los involucrados habrían cruzado amenazas y advertencias de lo que sucedería con aquellos a los que consideraban “traidores”.Esta situación, incluso, obligó al titular del Juzgado de Instrucción 1 de Posadas, Marcelo Cardozo, a disponer el traslado de algunos policías a dependencias de mayor seguridad, en la esfera del SPP.El riesgo de entorpecer la pesquisa no fue el único motivo de la negativa a conceder las excarcelaciones. También se tuvo en cuenta la posibilidad de fuga y lo que en materia jurídica se conoce como “pena en abstracto”; es decir, el monto de una potencial resolución condenatoria (en el caso de “tortura seguida de muerte” corresponde prisión o reclusión perpetua). De los once policías involucrados, cinco están imputados por “homicidio seguido de muerte” (ver recuadro) ; entre ellos la oficial Lourdes Beatriz Tabarez, a la que encima se le endilgó la acusación de “hurto agravado”, o “calamitoso” como también se lo conoce en materia penal, por apoderarse en forma indebida del teléfono celular de la víctima.El caso del oficial Carlos Alberto Sidorak (24) es particular. Está sospechado de omisión funcional de evitar torturas (es decir, no participó en ellas pero como responsable de la patrulla del Comando no movió un dedo por evitarlas). Se trata de una calificación que prevé el beneficio de la excarcelación, pero la Justicia consideró que hay indicios fuertes de que pueda, en caso de estar en libertad, entorpecer la investigación, razón por la que continuará tras las rejas.Fuera de estos seis policías, el resto se encuentra en libertad y todo indica que en esa circunstancia llegarán a juicio oral y público.En definitiva, la Cámara confirmó cada uno de los cargos levantados contra los once uniformados implicados en la muerte violenta de Carlos Raúl Guirula y rechazó todos los planteos de excarcelación.Dos tienen la posibilidad de recurrir al Superior Tribunal de Justicia (STJ) en casación, pero fuentes consultadas indicaron que lo más conveniente sería llegar cuanto antes a la instancia de debate oral y público.La muerte de Guirula se produjo la madrugada del 19 de julio. La brutalidad policial comenzó en un motel de Andresito y Santa Catalina, pero se agravó camino a la comisaría seccional Decimotercera.Todo indica que arribó a la dependencia policial sin signos vitales. Allí se habría montado una escena tendiente a tergiversar o alterar el encadenamiento de los hechos. Por fortuna, en este caso, la Justicia actuó rápido y con eficacia. Cuestión “de vida o muerte”En una entrevista mantenida con este diario, autoridades del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) consignaron que se vieron obligados a planificar un régimen especial para los policías alojados en el complejo carcelero de Loreto por su presunta vinculación con el homicidio del trabajador de la construcción Carlos Raúl Guirula.“No se trata de privilegios, sino de una circunstancia de vida o muerte. Si los ponemos con la población carcelaria común, lo más probable es que terminen muertos”, consignó un portavoz.Los dos policías alojados en esa Unidad Penal son el cabo Rafael Ricardo Escobar (30) y el sargento primero Claudio Marcelo Servián (39).La oficial Lourdes Beatriz Tabarez, considerada como la principal responsable de todo lo ocurrido, se encuentra en la cárcel de mujeres (UP IV) de Miguel Lanús.Los restantes imputados, con prisión preventiva, están en la comisaría seccional Tercera, en el sector custodiado por personal penitenciario (Carlos Alberto Sidorak, Lucas Nahuel Saravia Allosa y Carlos Alberto Da Silva). LAS ACUSACIONESTORTURA SEGUIDA DE MUERTE• Oficial Ayudante Lourdes Beatriz Tabarez (31), quien además fue acusada de “hurto agravado”, por quedarse con el celular de la víctima.• Sargento Primero Claudio Marcelo Servián (39).• Cabo Primero Lucas Nahuel Saravia Allosa (25).• Cabo Ricardo Rafael Escobar (30).• Agente Carlos Alberto Da Silva (23). OMISIÓN DE DENUNCIAR TORTURAS (EXCARCELADOS)• Agente Jorge Barrios (26). • Agente Jorge Marcelo Bogado (27).• Cabo Primero Sergio Damián Recalde (30).ENCUBRIMIENTO (EXCARCELADOS)• Oficial Subayudante Javier Olmedo (Guardia) (28).• Suboficial Mayor José Antonio Velozo (Guardia) (53). OMISIÓN FUNCIONAL DE EVITAR TORTURAS (DETENIDO)• Oficial Subayudante Carlos Alberto Sidorak (24).
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