POSADAS. Con idéntico proceder de los últimos años, por fuera del orden del día, sin mayores precisiones a la hora de su fundamentación y sin que la oposición conozca plenamente el tema, el Concejo Deliberante local sancionó ayer el presupuesto municipal del próximo año, en sus tres variantes: general y del Ejecutivo, del Concejo Deliberante y de la Defensoría del Pueblo. Hubo múltiples objeciones desde la oposición con pocas respuestas del oficialismo, y fue este último, el del ombudsman el que más críticas despertó, al punto de que en su consideración en particular la Presidencia tuvo que valerse del doble voto para volcar la balanza.En términos generales se respetaron la estimación de ingresos y el cálculo de gastos proyectados para 2015 contenidos en las iniciativas que tomaron estado deliberativo en septiembre pasado. De acuerdo a ello, el presupuesto general para la Municipalidad será de 637.600.000 pesos, de los cuales el Ejecutivo, responsable de la totalidad de los ingresos, dispondrá de 565.753.966 pesos, el Deliberativo contará con recursos por 71.846.034 pesos y la Defensoría, por 3.500.000 pesos.Votación divididaLos tres dictámenes fueron incorporados por fuera del orden del día y cuando se sumaban los rumores de pasillo en torno a qué posición tomaría cada bloque partidario, anticipando en buena parte lo que luego sucedió en el recinto. Allí se aprobó en primer término el cálculo de gastos para el propio cuerpo, que, al igual que los restantes, obtuvo el repetido voto negativo del puertista Daniel Amarilla, aunque sin explicar las razones de su oposición en ése y los demás casos. El resto de la oposición se sumó a la mayoría oficialista, salvo el bloque del radicalismo que se opuso a convalidar varias atribuciones especiales concedidas a la Presidencia, como la de “realizar las ampliaciones y/o modificaciones presupuestarias que resulten pertinentes”. Con el propósito, quizás, aunque no fue expuesto, de limitar una discrecionalidad que en el último bienio despertó el reclamo, desoído, de ese bloque para que se presenten informes trimestrales en cuanto a la ejecución presupuestaria en curso, y que había servido de compromiso para conceder esos atributos a Presidencia en 2012.El doble voto zanja obstáculosMás compleja fue la aprobación del dictamen con las estimaciones para la Defensoría del Pueblo, que recibió duras críticas desde la oposición y sobre las que el oficialismo sólo atinó algunas tímidas respuestas. Aunque el ombudsman Marcelo Vairo se explayó un poco más en torno a esas críticas que llegaron a cuestionar, incluso, su condición profesional. El principal cuestionamiento estuvo en que, violando el régimen para la Defensoría, se crean cargos de planta permanente y que en algunos ítems se establecen partidas inferiores a la del presupuesto anterior, que contradicen el incremento general de cálculo que ronda el 40% respecto a 2014. Se puntualizó, por ejemplo, que el año próximo se destinarán menores fondos para gastos previsionales, cuando, por el contrario, el personal será mayor.Aunque la respuesta de la renovación fue prácticamente inexistente, el miembro informante Santiago Enríquez se limitó a reiterar una fundamentación similar en los tres dictámenes y el doble voto de la Presidencia permitió zanjar las múltiples igualdades producidas a la hora de la votación en particular.Facultades, emergencia y tasasFinalmente, y con un debate nulo -sólo el radical Martín Arjol se dedicó a cuestionar ampliamente el dictamen considerado-, a la oposición sistemática y sin explicaciones de Amarilla se sumaron los radicales, Alejandro Velázquez y algunas voces. Más allá de las cifras, nunca detalladas, el cuestionamiento principal -y que requirió el doble voto presidencial- estuvo en la cesión de facultades especiales, la continuidad de la emergencia económica (ordenanza I 32 , antes 2.197) y el aumento de las tasas.
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