POSADAS. Yanina Bolaños tiene 26 años y es madre de tres niños de ocho, cuatro y un año. Desde julio de 2013 vive en una casa de dos habitaciones, un baño y un mínimo patio donde ni siquiera puede salir a colgar su ropa. Según el contrato que la vincula con el propietario, vivirá allí hasta julio de 2015.La vivienda se encuentra en condiciones deplorables. En el mínimo patio se destapó una cloaca que libera olores desagradables y también alacranes, escorpiones y víboras, las cuales amenazan su vida y la de sus hijos. Es más, un escorpión ya picó a su hijo de cuatro años, lo que le causó un brote que tuvo que ser paliado con una vacuna antitetánica y un par de horas en observación. “Ahora está en la casa de mi mamá y no quiere volver porque tiene miedo. Cuando le contamos al dueño sobre los alacranes, nos dijo que no es un problema, que son como cucarachas”, planteó Yanina. En el contrato que tiene firmado con el propietario de la casa están establecidos los montos a pagar: durante el primer año, 1.100 pesos; pasados los doce meses, $1.500. Pero el propietario decidió, pese al contrato firmado, que la familia debe pagar 500 pesos más de lo estipulado y que la semana siguiente ese “plus” debe pasar a ser mil, lo que haría un pago de 3.000 pesos, cuando el contrato dice sólo 1.500. “Si no le pagamos nos va a echar. Ya nos dijo que si no nos gusta, nos vayamos”, afirmó Bolaños. Se suman negligenciasAdemás, este mes llegó a su casa una factura de luz de 300 pesos. “Monto exagerado”, dice Yanina, ya que lo máximo que llegaban a pagar a Emsa era 50 o 60 pesos al mes. Pero una deficiente conexión eléctrica hizo que la factura que llegó a la casa de Bolaños sea el consumo de otra vivienda. “Así me dijeron en Emsa, pero no nos dieron una solución. Nos dijeron que hablemos con el dueño. No sabemos qué vamos a hacer, porque él no nos va a reconocer esa plata y no sabemos si va a querer arreglar el desperfecto”, afirmó Yanina. Problemas de saludLa joven tuvo problemas con su última cesárea y, hace aproximadamente un año, estuvo dos meses en coma. La consecuencia es que hoy no puede trabajar porque tiene un 85% de discapacidad y debe tomar anticoagulantes. “Estamos hace tiempo anotados en el Iprodha, necesitamos una vivienda donde poder vivir. Mientras, queremos que se nos cobre lo que dice el contrato y que se arregle la casa. Es lo que corresponde”, cerró.
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