BUENOS AIRES (DyN). La inminente aprobación de las modificaciones a la Ley de Abastecimiento que el jueves recibió media sanción en el Senado de la Nación renovó la alarma en el sector agropecuario que volvió a manifestarse en contra del proyecto.El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, advirtió ayer que hay “alarma” en el campo porque con la ley impulsada por el Gobierno se quiere “confiscar la producción”, por lo cual ratificó que acudirán a la Justicia para declarar su inconstitucionalidad. “El proyecto de ley del oficialismo dice claramente que permitiría la confiscación de la producción”, indicó el dirigente rural.Etchevehere manifestó que “esa es la alarma que hay entre los productores. La verdad es que en vez de ponerle un GPS a la soja habría que ponérselo a (el vicepresidente Amado) Boudou para facilitarle la tarea a los fiscales”.El presidente de la SRA enfatizó: “Estamos en alerta los productores porque vemos que quieren crear una herramienta para confiscar la producción de los campos”.Según Etchevehere, “hay mucha preocupación, hay bronca” y se lo observa “como un nuevo ataque e intención de un gobierno por entrar a los campos a sacar lo que no le pertenece”.“Vamos a ir a hablar con todos los legisladores del oficialismo y de la oposición para que le expliquen a sus votantes que si se aprueba la ley de Abastecimiento se va a terminar la propiedad privada en la Argentina”, remarcó Etchevehere.El viernes el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, denunció que el “objetivo” del Gobierno es confiscar las reservas de soja de los productores para contrarrestar “errores” de “dos célebres fracasados: (el ministro de Economía, Axel) Kicillof y (el ex secretario de Comercio) Guillermo Moreno”.“Hoy los productores disponemos por reservas de la mitad de la cosecha de soja. No por especulación voraz (sino) porque la economía es un desastre, porque no hay confianza, no se puede invertir, no se sabe qué va a pasar con el dólar, no se sabe qué pasa con la inflación. Entonces, el productor reservó su cosecha de soja en defensa propia”, afirmó Buzzi. El integrante de la Mesa de Enlace del campo advirtió que el Poder Ejecutivo, mediante la aplicación de la Ley de Abastecimiento, busca confiscar esas reservas y remarcó que esa medida “es el sueño dorado de un cavernícola como este (en referencia a Moreno) que ha tomado al campo como enemigo”.“Perjudicial”En tanto, los senadores pampeanos Carlos Marino (UCR) y Carlos Verna (PJ), quienes votaron en contra del proyecto, señalaron que la norma será perjudicial para el agro, uno de los principales motores de la economía en la provincia.Marino apuntó incluso que el proyecto demuestra que el Gobierno “está eliminando la libertad de producción”. “De aprobarse, el Gobierno tendrá la potestad de intervenir en la producción de cualquier bien o servicio, no sólo estableciendo precios máximos sino también definiendo márgenes de utilidad u obligando a continuar la producción, comercialización o distribución de cualquier producto”, añadió.Marino dijo que el Gobierno de esa forma podrá “básicamente, intervenir en las decisiones de un productor o empresario sin importar lo que este opine”.“La sanción de esta nueva ley de abastecimiento significa la eliminación de la libertad de producción. A partir de ahora un productor que decida esperar la oportunidad ideal para vender trigo está atentando contra la patria y por lo tanto el Gobierno puede obligarlo a producir y vender aún cuando éste no lo desee”, explicó el pampeano.El senador también cuestionó la política de precios máximos como medida para frenar la inflación porque “demostró ser ineficiente y es una necedad querer ampliar su alcance”.“La carne y el trigo son dos claros ejemplos de la ineficacia de la aplicación de los precios máximos. En 2005, el Gobierno aplicó esta política con el argumento de cuidar la mesa de los argentinos. En lugar de incentivar la producción y buscar el descenso de los precios con una mayor oferta, decidió atacar el eslabón más débil de la cadena que es el productor. El resultado todos lo sabemos: el productor dejo de obtener rentabilidad y pasó a producir soja, se cerraron frigoríficos, se perdieron empleos pero al consumidor los precios no le bajaron”, añadió.El justicialista Carlos Verna se opuso con argumentos similares porque consideró que “debe incentivarse la producción en lugar de decirle a los productores qué tienen que hacer”. El exgobernador se ha mantenido dentro del justicialismo pero en la mayoría de las intervenciones que tuvo en el Senado se mostró contrario a las políticas centrales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.Finalmente la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) expresó ayer su “preocupación por la creciente, injusta e insostenible presión contra la producción” y consignó su “rechazo” al proyecto oficial para modificar la Ley de Abastecimiento.“No es otra cosa que la nueva herramienta con la que un gobierno nacional en retirada, intenta injerir en principios elementales de la actividad privada”, explicó a través de un comunicado la entidad ruralista santafesina.“Detrás de estas medidas de control, que siempre fracasaron en nuestro país y en el mundo, no hay otra cosa que alimentar la voracidad fiscal y la necesidad de cubrir su propia ineficiencia con los activos de algunos sectores productivos, en este caso, una vez más, el campo, al que se pretende obligar a vender unilateralmente sus granos para tomar divisas en dólares”, indicó.
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