BUENOS AIRES (DyN). El proyecto de ley para cambiar la sede de pago a los bonistas de la deuda reestructurada empezará a ser analizado esta semana en el Congreso, en medio de opiniones cruzadas entre la oposición y del oficialismo por el manejo del litigio con los holdouts y por la postura a adoptar ante el fallo adverso para el país del juez Thomas Griesa. La iniciativa oficial fue defendida por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, mientras ratificaron su rechazo el jefe del bloque de Unión Pro Federico Pinedo, el diputado por Córdoba, Juan Schiaretti y el senador Adolfo Rodríguez Saá.En sentido contrario al proyecto también se pronunció el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, quien opinó que hay que “cumplir” el fallo de Griesa. El proyecto que cambia al agente fiduciario y el domicilio de pago a los bonistas regulares comenzará a ser evaluado el miércoles en el Senado en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Economía con la eventual presencia de algún funcionario del Poder Ejecutivo.Domínguez afirmó que “Argentina está poniendo todo el empeño para cumplir con el 93% de acreedores que aceptaron la reestructuración de la deuda”, y dijo que confía “que nadie va a votar en contra de los intereses de los argentinos”.“La voluntad de Griesa es impedir el pago y hacer caer la reestructuración de la deuda y de ninguna manera lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que como se resuelva esta situación está en juego el futuro de la Argentina”, señaló.En cambio, Pinedo rechazó el proyecto porque “agrava la situación” de la Argentina y opinó que “hay que respetar las sentencias de los jueces que vos elegís como lo eligió Néstor Kirchner cuando emitió la deuda en el 2005 y 2010”.Schiaretti coincidió en que “este proyecto, así como está, no se puede votar porque presenta riesgos de agravar los problemas en vez de avanzar en soluciones”.Schiaretti indicó que “si hay en serio una voluntad de cuidado de los bonistas que entraron al canje, antes de hacer un proyecto de ley habría que llamarlos para ver en conjunto cuál es la mejor manera de garantizar que cobren y, luego de acordar eso, sancionar una ley si correspondiera”.
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