BUENOS AIRES (NA). El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió abrir otra investigación en contra del vicepresidente Amado Boudou, en este caso por supuestas irregularidades en un plan de viviendas en el Partido de la Costa cuando se desempeñaba como secretario de Hacienda de ese distrito bonaerense.Se trata de una denuncia realizada por el concejal del Municipio de la Costa Marcos Alfredo García, y que alcanza además al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al intendente Juan Pablo de Jesús.La presentación, que patrocinó el abogado Ricardo Monner Sans, es por presuntas maniobras fraudulentas cometidas en el plan federal de viviendas, por el que se habría diseñado la construcción de 484 casas y dos escuelas en el Partido de la Costa.Puntualmente, se trata de un convenio entre el Ministerio de Planificación Federal y el Partido de la Costa, que implicó un presupuesto original de 20.799.600 millones de pesos.Según precisó el denunciante, si bien la finalización de las obras debía producirse en 2006, algo que nunca ocurrió, sí se pagaron dos tercios del total del presupuesto acordado.Además, la firma Cantera habría entregado cheques sin fondos y luego presentado en convocatoria de acreedores.En la denuncia se advirtió que estas irregularidades “involucran de manera manifiesta a De Vido y Boudou”, el primero por ser ministro del área y el segundo “en tanto Secretario de Hacienda del Municipio de la Costa” en el momento de los hechos.La denuncia alcanza también al hijo del exintendente de la Costa, Juan de Jesús, y a los directivos de la empresa Cantera FC SA, adjudicataria de las obras cuestionadas.Todos ellos fueron acusados por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y exacciones ilegales.La causa está en poder del juez Ariel Lijo, el mismo que procesó a Boudou por negociaciones incompatibles y cohecho por el salvataje y compra de la exCiccone Calcográfica y además lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.En su requerimiento, el fiscal pidió citar al concejal García (Unión-PRO) para que ratifique la denuncia y “aporte mayores precisiones”.“En atención a los términos, gravedad y verosimilitud de la denuncia, en el entendimiento de que existe motivo suficiente para presumir que en la Municipalidad del Partido de la Costa” habría material vinculado a la investigación porque el delito “resulta indispensable ordenar el registro del lugar” para secuestrar expedientes y otras constancias documentales sobre la licitación de viviendas, se ordenó.Según informaron fuentes judiciales, el juez Lijo ya ordenó las primeras medidas de prueba.
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