BUENOS AIRES (DyN). El Gobierno de Uruguay autorizó un nuevo aumento de producción de la planta de celulosa de la finlandesa UPM (exBotnia), lo que fue calificado por la Argentina como “un gesto inamistoso”, que aseguró que va a “revaluar” la relación bilateral y acudir a la Corte de Justicia Internacional.A través de una carta enviada a su par uruguayo, Luis Almagro, Timerman señaló que la decisión del gobierno de José Mujica es “un gesto inamistoso de parte de su gobierno en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia entre nuestros países en torno a la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay”.Según consigna la agencia AFP, UPM señaló en un comunicado que su planta de Fray Bentos “ha cumplido con todas las exigencias impuestas” por el Ejecutivo uruguayo, mientras que el vicepresidente, Danilo Astori, calificó como “impredecible” la reacción de Argentina ante la habilitación, de acuerdo señala el diario uruguayo El País.“El Gobierno argentino ha decido recurrir en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento uruguayo del Estatuto del Río Uruguay y de la propia sentencia del Tribunal del 20 de abril de 2010”, indicó el funcionario nacional en su misiva.Y agregó que Argentina “procederá a revaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales” y solicitó que el país vecino “deje de inmediato sin efecto esta nueva resolución”.Asimismo, Timerman señaló que la habilitación para aumentar la producción de la exBotnia se trata “de un gesto inamistoso de parte” del país oriental “en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia” en torno “a la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay”.Por su lado, Astori indicó que los funcionarios argentinos “estaban al tanto de la intención del Gobierno de permitir un nuevo incremento de la producción” y estimó como “impredecible” la reacción, que luego se concretó por parte de Buenos Aires.“La autorización concedida previamente era una parte de lo que se había acordado. Sabemos que hemos tenido dificultades (con Argentina) y no sólo por este tipo de cosas, también por decisiones argentinas que terminan afectando directa o indirectamente los intereses de los uruguayos”, señaló.En su comunicado, la empresa finlandesa explicó que la resolución “apoya el crecimiento del Área de Negocios de Celulosa de UPM de acuerdo a las necesidades de sus clientes”. “También contribuye al crecimiento y desarrollo del sector forestal en Uruguay”, añadió.Para el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, la actitud de Uruguay es “desconcertante” y “revela su escasa voluntad para encausar la relación binacional por el camino de la fraternidad y la convivencia”.A su vez, destacó la necesidad de “revertir esta situación sin generar más daño a esta relación que es imprescindible para el desarrollo de toda el área limítrofe del corredor y para todo el Uruguay”.El anuncio se hace justo cuando está por comenzar a producir la segunda planta de celulosa, que está ubicada en Conchillas, departamento de Colonia, frente a Buenos Aires. Reclamos y permisos El gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que rechazó en 2010 su demanda de relocalizar la fábrica afirmando que no hay pruebas de que contamine, pero ordenó que ambos países controlen de forma conjunta el impacto ambiental en el río.En protesta, los habitantes de Gualeguaychú bloquearon durante casi cuatro años, hasta 2010, el tránsito en un puente internacional bilateral.En 2011, UPM había solicitado un permiso para aumentar la producción de 1,1 millones de toneladas anuales a 1,3 millones, pero el Gobierno uruguayo le autorizó en octubre de 2013 un incremento a 1,2 millones con “carácter provisorio, revocable”, según dijo entonces el presidente José Mujica.A cambio, la empresa debía instalar una torre de enfriamiento de los fluidos que llegan al río y rebajar el contenido de fósforo de los desechos vertidos, según advirtió AFP.
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