POSADAS. Comienza hoy una semana decisiva para la continuidad del juez municipal de Faltas Dos, Hugo Javier Barrios, ya que el Concejo Deliberante local debe resolver si da paso al juicio político de destitución contra él y lo suspende en sus funciones, o rechaza las acusaciones hechas en su contra por acoso sexual y laboral y abuso de poder. El próximo viernes 30 vence el plazo para que el cuerpo se pronuncie con el voto de la mayoría absoluta (ocho votos) de sus miembros, si ordenan continuar con el proceso abierto el 30 de abril pasado, convocando al Jurado de Enjuiciamiento.Esa decisión clave, que puede abrir la segunda etapa del procedimiento de estos casos, con audiencias orales y públicas, es obligatoria con o sin dictamen de la comisión que investiga la actuación del magistrado de los Tribunales Administrativos y de Faltas, so pena de la caída de la causa, el rechazo automático de las denuncias y su archivo. Aunque, según se anticipó desde ella, para esa ocasión la Comisión de Legislación General, Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento ya habrá tomado una resolución y elaborado el informe que será presentado al plenario.Esta votación en plenario podría realizarse un día antes de la conclusión del término procesal, en la sesión ordinaria del colegiado municipal del jueves 29 o, como sostienen otros y dada la trascendencia del tema, en una sesión extraordinaria que se cumpliría ese mismo viernes 30. Aunque ello dependerá de la trascendencia que se quiera dar al tema -hasta ahora considerado con marcada reserva y discreción- y de la ocasión en que el dictamen de la Comisión de Enjuiciamiento esté terminada.Etapa final para la Comisión de EnjuiciamientoEse grupo de investigación, encabezado por el edil renovador Julio Vivero, cerró a principios de la semana pasada la etapa de recepción de pruebas y testimonios, y comenzó a abocarse al análisis y evaluación de esos antecedentes antes de comenzar a redactar el dictamen que presentará antes del pleno. Parte de esa tarea fueron las convocatorias del viernes último al acusado Barrios y a alguna de las denunciantes con la intención de aclarar las dudas surgidas del análisis de esos elementos a juzgar.Junto al dictamen -y si éste fuese favorable a la convocatoria a un Jury-, la comisión deliberativa deberá designar también al menos a dos de sus miembros para actuar como parte acusadora durante el proceso que se ventilará de manera pública. Junto a estos fiscales, también deberán intervenir los denunciantes por sí o por sus representantes legales.Cualquier acción que se realice en esta etapa como en la de Jury para entorpecer el proceso y retrasarlo maliciosamente, hará pasible a sus responsables de una multa que equivaldrá al 50% de su dieta si es concejal; o al 50% del sueldo del intendente municipal para cualquiera de los demás actores (jurados, partes, testigos o defensores).Sesenta días para dictar sentenciaUna vez aprobado el juicio político, el Concejo enviará todos los antecedentes al presidente del Jurado de Enjuiciamiento, quien en lo inmediato deberá convocar a los demás miembros para acordar las audiencias públicas y las acciones a tomar para llevarlas adelante.Ese cuerpo, integrado por tres concejales y cuatro electores (dos de ellos abogados), dispondrá entonces de sesenta días hábiles para dictar sentencia, plazo que, en el caso actual y a contar desde el 30 de mayo, se extendería hasta fines de agosto.En este caso, al igual que en el término dado para la definición que el Concejo debe realizar esta semana, no podrá haber demoras. Y si el fallo se demorase más allá de esa fecha tope, quedará desechada la denuncia y el juez municipal será sobreseído automáticamente y no podrá volver a ser acusado por la misma causa.La sentencia decisoria del Jurado, que deberá leerse dentro de los tres días de concluido el debate, si es condenatoria, además de la separación del cargo, conlleva la inhabilitación de por vida para desempeñar cualquier otra función municipal, incluso para postularse por algún cargo electivo. Los intervinientesDos grupos colegiados tendrán a su cargo la parte principal del enjuiciamiento político a todo funcionario municipal que fuese designado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) con acuerdo del Concejo Deliberante (escribano, contador y tesorero municipales, magistrados de los Tribunales Administrativos y de Faltas, y del aún inexistente Tribunal de Cuentas).El primero de ellos y cuyo cometido en la parte investigadora concluirá esta semana es la Comisión de Legislación General, Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento. La integran: Julio Vivero (FR), presidente; Christian Humada (FR), vicepresidente; y Claudina Deglise, Mario Florentín y Santiago Enriquez (FR), Alejandro Velázquez (SET) y Gabriel Nielsen. De ellos saldrán al menos dos que deberán desempeñarse como fiscales en el juicio político.El segundo, quien será responsable del juzgamiento político de destitución, es el Jurado de Enjuiciamiento Municipal que preside la concejal Magdalena Solari (FR). La secundan el abogado Ariel Omar Belda Palomar, secretario; los concejales Laura Duarte (FR) y Pablo Velázquez (UCR); el abogado Guillermo Dusso; y María Cristina Ortega y Antonio Ramón Palaci.
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