POSADAS. Un informe lapidario dejó al descubierto la ausencia del Estado, en este caso puntual del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en la asistencia y seguimiento de los niños alojados en hogares públicos. Las conclusiones de ese relevamiento, cuyas derivaciones se conocieron el 31 de marzo pasado, establecieron la presencia de 33 niños en estado de hacinamiento y abandono en el hogar El Refugio.Entre ellos, cuatro pequeños con evidentes síntomas de desnutrición o problemas de peso y tres con discapacidades psicomotrices. La situación motivó la intervención de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que solicitó, el 31 de marzo pasado, la suspensión del ingreso de menores a esa Asociación Civil, al menos hasta que la misma se normalice.El organismo también exhortó al ministro de Desarrollo Social, Joaquín Losada, a que en el término de treinta días garantice el derecho de esos chicos a la salud; a la educación; a una alimentación sana y acorde a la edad; y a la convivencia en un espacio de contención sano y armonioso.La resolución también fue notificada a los juzgados de Familia 1 y 2 de Posadas, a cargo de las magistradas Carmen Liliana Bertolotti y Julio Marta Alegre, respectivamente.Si bien desde marzo hubo algunos cambios, lo cierto es que el problema de fondo es estructural y persiste. En el informe se establecieron cuestiones indefendibles, pero que quizás no hubieran sucedido de haber un control permanente de parte del organismo de aplicación, en este caso Desarrollo Social.Lo dicen las profesionales que redactaron las conclusiones de aquel informe, después de visitar el hogar situado en la avenida Buchardo 1.548: “…lo primero que se percibe es un fuerte olor a orín y la presencia de un niño con discapacidad acostado en una cucheta situada en el garaje que hace de lugar de recreación…Se observa que los niños están sucios, con olor y descalzos. Se consta ausencia de higiene personal y de espacios físicos; los baños carecen de limpieza mínima, se ven pañales tirados en el piso, tachos repletos de residuos…”, entre otras cuestiones.Esta situación puede considerarse de rápida modificación y mejora. Pero se detectaron otras que no son tan sencillas. Por ejemplo, hay chicos de los que se desconoce su origen o procedencia: si los envió la Justicia, la Policía o los propios familiares. Al parecer, ni siquiera habría constancia de que los niños, niñas y adolescentes asistan a la escuela.De acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, es oficial la confirmación respecto del estado de salud de los niños alojados en El Refugio. Actualmente, los que más necesitan asistencia son llevados al Hospital de Pediatría. Asimismo, se llevan adelante los trámites para lograr que esos pequeños, con discapacidades psicomotrices, puedan acceder a lo que se denomina CUD (Certificado Único de Discapacidad). Con este requisito podrán acceder a los beneficios que la ley prevé para ellos.El colmo se produjo cuando se supo que hay menores indocumentados, con todo lo que ello significa.El Ministerio de Desarrollo Social es el órgano de aplicación en estos casos, pero no sólo en políticas de asistencia, sino también de control. Debe velar por las condiciones de existencia de los menores en los hogares, en lo sanitario, alimenticio; en la salubridad e higiene del espacio físico; en las condiciones edilicias; en un monitoreo permanente del estado de salud etcétera.El caso de El Refugio debe servir para mejorar; para construir y progresar. Es innegable que hay desidia del personal de ese hogar; pero sobre todo del Estado que no controla las condiciones.Sería bueno también que la Justicia tome cartas en el asunto; que su rol no se limite solamente a enviar menores de edad, sino a controlar también las condiciones del lugar, porque incide en el bienestar y progreso de los mismos. No se necesitan cuantiosos recursos; alcanza en ocasiones con voluntad para hacer un poco más. Tolerancia ceroLa minoridad es una cuenta pendiente para el Gobierno renovador; aunque a esta altura asoma ya como incobrable. Su ausencia es notoria en la problemática infanto-juvenil, en cualquiera de sus manifestaciones.Las anomalías en El Refugio no constituyen el único antecedente en este sentido. Hubo otros y más graves anteriormente.Basta recordar lo que ocurrió con el hogar Tabita, en Montecarlo, donde su director, Omar Raúl Mudry, era acusado de los delitos de promoción a la corrupción de menores y abuso sexual con acceso carnal, entre otros delitos, y condenado a treinta años de cárcel.Hubo denuncias con anterioridad que fueron pasadas por alto por las autoridades.Las políticas públicas brillan por su ausencia en otros aspectos también, como el flagelo de la droga que afecta a miles de niños en Posadas y el interior, que los lleva a delinquir cada vez a más temprana edad.Eso sí, el spot recurrente, al que apela Closs en forma asidua, es el de la “mano de hierro”, como se diría en Centroamérica. “Tolerancia cero”. Es decir, “el que delinque, adentro”, sea el delito que fuere, sin importar edades ni circunstancias. Claro que el Gobierno no aclaró, al menos hasta el momento, qué ocurrirá cuando algún funcionario esté sospechado de quedarse con lo que no es suyo.El hacinamiento en los hogares no es más que otro parámetro, otro termómetro que mide la ausencia y la indiferencia del Estado provincial respecto de lo que sucede con los menores de 18 años (un 63% de ellos, pobre). Tres años sin Isabel HerreraLa fundadora del hogar “El Refugio”, Isabel Herrera, murió en un accidente de tránsito el 30 de mayo de 2011. Era una mujer incansable y sin tapujos para cuestionar la falta de apoyo del Estado con el hogar de niños que abrió sus puertas en 2000 para dar contención a niños en situación de alto riesgo social. PRIMERA EDICIÓN siguió de cerca sus pasos. Cada vez que denunció que no le enviaban los fondos para los alimentos de los niños desde el Gobierno, cuando expuso los problemas edilicios y la falta de espacios para el promedio de 30 a 40 chicos que albergaba. También cuando compartió su orgullo porque uno de los chicos fue abanderado, aquella vez que llevó a todos los chicos a comer a un restaurante de Posadas, cuando logró que el Gobierno le diera una pileta de lona para que los chicos se refrescaran en el verano… Al morir Isabel, su hijo Mario Herrera se hizo cargo de la presidencia del hogar de niños. En estos últimos años, la asistencia del Estado fue más regular, aunque siempre insuficiente.
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