Adepa condenó aplicación de la ley antiterrorista

BUENOS AIRES (DyN). La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) condenó la denuncia penal contra el periodis­ta Juan Pablo Suárez, presentada ante el fuero federal de Santiago del Estero dentro de la Ley antiterrorista, la emparentó con “sistemas políticos to­talitarios” y exhortó a los protagonistas de la vida pública a que “se abstengan de introducir cuñas, fruto de la intolerancia” y a ejercer “la coerción legal o la violencia encubierta”.En un comunicado, la entidad señaló que “atribuir a un periodista un comportamiento delictivo, tipificado en la llamada ley de antiterrorismo, por haber informado sobre hechos de violencia que se habrían producido en la provincia de Santiago del Este­ro con motivo del conflicto suscitado en sus fuerzas policiales a fines del año pasado” constituye “un precedente sumamente grave para el futuro desenvolvimiento de la prensa libre en la Argentina”.Adepa agregó que la acción judicial propi­cia una interpretación arbitraria del Código Penal “para legalizar el deli­to de opinión”, un procedimiento que “sólo es concebible en sistemas políticos to­talitarios”.Según la entidad que nuclea a los editores de diarios, en este tipo de regímenes “los gobernantes, incluyendo a jueces y fiscales, partici­pan de su intolerancia socavando las bases de la libertad de expresión democrática”.Para Adepa, esta conclusión “se impone” al advertir que se impu­ta a Suárez la incitación pública de la violencia colectiva contra perso­nas o instituciones, con la finalidad de aterrori­zar a la población, aunque “con motivo de haber ejercido su derecho de información, opinión o crítica sobre temas institu­cionales o de relevante interés público”.También dijo que “en resguardo de la libertad propia de un régimen demo­crático, las opiniones, informaciones o críticas no pueden ser penalizadas cuando se traducen en la afirmación o negación de hechos institucionales, cualquiera sea su intensidad o aptitud para la eventual lesión de senti­mientos colectivos”.Según Adepa, en definitiva, ello “configurará una condena para el pluralismo, con el consiguiente cercenamiento de las libertades”.