Empalmes

Paradójicamente, mientras el Gobierno estrenaba el nuevo material adquirido en China para el Ferrocarril San Martín, mediante una inversión en esa línea ferroviaria sin parangón en medio siglo, y conseguía el acuerdo legislativo para pagar la indemnización a Repsol, consolidando el pacto de la estatal YPF con la petrolera Chevron, la atención pública se desplazó a la  decisión sorpresiva del ministro Kicillof de no difundir los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, que incluye los índices de pobreza e indigencia.Desde la oposición, el diputado y economista Claudio Lozano apuntó todos los cañones hacia el área oficial, asegurando que el “manotazo” de último momento del ministro no se debió a “problemas metodológicos de actualización y de empalme con el nuevo IPC nacional”, como había explicado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sino a tratar de ocultar que hoy, luego de más de una década de gobierno K, el país exhibe escandalosos índices sociales: un 36,5% de pobres y un 12,1% de indigentes.Lozano basó sus críticas en las cifras de un estudio del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), según las cuales  “desde el año 2007 hasta el 2013 el IPC creció un 337,6%, casi 4 veces más de lo que dice el Indec mientras el rubro de Alimentos y Bebidas aumentó casi el doble que el nivel general (597%), es decir, más de 7 veces lo que estima el Indec”.La alusión al organismo oficial no es casual, ya que detrás de la embestida del diputado opositor   se pueden ver tanto ópticas políticas diferentes como los efectos  del escenario de sospechas y fuertes tensiones que dejó la intervención del Gobierno, en su momento a través de la figura del polémico Guillermo Moreno. Los datos que dio Lozano se basaron también parcialmente en el Indec, al provenir de cálculos confeccionados por la junta interna de ATE en ese Instituto y del índice de inflación que elabora Graciela Bevacqua, desplazada por la intervención kirchnerista de su cargo de directora de Precios. Según el estudio, entre el segundo semestre de 2012 y 2013  hubo 1,8 millón más de pobres, en tanto que en  los últimos seis meses la indigencia habría crecido un  6,3%. El informe aborda también las asimetrías nacionales, que ubican a los peores índices de pobreza en el NEA y el NOA. Las más afectadas por la pobreza son Chaco (61,6%), Formosa (55,2%), San Juan (54,5%) y Corrientes (50,9%). Misiones, por su parte, se ubica en el tercer lugar del país en cantidad de indigentes, condición en que se encuentra -según el estudio- el 21,7% de su población. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina dio a conocer otras cifras:  en el último trimestre de 2013 la pobreza se incrementó y llegó al  27,5% de las personas y el 17,8% de los hogares. A su vez, el nivel de indigencia medido por personas cayó de 5,8 al 5,5% y se mantuvo en el 3,2% considerado por hogares. Parafraseando la explicación oficial, se puede decir que los planteos estadísticos, evidentemente, empalman con los posicionamientos de las distintas fuerzas políticas en la carrera a las presidenciales de 2015; un objetivo mucho más cercano desde la óptica partidaria que desde el complicado día a día del ciudadano de a pie. En este marco, mientras desde la oposición se cuestionan las medidas de ajuste que tienden a contener el consumo popular y la caída de la actividad en muchos sectores, incluyendo la “niña mimada K”, la industria (que cayó 6% el último mes), el Gobierno sostiene que la desaceleración de los precios que informó el Indec se instala como una tendencia hacia adelante y avizora, ayudado por la resolución de las paritarias, un escenario de mayor estabilidad gracias a cuestiones como el ingreso de divisas de las cerealeras, el despegue del acuerdo Chevron-YPF y el reingreso a los mercados financieros internacionales.Excesos a la vistaEn la provincia, esta semana efectivos de la Policía provincial volvieron a intervenir -deteniendo a varios participantes y dirigentes- en una manifestación de organizaciones sociales (la CCC)  que pedían trabajo en el centro posadeño. Los excesos en el uso de la fuerza policial insisten en un esquema de criminalización de la protesta que ignora no sólo la legitimidad de los reclamos, sino el problema de crecimiento de la pobreza, visible en las estadísticas que no reconoce el Indec. La tendencia al uso de la fuerza es signo de falta de políticas específicas eficientes, tanto como de una clara gestión de gobierno.  Vale recordar, en este contexto, la autocrítica por “aburguesamiento” que ensayara no hace mucho el propio gobernador Closs, sin mayores consecuencias. El síndrome de desgaste que sufre el Gobierno parece más vivo que nunca si se tienen en cuenta episodios como las inflamables declaraciones del exdiputado Buiak, actual titular de Agricultura Familiar en el Ministerio del Agro, quien, ante amenazas de despido, salió a hablar de una corrupción generalizada en la cartera agraria, mencionando el nombre del ministro Ortega y del jefe de Gabinete, “Pelito” Escobar.  La inacción oficial ante la opinión pública resuena como un verdadero escándalo por la escasa y nula reacción del Gobierno ante la evidente  responsabilidad  del titular de Vialidad Provincial, Julio Duarte, en la tragedia de Acaraguá.  Hasta el clossista “Balero” Torres salió en la semana a pedir la cabeza de Duarte, mencionando el costo político que, sin dudas, pagará el Frente Renovador por la inacción del Gobernador y del propio titular de la DPV. Con razón, un observador agudo del tablero interno de la renovación se escandalizaba por la actitud de Duarte de presentar un certificado médico en lugar de asumir su responsabilidad y poner su renuncia a disposición de Closs:  “¡Es increíble, el jefe de la doctrina del partido renovador escondiéndose detrás del Estatuto del Empleado Público!”. La mezquina reacción del funcionario potencia los comentarios sobre una protección de parte de Rovira, a quien Duarte se remite como jefe político desde los inicios de su carrera. En el rovirismo dicen que el exdiputado hace tiempo que  no cuenta con la confianza plena del titular de la Legislatura, pero no explican por qué, entonces, el Gobernador demora innecesariamente el gesto de pedirle la renuncia. La explicación de que Closs no hace nada porque está acostumbrado a no actuar y porque no ve la ve
ntaja de cambiar en lo que le queda de mandato deja en ascuas la pregunta sobre quién pagará, finalmente, el costo político de la inacción. En el arco opositor, menguados  los cruces internos en el radicalismo, originados por los coqueteos del jefe partidario Hernán Damiani con el massismo y sus escapadas por fuera de la Carta Orgánica para afianzar una posición de poder en el entorno partidario, en el Partido Justicialista se aclara en parte el panorama. La desmentida de la diputada nacional Julia Perié del nombramiento como “normalizador” del exfuncionario puertista Ricardo Vely había causado un inicial desconcierto respecto a la misión de este último, sus causas y consecuencias.  La realidad es que el hombre ya cumplió con la misión encomendada por el “Chueco” Mazzón, un dirigente encumbrado en el tortuoso mundo de la interna pejotista quien es además amigo personal de larga data de Vely. Se trataba de intervenir a tiempo para salvar al PJ misionero de una muerte por inanición que hubiera repercutido, eventualmente, hasta en la estructura nacional. Es que el PJ venía siendo conducido con mandatos vencidos, primero por Luis Viana y luego por Juan Manuel Irrazábal; y desde la conducción nacional se urgió una normalización, al menos, de su representación en el Congreso partidario.Vely ya eligió los doce congresales que le corresponden a Misiones para la reunión pactada para el próximo 9 de mayo, donde el PJ nacional elegirá autoridades y pondrá en regla al partido como herramienta electoral de cara a 2015.  A pocos días de la asamblea legislativa del Primero de Mayo, finalmente, se espera que ésta de lugar, si no a anuncios trascendentes, al despegue de un escenario de mayores definiciones.