POSADAS. El polémico proyecto de “Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas” presentado por diputados kirchneristas, sigue generando rechazos, incluso dentro del mismo oficialismo, donde existen varias organizaciones piqueteras (más información en página 11).En Misiones, la idea de “regular” las protestas sociales, fue rechazada por las principales organizaciones que protagonizan cortes de calles, rutas y piquetes, sosteniendo reclamos sin respuesta provincial ni nacional.Así lo expresaron a PRIMERA EDICIÓN los representantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) consultados por la iniciativa (ver recuadro).No faltaron las críticas a los diputados nacionales por Misiones que integran el bloque del FpV (renovadores y justicialistas), especialmente a la sindicalista “Marilú” Leverberg, por acompañar con el voto las iniciativas K.Y prometieron luchar contra la iniciativa anti-piquetes en las calles con manifestaciones.“Afecta el derecho de los que no tienen derechos”El titular de la CCC Misiones, Felipe Mazzacotte, aseguró a este diario que “el pueblo no se va a intimidar. Nosotros, tenemos que salir a luchar porque no tenemos nada. En el transcurso de 10 años, el pueblo argentino se acostumbró que cuando no son escuchados sale a la calle a pelear. Si no nos escuchamos, salimos a pelear a la calle”.Agregó que “por la mayoría de diputados que tienen, se va a terminar aprobando. El día que sople otro viento, a lo mejor el mismo movimiento obrero derogará la ley”. Y respecto al voto de los diputados nacionales por Misiones aseguró que “existe la obediencia debida. El FpV seguro votará todo como hasta ahora que votaron leyes muy jodidas (SIC) a favor del Ejecutivo”. Mazzacotte de CCC afirmó que la iniciativa “afecta derechos de los que no tienen derechos a sobrevivir, a pelear por un pan y un trabajo digno”. Y dijo que “se busca meter miedo, seguramente va a haber más represión. porque no hay respuestas favorables. Vamos camino a una mayor crisis seguramente. Por eso preparan leyes para meternos presos a los que salgan a pelear a las calles”.“No se ocupan de las causassino de las consecuencias”Por su parte, el profesor Carlos Lezcano, del MPL, opinó que “ante el brutal ajuste que aplican Nación y provincia, lo que buscan es legitimar la represión en las protestas sociales. Creo que, en lugar de ocuparse de las causas que llevan a trabajadores y desocupados a protestar como último grito de auxilio; no se ocupan de las causas sino de las consecuencias. Se le está cayendo la careta a este gobierno que se dice progresista”.Admitió a este diario que ven al proyecto de ley “con mucha preocupación y vamos a proponer una mayor unidad para resistir a esto”.Dijo que pedir a los legisladores nacionales una audiencia para hablar del tema “sería un trabajo inútil, más teniendo en cuenta que una de esas diputadas es una representante sindical docente, por la que hace cinco años tuvimos que salir a las calles a torcer los acuerdos espúreos firmados por ella en contra de los trabajadores. Pero vamos a resistir”.Lamentó que según el proyecto, los trabajadores deban avisar de las manifestaciones, cuando “el estado no se da cuenta de su propia desidia”.“Hay que invertir la discusión”El dirigente Juan Passaman (ATE/CTA) afirmó a este diario que el proyecto anti-piquete “como otras medidas del gobierno, no actúan sobre el fondo de los problemas de la gente. Sino que lo hacen sobre sus consecuencias. Ya existe en el país una ley Antiterrorista y no se resolvieron los problemas de la gente”. Sugirió “invertir la discusión para ver cómo se resuelven los problemas de la gente”, en un contexto de “ajuste que va a causar reacción desde la gente. A principio de año, un sector importante de la sociedad planteó el reclamo salarial, algunos legisladores copiaron proyectos de la década del 90 y plantearon la declaración de la educación como servicio esencial para regular l a posibilidad de paros en las escuelas”.Finalmente, dijo que “el piquete no es el conflicto, sino que es la manifestación del conflicto”. Legitimidad y mediaciónEl diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini es el autor del proyecto de ley anti-piquetes. Admitió que la propuesta surgió de un pedido de Jorge Capitanich, Jefe de Gabinete nacional.Para el proyecto, se entiende como “manifestación pública toda reunión no violenta de personas con un interés común, sea prevista o espontánea, que se desarrolla por un período limitado de tiempo en el espacio público con el objeto de reivindicar derechos o reclamar ante autoridades públicas o entidades privadas”.Considera que la protesta es “legítima”, cuando “reúne los siguientes elementos: a) No impide el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los relativos a la educación, la seguridad y la salud públicas; b) No impide totalmente la circulación de personas y vehículos en una dirección determinada; c) Permite la libre circulación, en todos los casos, de grupos especialmente vulnerables, como niños, adultos mayores, discapacitados y enfermos, entre otros; d) Los manifestantes no cometen delitos previstos por el Código Penal durante la misma; e) Es notificada en los términos de la presente ley”.Aclara que “Cuando estos elementos no se encuentren reunidos, se considera que la manifestación es ilegítima” y habilita al uso de la fuerza pública. Para ello, el artículo 10 del proyecto indica: “Una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objeto de garantizar esos derechos, pero siempre sometiéndose la actuación de éstas a los procedimientos y límites previstos en los capítulos II y III”.El autor propone una mediación previa obligatoria, para lo cual solo habilita a ejercerla a personal civil del Ministerio de Seguridad de la Nación, pudiendo además “asistir personas del ámbito público o privado con competencia para resolver el reclamo en cuestión y funcionarios del Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo de la Nación”.Con un plazo de mediación de dos horas, el oficialismo propuso que en ese lapso de tiempo, “El mediador civil se limitará a pactar las condiciones del cese de la perturbación a derechos de terceros que eventualmente genere la manifestación. Asimismo, debe identificar las demandas para su canalización
al área que corresponda, mediante la coordinación de reuniones y encuentros entre los manifestantes y representantes de agencias estatales o entes privados. Le compete al mediador acordar la agenda a tratar en reunión entre las partes”; y quedará “facultado para recibir denuncias relacionadas con incumplimientos de las fuerzas de seguridad a las normas legales”.
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