En riesgo

BUENOS AIRES (Reuters). En un comedor comunitario de un barrio marginal de Buenos Aires, Alejandro Monzón agachó su cabeza mientras hacía fila a la espera de un plato de comida y comenzó a relatar las vicisitudes que ha pasado en el último año.Los precios de los alimentos se dispararon, se quejó el trabajador de mantenimiento de 29 años de edad, golpeando sus limitados ingresos mensuales y obligándolo a depender de la caridad para alimentar a su esposa y a sus seis hijos.“No quería llegar a esto. Pero ya no me alcanza la plata”, dijo. Pero, Monzón no es el único.Una fuerte devaluación de la moneda en Argentina en enero agravó los efectos de una de las tasas de inflación más elevadas del mundo, amenazando con desintegrar la generosa red de asistencia social del Gobierno, uno de los pilares de la política económica de la presidenta Cristina Fernández.Actualmente, una de cada cuatro familias argentinas depende de los subsidios estatales, que van desde planes de desempleo hasta subvenciones para estudiantes de escasos recursos, luego de una década en la que los gastos en asistencia social crecieron al mismo ritmo que la fuerte expansión de la economía.Monzón fue uno de los millones de argentinos que se benefició de las políticas asistenciales de Fernández. Pudo mudarse a un apartamento más grande construido por el Gobierno, y consiguió un trabajo en un supermercado que le permitió comprar un auto y un televisor de pantalla plana.Pero, el incremento de los precios al consumidor en los últimos años devoró su salario mensual de 4.000 pesos argentinos (507 dólares al tipo de cambio oficial o unos 350 dólares a la tasa del mercado negro), profundizando la queja que resuena a lo largo del país.Monzón observó cómo en poder de compra de su salario cayó aún más el mes pasado cuando el peso argentino se depreció bruscamente, lo que provocó un alza en los precios de los alimentos y de otros bienes.Acusado de esconder durante años la inflación real, el Gobierno difundió recientemente un nuevo índice de precios al consumidor que develó un alza en enero de un 3,7%, el nivel más alto en más de una década. La mayoría de los economistas ha sostenido que la inflación del país fue en el 2013 superior al 25% anual, mientras que las autoridades la estimaron en poco más de 10%.El crecimiento de esa brecha ha estado acompañado de una sensación de que los subsidios gubernamentales, actualizados en base a datos oficiales, ya no valen lo mismo que antes.Hace unos meses, Monzón llegó a su punto de quiebre. A medida que cada vez una mayor parte de los ingresos familiares se destinaba sólo a poner alimentos sobre la mesa, decidió buscar ayuda en el comedor comunitario Los Piletones.Días atrás, una fila de adultos y niños, algunos de ellos con un plato en sus manos, se extendía fuera del comedor y alcanzaba a las calles polvorientas de la barriada Villa Piletones. Adentro, trabajadores repartían guiso de carne y la gente comía en largas mesas de madera.Beatriz Antúnez, quien ayuda a administrar Los Piletones, dijo que vio que las filas de gente que buscaba un plato de comida comenzaron a crecer a finales del año pasado. “La gente hoy en día tiene que elegir cómo se gasta la plata. Y cómo los precios de comida han subido mucho, vienen acá”, señaló.Prohibido negociarMientras que los poderosos sindicatos de Argentina tienen la fuerza para demandar importantes alzas salariales que sigan el ritmo de la inflación, aquellos que subsisten de la asistencia pública dependen de que las autoridades incrementen las subvenciones.“Los más pobres son siempre los más sensibles a la inflación”, dijo Eduardo Amadeo, un ex secretario de Desarrollo Social que dirige un centro de estudios para combatir la pobreza. “Pero no pueden negociar sus subsidios. Su única herramienta es salir a las calles”, agregó.Aunque no han habido protestas de gran escala recientemente, algunos grupos de argentinos de bajos recursos realizaron un día de manifestaciones luego del derrumbe del peso en enero y demandaron un alza del 40% en los subsidios en efectivo para los desempleados.Mantener controlada la tensión social será una de las prioridades en el tramo final del mandato de cuatro años de Fernández, su segundo consecutivo. De acuerdo a la Constitución, no podrá presentarse por una tercera vez y dejará el gobierno en diciembre del 2015.En las calles de Buenos Aires, las señales de las dificultades económicas son evidentes. Algunos de los famosos bulevares que le dieron a la ciudad la reputación de ser la “París de Sudamérica” se ven poblados de familias sin techo durante la noche.A la vera de la centenaria estación de ferrocarril de Retiro, en el corazón de la capital, un barrio de emergencia conocido como Villa 31 creció cerca de un 50% en los últimos cuatro años, alojando ahora a alrededor de 40.000 habitantes en modestos hogares que en algunos casos alcanzan los tres pisos.La vulnerabilidad de tantos argentinos sigue siendo un punto sensible para una nación orgullosa de su pasado acaudalado. A inicios del siglo XX, Argentina se encontraba entre los países más ricos del mundo gracias a su industria cárnica y sus exportaciones de trigo.Sin embargo, una serie de crisis financieras a lo largo de las últimas décadas golpearon a su extendida clase media. Durante el colapso económico que siguió a la declaración del cese del pago de la deuda soberana en el 2002, casi la mitad de la población del país cayó por debajo de la línea de pobreza.Fernández y su difunto marido y predecesor en la presidencia, Néstor Kirchner, cambiaron la tendencia gracias, en parte, a un vasto abanico de programas de ayuda social y un fuerte crecimiento económico que duró varios años. Kirchner asumió la presidencia en el 2013 y cuatro años después dio un paso al costado para que compitiera Fernández.Con altos niveles de aceptación por haber sacado al país de la crisis, se esperaba que intentara competir por un segundo mandato, pero murió en el 2010 cuando se acercaba el fin del primer gobierno de su esposa. “No hay duda que las cosas están mejor que hace diez años”, dijo Daniel Arroyo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y ex viceministro de Desarrollo Social. “Pero, muchos de los logros han sido a través de transferencias directas de dinero en lugar de nuevos puestos de trabajo”, añadió.Estirado al máximoEl crecimiento formal del empleo se ha marchitado en los últimos años de la mano de la caída de la in
versión privada, espantada en muchos casos por las políticas de línea dura de Fernández hacia el sector, dicen economistas.Al mismo tiempo, el costo de los programas sociales del Gobierno y de los planes de subsidios ha crecido hasta representar el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, desde el 10% de hace una década, señalaron economistas de la Universidad Católica de Argentina.Debido a que el Gobierno ha subvaluado las cifras de inflación desde el 2007, sus números de pobreza ahora también se encuentran bajo sospecha.De acuerdo a datos oficiales, un adulto puede cubrir sus necesidades básicas y superar la línea de pobreza con menos de 600 pesos (75 dólares) por mes. Economistas independientes señalan que la canasta de alimentos básicos ahora cuesta al menos el doble.El resultado es una tasa de pobreza oficial sorprendentemente baja -inferior al 5% el año pasado-, teniendo en cuenta que millones de argentinos vieron cómo sus salarios se inflaron sobre una línea de pobreza artificialmente baja.De acuerdo a analistas privados, el nivel de pobreza podría ser hasta cinco veces más alta que el que dice el Gobierno.Con las finanzas gubernamentales bajo presión, más gastos fiscales podrían agravar la peligrosa espiral inflacionaria en el que Argentina está envuelta. Sin embargo, permitir una caída en el valor real de los subsidios a su vez podría socavar los cimientos electorales de Fernández. “El Gobierno se enfrenta a un dilema social grave”, dijo Amadeo. “Es difícil saber lo que van a hacer”, agregó.El nuevo indicador oficial de precios manifiesta una aceptación tácita de que la inflación es superior a la que el Gobierno venía reportando y podría acarrear incrementos en los subsidios, lo que agregaría más presión a las cuentas fiscales.El año pasado, el déficit público antes del pago de la deuda se quintuplicó debido al incremento de los subsidios.Fernández ha hecho reiterados anuncios este año de nuevos o ampliados programas sociales. Más recientemente, triplicó el subsidio que reciben las familias para la compra de útiles escolares, justo cuando está comenzando un nuevo año académico.Aún así, Monzón dijo que él y su esposa evaluaron el presupuesto familiar y se dieron cuenta de que tendrían que recortar el gasto si querían comprar los materiales escolares de sus hijos. “Todavía no me cierran los números”, expresó.