BUENOS AIRES (NA). La Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un nuevo informe con duros cuestionamientos al otorgamiento de subsidios por un total de 19.327 millones de pesos a empresas de transporte de colectivos entre 2010 y 2011 y advirtió sobre “riesgos en el uso de fondos públicos” en el área.“La combinación de subsidios de una creciente significatividad económica, respecto a los cuales no existe obligación de rendir cuentas, y la verificación de debilidades de control tanto en el diseño como en su aplicación, suponen riesgos en el uso de fondos públicos que deben ser subsanados”, señaló la AGN en su informe.A su vez, el presidente de la AGN, Leandro Despouy, afirmó que “el dinero público en juego” en el caso de los colectivos “es muchísimo más que el de los subsidios a los trenes” y al respecto señaló que “la empresa de colectivos más beneficiada es Plaza”, de los hermanos Cirigliano, “que también han recibido subsidios millonarios por su otra empresa de transporte público de ferrocarril, TBA”, ex concesionaria del ferrocarril Sarmiento.“Si sumamos los subsidios que ha recibido Cirigliano por los colectivos entre 2010 y 2011, 508 millones de pesos, y por TBA de 2003 a junio de 2010, 1.924 millones de pesos, nos da un total aproximado de más de 2.430 millones de pesos”, subrayó Despouy.El informe de la AGN comprende la gestión de 2010 y 2011 de la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) -es decir cuando el área estaba bajo la órbita del Ministerio de Planificación- en relación con los subsidios a empresas otorgados mediante el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) y el suministro de gasoil a precio diferencial.Las empresas que más subsidios del Estado recibieron en entre 2010 y 2011 fueron el Grupo Plaza ($508 millones, 2,63%), Línea 216 ($418 millones, 2,16%), Consultores Asociados Ecotrans ($402 millones, 2,08%), La Nueva Metropol ($336 millones, 1,74%) y Micro Ómnibus Quilmes ($318 millones, 1,65%), indicó la auditoría.“La determinación del monto del subsidio a distribuir entre las empresas permisionarias y el sistema de cálculo de los coeficientes de participación y de distribución presenta debilidades”, señala la AGN en su informe, aprobado ayer.Al respecto, agrega que “los costos de explotación aprobados” se basan en “una empresa modelo, cuyos datos teóricos no se contrastan con los de las empresas reales, ni se comparan los precios asignados a los rubros de la estructura de costos con los costos efectivamente erogados por las empresas”.“No consta la realización de estudios o análisis de los costos reales anuales de cada empresa, de su evolución desde la vigencia del presente régimen de subsidios, ni que se hubiere estimado el porcentaje de los costos que cubre el sistema de subsidios”, aseveró la AGN, presidida por el radical Despouy.Indicó también que “no existe estructura de costos aprobada para el servicio de transporte de pasajeros del interior del país”, lo que implicó “la transferencia de fondos públicos sin contar con una base teórica que le dé sustento”.También señaló la falta de “un procedimiento de rendición de cuentas para las empresas” y que “se ha verificado la ausencia de un Plan Anual de Auditoría” para los cupos de gasoil a precio diferencial.“Los procedimientos utilizados para la liquidación y control del subsidio al gasoil permiten que haya beneficiarios que se les calcule (y finalmente perciban) un subsidio mayor al que les corresponde, toda vez que se ha verificado que no se cuenta con un mecanismo para detectar oportunamente la disminución de servicios en las empresas prestadoras”, apuntó la AGN.Señaló también que detectó “empresas que ya no prestan servicios o que prestan menos servicios que los declarados” y que “en estos casos no se aplican sanciones ni se exige el reintegro del gasoil excedido”.
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