CANDELARIA. La gente de esta localidad subió ayer al micro con escepticismo. No confía en el monopolio que maneja el transporte metropolitano y menos desde que la semana pasada le aplicó un aumento tarifario arbitrario. Lo primero que leyó en las unidades fueron los cartelitos en los que confirmaba que desde las 0 del 27 de enero, el boleto bajaba de 9 a 5 pesos “en símbolo de razón y buena voluntad”. Fue una buena noticia, luego de tanto atropello.Tal como se había adelantado desde el domingo, si el precio del boleto bajaba, quedaban suspendidas todas las medidas de protesta que los vecinos tenían previsto. En la víspera, el tránsito de colectivos fue normal. El único inconveniente fue para los que tenían la tarjeta SUBE: al pasar el plástico por la máquina lectora, le cobraban 9 y no 5 pesos. De acuerdo con lo que manifestó a la prensa posadeña el alcalde Carlos Flores, que se negó a firmar el boletazo que sí lo rubricaron los municipios de Posadas y Garupá, “los usuarios estaban muy contentos y un poco más aliviados, nosotros hoy salimos a la madrugada a constatar que se cumplan los valores que se comprometieron a cobrar. De todas formas estos precios van a regir hasta que nos sentemos a dialogar”. Y esa negociación entre Comuna y empresas del Grupo Z se daría entre hoy y mañana. Entonces se fijará una nueva tarifa.Por otra parte, ayer se supo que la jueza Civil y Comercial 2, Rossana Venchiarutti, aún no se pronunció acerca del recurso de amparo que presentaron los concejales del interbloque opositor del deliberativo posadeño en contra del boletazo. Trascendió que tendría plazo hasta el miércoles.Denuncia de un vecino en el Concejo posadeñoTambién en Posadas, el presunto intento de ahogo de la competencia y diversas irregularidades contractuales y de servicio que vendría cometiendo el grupo Z como prestadora hegemónica del transporte público de pasajeros despertó la inquietud de un habitual usuario de ese servicio, quien presentó ante el Concejo Deliberante local un proyecto para que se pida informes al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) sobre si aquellas cuentan con la anuencia comunal y son de conocimiento de éste. Superposición de recorridos con nueva líneas en sectores ya cubiertos por una empresa de la competencia (Bencivenga SRL), suspensión de servicios los fines de semana de la línea 11, deficiencias en las unidades de transporte e incumplimiento de horarios y frecuencias son las cuestiones que se pregunta el escritor y periodista Ramón Agustín Alegre en la presentación hecha ayer ante Mesa de Entradas del deliberativo capitalino (expediente 143-A-2014). Advierte en ella sobre “la mirada indiferente por parte del Estado ante el avance y la consolidación de posición dominante por parte de una empresa”, ya que “no sólo le facilita a ésta la destrucción de empresas competidoras de menor poder económico, sino además de facto le está regalando el poder para que imponga sus propias reglas, empujado a los consumidores a un terreno de total desprotección”. Precisa que el control de esa situación es una “facultad indelegable” del Estado y “jamás puede ser entregada a otro ente, ya sea por descuido, impericia o cualquier otra flaqueza de funcionarios públicos circunstanciales”.“El mismo Estado debe poner en marcha mecanismos de prevención, cuando está en riesgo este atributo”, subraya Alegre, al fundamentar su solicitud.La razón de ser del EstadoLa iniciativa presentada ante el Concejo Deliberante local, apunta a que el DEM, a través de la Dirección de Transportes, informe sobre las cuestiones planteadas y sobre las medidas concretas que “llevó o lleva a la práctica para prevenir o corregir las irregularidades que pudieran existir”, ya que, precisa, “si el Estado involuntariamente, o no, observa indiferencia a cómo se materializa esta estrategia empresarial, (…) perderá uno de los atributos esenciales que constituyen su razón de ser”.Describe además aspectos de la estrategia empresarial que, señala, “apunta a un progresivo ahogo” de la competencia, “quedando a un paso de convertirse en un verdadero monopolio”. Con éste constituido, “no les será difícil disciplinar a los funcionarios municipales”, alerta.“En sociedades como la nuestra, el Estado es el responsable de controlar para que no se produzcan inequidades extremas. Cuando eso ocurre, las víctimas terminan siendo personas de carne y hueso, que tienen como único medio de protección ante abusos de este tipo, a la institución estatal”.“Más aún, cuando el costo lo pagan los más débiles de la cadena social, que siempre representan la gran mayoría”, concluye Alegre en su presentación.
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