MONTEVIDEO, Uruguay (AFP-NA). El presidente José Mujica, promulgó la ley que legaliza la producción y venta de marihuana en el país bajo estricto control del Estado y que fue aprobada hace dos semanas por el Parlamento.El mandatario promulgó la ley en el límite del plazo legal de diez días hábiles tras el visto bueno del Parlamento, informó el prosecretario de la presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Cánepa, en declaraciones a medios locales.La JND dispone de 120 días desde su aprobación por el Parlamento para regular su aplicación y que, finalmente, entre en vigor en el país.El éxito de la nueva política uruguaya “depende sustancialmente” de que los organismos de control como la Dirección General de Prevención del Tráfico de Drogas, aduanas, la policía aeroportuaria y otros “tengan incluso mas rigor que en la actualidad”, afirmó recientemente el secretario general de la JND, Julio Calzada.La nueva ley es una “herramienta” para “desestructurar” el mercado ilegal de drogas que “tanto daño causa”, explicó el funcionario, quien agregó que desde la Junta se trabajará con varios ministerios para “regular” la aplicación de la ley.Entre los puntos a definir están las licencias que deberá emitir el recientemente creado Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) para permitir la producción, acopio y distribución de marihuana, las licencias para expender la droga en farmacias, otras licencias para cultivadores de consumo personal y clubes de cannabis, admitió Calzada.También se deben definir el tipo de licencias para el uso terapéutico, médico y cosmético de la marihuana.El secretario de la JND dijo que el Gobierno “está trabajando” en el sistema de registro que se instrumentará una vez esté reglamentada la ley, mediante un software para permitir un “control generalizado” del sistema “desde el momento de la producción de la marihuana hasta su venta”.Además, destacó la voluntad de la Administración del presidente Mujica de crear un “comité científico” con académicos e intelectuales de varios países como “observadores” del proceso y para recomendar eventuales cambios.
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