La última semana se distinguió por las caóticas imágenes de las protestas de usuarios del servicio eléctrico de Capital Federal y Gran Buenos Aires, indignados con los abusos sin precedentes en los cortes del suministro eléctrico, debido a “la mayor demanda de energía eléctrica de la historia” y “las tarifas más bajas de Latinoamérica”, según las prestatarias. La advertencia del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, de que el Gobierno no dudaría en estatizar el servicio si las concesionarias no cumplen, descomprimió en parte la situación, aunque no hizo desaparecer el mal humor social que – más allá del caso puntual del área metropolitana- surge en el país en general a causa de la inflación, recordando una célebre frase: “Los precios van en ascensor y los salarios suben por la escalera”. Los saqueos a supermercados durante la reciente movilización policial en veinte provincias -que derivó en incrementos salariales en muchos casos del 100%, poniendo a prueba la solidez fiscal de las provincias- dieron lugar a rumores sobre posibles nuevos saqueos y disturbios los días 19 y 20, aniversario de la represión que en 2001 acompañó a la caída del gobierno de De la Rúa.Los refuerzos que dispuso el Gobierno en materia de seguridad y los procesamientos y arrestos en varias provincias vinculados a los saqueos -entre ellos la detención de 11 policías en la provincia de Tucumán- colaboraron, aparentemente, para que no se cumpla la profecía de un caos incontrolable, sin embargo, la “sensación térmica” fue consistente y hasta los comerciantes del microcentro posadeño se hicieran eco del insistente rumor. Ante datos alarmantes de lo sucedido en las últimas semanas, como el alto número de muertos que dejaron los disturbios, no faltaron las comparaciones con la crisis terminal de 2001; forzando un paralelo que se sostiene poco en los hechos, dadas las diferencias de los actuales indicadores sociales y económicos con el récord de endeudamiento externo, desempleo y exclusión social en que se apoyaron las jornadas del “que se vayan todos”. Cabe recordar que ese año crítico hubo deflación, mientras hoy la inflación se ubicaría en un 25% y 30%, un valor crítico dada la tendencia que no cede desde 2008 a esta parte; aunque muy lejos del 688% de 1984 o el 193% anual que imperó entre 1976 y 1981.En la huella de Moreno Otro hecho destacado de la semana fue el anuncio de una política de “control popular de precios” basada en un acuerdo firmado entre el Gobierno y las principales cadenas de supermercados e industrias proveedoras, por el cual se mantendrán controlados, a partir de enero y durante un año, los precios de una canasta de consumo que incluye entre 175 y 200 productos. Axel Kicillof aclaró que esta nueva vuelta de tuerca a la política de control de precios “no debe interpretarse como un congelamiento que fracasó”, una alusión a la gestión del renunciado Guillermo Moreno. La nueva estrategia, a diferencia de la que aplicaba Moreno, promueve una administración de precios flexible, que mediante revisiones incorporará las variaciones justificadas de costos. De esa forma, se apunta a lograr el consenso de supermercados y proveedores y -paralelamente- se aplicaría el control popular en los casos de violaciones injustificadas -remarcaciones – a los acuerdos. Desde la oposición advirtieron que el nuevo esquema repetiría las estrategias de control de Moreno y estaría destinado a fracasar. La Cámara Argentina de Supermercados (CAS), por su parte, señaló que “el acuerdo no quiere decir que las cosas estén bien”, pero consideró “realistas y razonables” a los precios, aún no difundidos. El acuerdo acomoda el contexto para las paritarias a iniciarse en los primeros meses de 2014, en las que, a priori, habrá una tensa puja entre las asociaciones obreras y empresarias. El delicado contexto se anunció en las críticas de la CGT cercana al Gobierno que reclamó “paritarias libres”. El titular de la UIA, Héctor Méndez, estimó que en 2014 habrá “un tironeo de un lado y del otro” por los salarios y dijo que las negociaciones salariales son “una de las incógnitas” a resolver. Subrayó la “total falta de rentabilidad” de la industria, pero admitió que la cuestión del tipo de cambio “ha mejorado mucho”.Fuera del dilema central en el período que se viene, representado en las negociaciones paritarias en un contexto de inflación y creciente malhumor social, y mientras la dirigencia política se prepara para las estratégicas elecciones presidenciales de 2015, el allanamiento a las oficinas de la empresa Austral Construcciones, del empresario kirchnerista Lázaro Báez, reflotó las fuertes sospechas sobre las relaciones de este ex empleado bancario con la familia Kirchner; y dio nuevo aire a las investigaciones judiciales, en este caso centradas en la administración de los hoteles de los Kirchner en El Calafate. En la provincia, se volvieron a poner en evidencia los mecanismos de extorsión que utiliza -a través de presuntos reclamos gremiales- el llamado Grupo Z, que goza de una posición monopólica en el sector del transporte urbano; cimentada en una sugestiva condescendencia que cruza transversalmente a todos los gobiernos que -en los últimos años- pasaron por La Rosadita.La supuesta medida de fuerza reiteró la sensación de impotencia de los usuarios; perjudicados por el carácter del servicio, defendido a su vez, a capa y espada por las autoridades. Bajando decibelesEn cuanto a lo estrictamente político, tras la reelección de Carlos Rovira en la presidencia de la Legislatura, se vieron señales de una orden de “bajar los decibeles” a la interna oficialista, como las declaraciones del clossista “Balero” Torres en un programa televisivo, en las que desalentó a quienes se pretenden autopostular para 2015, afirmando que si el propio Rovira no es candidato, el sucesor de Closs se elegiría en una reunión del “núcleo duro” de la renovación. En tanto, la diputada y dirigente sindical “Marilú” Leverberg, salió a advertir que el piso del aumento salarial en 2014 no pasará de un 30 o 35% de aumento en las paritarias docentes del año que viene, impulsada -se estima- desde la Legislatura. Para Rovira, que aspiraría a ser el candidato en 2015 o poner a su delfín,
en principio el actual vicegobernador, es fundamental remontar el clima del período preelectoral que se lanza el año entrante con las paritarias. Sería un mal augurio empezar el año cediendo la iniciativa al sector opositor de la docencia, potencialmente y por historia, el que mayores dolores de cabeza le puede traer al Gobierno provincial; y que ya anunció que pedirá un 60% de aumento salarial. El gobernador Closs en este escenario de turbulencias anunciadas, ya abrió el paraguas, pidiendo moderación en los pedidos de aumento, ya que las arcas provinciales están al límite. El pedido sonó a provocación en el sector asalariado, recordando que el mismo Closs se apuró a otorgar a la Policía provincial un incremento del 35 %, sin que se lo pidan. Desde la oposición, los radicales Cacho Barrios Arrechea y Mario Losada se quejaron en una nota periodística de que, como ex gobernadores, el Gobierno provincial no haya invitado a los festejos de los 30 años de democracia como sí hizo la presidenta Cristina Kirchner con los ex presidentes. “La democracia no se inició en 2003”, señalaron con justeza, aunque la queja por los -reconocidos- malos modales políticos de la renovación debería admitir algún porcentaje de autocrítica, ya que nadie ignora que “Cacho” fue un colaborador en las sombras cuando se hizo la alianza renovadora, y Losada, se comenta, – aunque de líbero- juega hoy en un terreno bastante cercano al área del oficialismo.
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