POSADAS. El aumento salarial otorgado a los policías misioneros generó un efecto dominó en otras áreas de la administración pública, que también salieron a reclamar 35%; situación que pone en graves aprietos al Gobierno provincial, porque no cuenta con recursos para darles el mismo incremento a todos, según admitió el gobernador Maurice Closs.La decisión del Poder Ejecutivo cumplió el primer objetivo: frenar lo que pudo ser un nuevo acuartelamiento (en marzo de 2012 se acuartelaron 10 días y lograron 64% de aumento), pero implica gastos adicionales por 218 millones de pesos en el año.El presupuesto anual del salario policial y penitenciario se elevó de 624 a unos 850 millones de pesos anuales, alrededor de 70 millones por mes. De hecho, los policías y agentes penitenciarios son ahora los empleados oficiales mejor pagos en Misiones.Pero el efecto dominó se extendió a otras áreas de la administración pública, que se sienten discriminados y ahora descreen de la palabra del Gobierno, que hace pocas semanas les negó aumentos por falta de presupuesto pero cedió ante la presión policial.Empleados de Vialidad Provincial fueron los primeros en reclamar 35% de incremento salarial, además de declararse en estado de movilización y alerta.Desde el gremio presentaron un pedido de adecuación salarial, similar a la otorgada a las fuerzas de seguridad, y solicitaron abrir una mesa de diálogo para tratar diferentes temas, otorgando “un plazo de 48 horas para recibir una respuesta favorable, caso contrario se tomarán medidas de acción directa”, aseguraron.En la misma línea se manifestaron empleados de Salud, cuyo punto neurálgico de protesta fue el SAMIC de Eldorado. “Este verso de que no hay plata ya lo escuchamos muchas veces”, manifestó la trabajadora Marisa Dering. “Ya no tenemos más tolerancia, ni consideración con ellos”, agregó. Y luego explicó que “los médicos no están ganando mucho más. Un médico de planta gana entre cuatro mil y cinco mil, 2.600 gana un residente que trabaja mañana, tarde y noche, con medio sueldo en negro. Es vergonzoso”.El ministro de Salud Herrera Ahuad respondió: “No podemos prometer dar ni un centavo si no tenemos los fondos. Estamos tratando de conseguirlos. Les pedimos paciencia”, aseveró. Y agregó que “el 35% de aumento no se puede bajo ningún punto de vista, ni el 25%. Hace un mes atrás pusimos tres millones de pesos mensuales”, remarcó.La chispa también se encendió en el Poder Judicial, donde un grupo de 50 empleados autoconvocados se declaró en asamblea en reclamo de mejoras y blanqueamiento salarial. Además, señalaron que no responden al gremio Unión Judicial Misiones (UJM) que encabeza Arcadio Lewin, porque sólo consigue “beneficios para unos pocos”. “El principal planteo es el blanqueo porque nuestro salario básico es inferior a los 270 pesos”, plantearon.El reclamo más fuerte a nivel municipal, por ahora, se desarrolla en Iguazú y Apóstoles, donde los trabajadores tomaron el corralón y mantienen la protesta desde hace varias semanas, en reclamo de una serie de adicionales, blanqueos y pases a planta permanente del personal.En el municipio de Montecarlo también los números están complicados. El intendente Julio “Chun” Barreto explicó que “llegamos un poco justos y, si bien hicimos las previsiones para pagar aguinaldo y sueldos de diciembre, no es lo que habíamos planeado y no estamos en una situación holgada”.En línea con lo que dijo el Gobernador, Barreto señaló que “estamos tomando los recaudos necesarios y vamos a parar algunas obras. Los fondos de la soja y la coparticipación las vamos a seguir aplicando a obras menores, pero vamos a tener que tomar previsiones ya que en febrero y marzo va a haber un parate en la economía” explicó.En la visión del jefe comunal “el pago de los salarios va a complicar muchísimo a las administraciones municipales, provinciales y la nación, es algo muy sensible”.En los próximas días se escucharán planteos parecidos entre los gremios docentes; los legislativos; los trabajadores de Luz y Fuerza y otros municipios.Ante esto, las palabras del gobernador Closs plantean una realidad preocupante: “Aquí carecemos de recursos, por lo que nos veremos obligados a incrementar la presión tributaria” e, incluso, crear nuevos impuestos. “En el actual contexto, las provincias argentinas marchan hacia la inviabilidad económica”, señaló.“Para que se entienda la situación, la recaudación aumenta 21% y nosotros soportamos aumentos salariales del 25 o 30%. Tenemos que quitar los recursos de un lugar para ponerlo en otro, en este caso, al reclamo policial”, sentenció.“Asumimos que estamos en un tiempo difícil, pero si cada uno quiere resolver lo suyo, sin pensar en el resto, tendremos un 2014 durísimo. Si condicionas el futuro del Gobierno, cuando uno no tiene los recursos, no puede decidir”, argumentó.Al mismo tiempo, aseguró que el Estado provincial ya está haciendo un esfuerzo sustancial para mantener el ritmo de crecimiento y obras públicas. “Ya he recortado bastante el ritmo de obra pública, las grandes especialmente, y hay que atender además las deudas con proveedores, con empresas constructoras”, contó.Más de 40% a sueldosAl revisar los números globales del presupuesto anual y la proyección de gastos se encuentra un escenario complejo de cara al futuro, sobre todo si la Nación no incrementa el flujo de recursos que envía a Misiones. Del gasto total de la provincia más del 40% se destina al pago de salarios.De un total de alrededor de 1.100 o 1.200 millones de pesos por mes que gasta la provincia, alrededor de 470 millones se destinan directamente a sueldos, alrededor del 45%.Para el año que viene el gobierno tiene aprobado un total de 16 mil millones y si la masa salarial se incrementa en 30%, alcanzará los 650 o 700 millones de pesos mensuales, totalizando 8.400 millones anuales; y estaría superando el 50% del presupuesto total anual.Teniendo en cuenta este 40% actual para sueldos, además de otro 40% para obras públicas que prevé el presupuesto 2014, solamente queda un 20% para el funcionamiento de la administración pública, el pago de proveedores, servicios, el desarrollo de la economía, los subsidios al transporte, la energía, planes sociales y programas de gobierno.Necesidad de financiamientoEl Gobierno del Frente Renovador contempla un presupuesto de 16 mil millones de pesos para 2014, pero una recaudación solamente de 11 mil millones, y para llegar a esa cifra entre ingresos y egreso ne
cesitará un financiamiento de casi cinco mil millones de pesos. Según los datos del proyecto de presupuesto, casi la totalidad de estos recursos, está previsto que salgan de las arcas del gobierno nacional, principalmente de áreas como Planificación Federal y Obras Públicas.Si la Nación, por cualquier razón, decide no enviar estos fondos, la provincia debería achicar su presupuesto o suspender trabajos debido a que no contaría con los recursos propios para hacerlo.Estos fondos se movilizan por un camino paralelo al de la coparticipación, que es automática y se deposita todos los meses en la cuenta de la provincia, de acuerdo a la recaudación de impuestos.La disponibilidad de estos recursos se habilita de acuerdo a convenios políticos e institucionales entre las provincias y el Gobierno central y muchas veces queda inmerso en la discrecionalidad política o el amiguismo entre los gobernantes.En este marco quedan preguntas pendientes sin respuesta definitiva como por ejemplo, ¿qué pasa si el Gobierno Nacional considera que sería mejor destinar esos recursos a otras obras u otras provincias? ¿Cuál es el porcentaje máximo aconsejable que debería calcular una provincia como necesidad de financiamiento? ¿No es demasiado riesgoso tener un tercio de los gastos dependiendo de la voluntad política de terceros? ¿Cuál sería el plan B en caso de que los recursos no lleguen? ¿Ajustes? ¿Aumento de impuestos? ¿Reducción de salarios? ¿Suspensión de obras o trabajos públicos? Dependencia de NaciónA pesar de pregonar permanentemente la consigna de vivir con lo nuestro, la dependencia económica de Misiones respecto a los fondos provenientes de la coparticipación nacional es muy alta: de cada 100 pesos que gasta el Estado, 78 provienen de la Nación y sólo 22 corresponden a la recaudación propia.Los datos surgen de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que advierte sobre el alto grado de dependencia que tienen las provincias de la coparticipación federal, lo que condiciona su autonomía financiera primero y política después.El menor crecimiento de la coparticipación, sumado al aumento del gasto público, ha generado preocupación en los gobiernos provinciales y la respuesta ha sido el aumento de impuestos, principalmente Ingresos Brutos, que es uno de los peores tributos de la estructura impositiva argentina.Precisamente de eso habló el gobernador Closs, de aumentar los impuestos o modificar la base tributaria provincial, el día que anunció el incremento salarial para los policías. Si el resto de la administración pública persiste, no quedará otra alternativa.
Discussion about this post