POSADAS. El anuncio de un incremento salarial del 23% para los estatales provinciales abrió frentes de conflictos en numerosos municipios, donde los intendentes no pretenden reconocer con el mismo porcentaje a los trabajadores locales.Por otra parte, en Jardín América se desató una situación de fuerte tensión luego que el intendente, Oscar Kornoski, despidiera a un grupo de municipales, aparentemente sin motivo y sin reconocer la indemnización ni otros derechos laborales. Los trabajadores realizaron ayer en Posadas una serie de gestiones ante autoridades laborales y del gremio de trabajadores estatales para buscar recuperar sus fuentes laborales. En los próximos días esperan una respuesta satisfactoria, de lo contrario comenzarían con medidas de fuerza apoyadas por el sindicato provincial.En Gobernador Roca, la Asociación de Trabajadores del Estado presentó ayer un escrito en el Ministerio de Trabajo, para que intervenga en el reclamo que mantienen los trabajadores al intendente Orlando Revinski por mejoras salariales. “La semana pasada el intendente le tiró por la cara a los compañeros el pedido de aumento salarial. Está acostumbrado a que nadie le pida nada, ahora que el gremio se organizó no quiere reconocer a la entidad. El viernes le enviamos un pronto despacho y hoy (por ayer) un pedido a la ministra de Trabajo”, explicó ayer el secretario gremial de ATE, Antonio Martínez.En San Ignacio “se produce una situación parecida, porque el intendente, (Esteban) Romero, no quiere discutir las cuestiones salariales con el sindicato. Entre mañana (por hoy) y pasado se tiene que expedir sino haremos la denuncia”. Los trabajadores reclaman un aumento de 500 pesos al básico y asignación familiar.Apóstoles y San VicenteEn la Capital de la Yerba Mate los trabajadores pidieron 35% de aumento y el intendente ofreció 24. “Esperamos que mejore la propuesta pero además le hicimos dos denuncias a Mario Vialey, una por el no pago de la cuota sindical y otra por persecución laboral a los trabajadores, apretándolos para que firmen un acta. Entendemos que esto no puede ser así, estamos en democracia y tienen que respetar las prácticas sindicales”, señaló “Toto” Martínez.Asimismo, los trabajadores sanvicentinos se declararon en alerta y movilización en reclamo del 37% de aumento que solicitaron al intendente Waldomiro Dos Santos, que todavía no respondió.“Le enviaron una nota al intendente y se espera la respuesta”, dijo el gremialista.También en San Pedro se produce una situación de tensión, ya que el intendente solamente habría otorgado un 8% de aumento el año pasado y en 2013 hasta la fecha se espera un aumento, explicó Toto Martínez. Los trabajadores comenzaron a organizarse y más de 45 se afiliaron a ATE, que no tenía una presencia importante en el municipio. Sipted y Ruinas Por último, Martínez explicó que en los próximos días podrían realizarse medidas de fuerza en las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio y Santa Ana ante los incumplimientos del Ministerio de Turismo y del subsecretario de Planificación Estratégica, Sergio Dobrusin, que no está abonando los ticket canasta en tiempo y forma, como se había acordado. Hoy habrá paro y movilización multisectorial Organizaciones sociales, gremios y partidos políticos adhieren al paro provincial convocado por la Central de Trabajadores de la Argentina filial Misiones para hoy. Al reclamo por la democratización del acceso a las tierras se suma el repudio a la judicialización y criminalización de luchadores sociales y ahora también periodistas. “Esta nueva variante de la criminalización y judicialización es un grave precedente para nuestra democracia y un atentado a los derechos humanos no sólo de los periodistas sino de aquellos sectores vulnerables que buscan hacer visibles sus demandas a través del trabajo de estos comunicadores”, remarcan.Sin la presencia de las cámaras y los micrófonos de Martín Sereno y Ricardo Javier, el brutal desalojo de campesinos pobres, la posterior represión en el corte de ruta, las detenciones arbitrarias y las torturas de productores y vecinos no habrían sido parte de la agenda periodística que se instaló en medios provinciales, nacionales e internacionales. Queda claro que el Gobierno provincial, la Justicia y la Policía no quieren testigos que muestren y denuncien un accionar propio de los tiempos de la dictadura cívico militar. El trabajo de Sereno y Javier, replicado en la tarea de sus colegas, desnudó el escandaloso operativo policial que llegó a despojar de casas, ropa, elementos de trabajo, alimentos y pequeñas producciones a decenas familias indefensas. Vulnerando derechos que protege nuestra Constitución Nacional y Pactos internacionales entre los que debe destacarse la Convención Internacional por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.Indicaron que el anuncio del Gobernador de la toma de posesión de las 38 mil hectáreas en Pozo Azul llegó casi diez años después de la sanción de la Ley de Arraigo y Colonización, un logro de la lucha de las organizaciones campesinas que sólo se materializó en la gran pelea de los productores por la tierra.
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