La Cámara de Diputados se prepara para una jornada de negociaciones y votaciones que podría prolongarse hasta la madrugada del jueves. La Libertad Avanza confía en reunir este miércoles el quórum necesario para iniciar una sesión especial a las 12, con un temario que incluye cuestiones sensibles como las prestaciones para personas con discapacidad, el creciente endeudamiento de las familias y modificaciones en la legislación sobre propiedad privada.
El escenario parlamentario presenta una particularidad: oficialismo y oposición coinciden en la necesidad de abordar algunos de los problemas, pero mantienen diferencias sustanciales sobre las soluciones que deben aprobarse.
Mientras el Gobierno intentará convertir en ley sus dictámenes de mayoría, los bloques opositores buscarán reunir los votos necesarios para introducir modificaciones, especialmente en los proyectos relacionados con la emergencia en discapacidad y la morosidad familiar.
La convocatoria llega después de que, el jueves pasado, fracasara por falta de quórum una sesión impulsada por la oposición. Esta vez, la iniciativa quedó en manos del oficialismo, que incorporó a su agenda varios de los asuntos que reclamaban los bloques contrarios al Gobierno.
“Ellos tienen que garantizar el quórum y nosotros el debate”, resumió una diputada de Unión por la Patria ante la Agencia Noticias Argentinas, al explicar la estrategia opositora.
La expectativa es que los bloques más críticos se incorporen al recinto una vez habilitada la sesión y concentren sus esfuerzos en disputar el contenido de las iniciativas.
Discapacidad: dos proyectos y diferencias sobre la emergencia
Uno de los principales puntos de conflicto será el futuro del régimen de protección para las personas con discapacidad.
La oposición propone extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia establecida por la Ley 27.793, con el argumento de que todavía existen obligaciones pendientes vinculadas con el otorgamiento de pensiones, la actualización de aranceles y los pagos a prestadores.
Según los datos expuestos por los sectores opositores, hay 324.303 solicitudes de pensión pendientes de resolución, una situación que consideran necesario atender mediante mecanismos que permitan exigir respuestas urgentes.
La iniciativa también busca garantizar las compensaciones adeudadas a los prestadores de servicios, que vienen reclamando la actualización de sus ingresos frente al incremento de los costos.
La Libertad Avanza, en cambio, impulsa un esquema diferente, que incorpora beneficios contemplados en la legislación vigente, pero elimina el carácter excepcional y transitorio de la emergencia para establecer un régimen permanente.
El oficialismo consiguió respaldo para su dictamen después de introducir modificaciones solicitadas por Argentina Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).
Sin embargo, desde la oposición advierten que la propuesta presenta aspectos regresivos. Entre los principales cuestionamientos señalan los requisitos para acceder a determinadas pensiones, la separación entre los beneficios por invalidez laboral y discapacidad, y las facultades que quedarían sujetas a la reglamentación.
También sostienen que el proyecto oficialista no garantiza suficientemente los fondos necesarios para afrontar las deudas con los prestadores ni el atraso arancelario del 30,67% que denuncian las organizaciones del sector.
La discusión no será solamente legislativa. Detrás de las diferencias se encuentran las necesidades de personas que esperan acceder a una pensión y de familias que dependen de servicios de rehabilitación, tratamientos, transporte y otras prestaciones.
Endeudamiento familiar: la disputa por las tasas y las cuotas
El otro debate de fuerte impacto social estará centrado en las dificultades de las familias para afrontar sus compromisos financieros.
En este caso, las diferencias entre los proyectos son especialmente marcadas, porque plantean respuestas distintas frente a la morosidad.
El dictamen respaldado por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR apunta a mejorar la información que reciben los consumidores sobre los créditos, con el objetivo de prevenir situaciones de endeudamiento problemático.
La propuesta, sin embargo, no establece topes máximos a las tasas de interés ni incorpora un mecanismo específico de refinanciación para quienes ya se encuentran en mora.
En contraposición, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica promueven una iniciativa denominada Ley de Regularización y Alivio Financiero, que contempla declarar una emergencia durante 180 días.
El proyecto opositor propone un sistema de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con atrasos superiores a 60 días, siempre que sus deudas se encuentren dentro de determinados límites.
El monto máximo contemplado equivale a dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, referencia que, según la información presentada con la iniciativa, se ubica en aproximadamente 3.265.010 pesos.
Otro punto central es que las cuotas resultantes de la refinanciación no podrían superar el 30% de los ingresos de la persona deudora.
La propuesta también prevé mecanismos de alivio sobre los intereses y cargos acumulados.
A diferencia de lo que sucede con discapacidad, donde el oficialismo llega con mayores acuerdos, el resultado de la votación sobre endeudamiento familiar aparece más abierto y dependerá de las posiciones que adopten los bloques dialoguistas.
Propiedad privada, medicamentos y vandalismo rural
La sesión comenzará con el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado y plantea modificaciones en los regímenes de expropiación y regularización dominial.
Una de las particularidades de la iniciativa es que mantiene las restricciones establecidas por la Ley de Tierras a la propiedad rural extranjera, en un cambio respecto de la orientación desreguladora que había promovido inicialmente el Gobierno nacional.
También se debatirá la creación de un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y de sus ingredientes farmacéuticos activos, una herramienta destinada a reforzar los mecanismos de identificación y seguimiento de determinados productos farmacéuticos.
La iniciativa adquirió especial relevancia después de la crisis sanitaria provocada por el fentanilo contaminado, que puso bajo discusión los controles existentes sobre la fabricación y distribución de medicamentos.
Otro proyecto incluido en el temario propone endurecer las sanciones penales por vandalismo rural, mientras que también se discutirá la transferencia de un inmueble del Estado nacional a la provincia del Chaco.
Con esta agenda, la Cámara baja afrontará una sesión en la que el oficialismo tendrá el desafío de sostener sus mayorías y la oposición buscará modificar proyectos que considera insuficientes para responder a las demandas sociales.
El resultado de las votaciones determinará qué iniciativas avanzan y cuáles deberán continuar su recorrido legislativo.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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