El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias públicas en las que Argentina y el Reino Unido expondrán sus argumentos sobre el pedido de frenar el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, al norte del archipiélago cuya soberanía disputan ambos países.
La decisión fue formalizada este martes 20 de octubre mediante la Orden 2026/10, firmada por el presidente del tribunal, Maurice K. Kamga, y representa un nuevo paso en el procedimiento internacional iniciado por el Gobierno argentino para cuestionar las actividades de explotación de hidrocarburos autorizadas por las autoridades británicas en la zona.
Las audiencias se desarrollarán en Hamburgo, Alemania, donde tiene su sede el organismo internacional, y estarán destinadas a examinar la solicitud argentina de medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar el fondo de la controversia.
El procedimiento fue registrado como caso Nº 37, bajo la denominación relativa a la explotación de hidrocarburos en el océano Atlántico Sudoccidental, con Argentina y el Reino Unido como partes.
La convocatoria se produce una semana después de que la administración de Javier Milei presentara formalmente el pedido de intervención del tribunal, el pasado 13 de octubre.
Qué reclama Argentina por la explotación petrolera
La solicitud argentina apunta a impedir el inicio o la continuidad de actividades vinculadas con el desarrollo petrolero Sea Lion mientras avanza el procedimiento arbitral internacional.
El Gobierno también reclama que se adopten medidas para evitar nuevas autorizaciones que puedan profundizar la controversia y que no se utilice información obtenida mediante actividades de exploración en perjuicio de los derechos que reivindica sobre la plataforma continental.
El planteo se fundamenta en el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral.
Argentina sostiene que las actividades hidrocarburíferas en el área en disputa se desarrollan sin su consentimiento y cuestiona las autorizaciones otorgadas para explorar y explotar los recursos naturales.
Por su parte, el Reino Unido mantiene su respaldo a las licencias concedidas por las autoridades de las islas y sostiene que estas pueden autorizar el aprovechamiento de los recursos naturales bajo su administración.
La diferencia entre ambas posiciones forma parte de una controversia más amplia sobre la soberanía de las Malvinas y los derechos sobre los espacios marítimos circundantes.
Sea Lion, el proyecto petrolero en el centro de la disputa
Sea Lion es un proyecto de explotación de hidrocarburos ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una zona del Atlántico Sur conocida como Cuenca Malvinas Norte.
El emprendimiento está impulsado por Navitas Petroleum, de Israel, que posee una participación del 65%, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
Las compañías avanzaron con sus planes de desarrollo del yacimiento y proyectan comenzar la producción comercial de petróleo en 2028.
La iniciativa contempla trabajos de perforación e instalación de infraestructura marítima para la extracción de crudo, en un área cuya explotación constituye un punto de conflicto entre Argentina y el Reino Unido.
De acuerdo con estimaciones difundidas sobre el proyecto, Sea Lion podría generar exportaciones brutas cercanas a los 1.600 millones de dólares anuales una vez alcanzada la producción comercial, aunque esos resultados dependerán de la puesta en marcha del yacimiento y de las condiciones del mercado internacional.
Para el Gobierno argentino, el avance del emprendimiento representa una afectación de los derechos que reivindica sobre los recursos naturales de la plataforma continental y plantea cuestionamientos relacionados con la protección del ambiente marino.
Qué puede resolver el Tribunal del Mar
Las audiencias del 10 y 11 de noviembre no implican que el tribunal vaya a resolver la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.
En esta etapa, los jueces deberán escuchar los argumentos de ambos países y evaluar si corresponde disponer medidas provisionales destinadas a preservar derechos y evitar posibles perjuicios mientras continúa el arbitraje internacional.
Una eventual resolución podría establecer obligaciones relacionadas con las actividades cuestionadas, aunque su alcance dependerá de lo que determine el organismo.
El procedimiento ante el Tribunal del Mar y el arbitraje sobre el fondo de la controversia son instancias jurídicas relacionadas, pero diferentes.
Las sesiones serán públicas y podrán seguirse mediante transmisiones oficiales del tribunal, lo que permitirá conocer los argumentos presentados por las delegaciones de Argentina y el Reino Unido.
La convocatoria abre así una nueva instancia judicial en el reclamo argentino por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, mientras las empresas involucradas mantienen sus planes para desarrollar el yacimiento Sea Lion.
Fuentes: Agencia de Noticias NA, Tribunal Internacional del Derecho del Mar e iProfesional
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