Más de cinco millones de personas viven en barrios populares en Argentina y alrededor de 1,7 millones son niños, niñas y adolescentes. Detrás de esas cifras se encuentra una realidad atravesada por la falta de servicios básicos, las dificultades para acceder a un empleo y el deterioro de las condiciones de vida. Pero también por una preocupación creciente: el avance del narcotráfico, las adicciones y los problemas de salud mental, especialmente entre los jóvenes.
La directora ejecutiva de Cáritas Argentina, Sofía Zadara, describió este escenario durante una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, en la que reclamó una mayor intervención estatal y advirtió sobre las consecuencias de la paralización de las obras destinadas a mejorar las condiciones habitacionales de estos sectores.
Según explicó, actualmente existen 600 obras de integración socio-urbana paralizadas, muchas de las cuales habían alcanzado entre el 50% y el 60% de ejecución. Frente a esta situación, Cáritas y otras organizaciones impulsan un proyecto de ley de Emergencia en Barrios Populares para recuperar el financiamiento de las intervenciones pendientes.
“Estamos a contrarreloj en esta situación”, advirtió Zadara, quien sostuvo que la falta de inversión no solamente profundiza las carencias materiales, sino que también limita las posibilidades de desarrollo de millones de personas.
La pobreza más allá de los ingresos
De acuerdo con los datos mencionados por la representante de Cáritas, más de cinco millones de argentinos habitan en unos 6.400 barrios populares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Sin embargo, insistió en que las estadísticas apenas permiten dimensionar una parte del problema.
Detrás de los indicadores aparecen familias que conviven en condiciones de hacinamiento, viviendas sin instalaciones seguras y comunidades donde una lluvia intensa puede impedir que los chicos concurran a la escuela.
La directora de Cáritas sostuvo que el 90% de estos barrios carece de acceso al agua potable. A estas dificultades se suma el deterioro de la capacidad de compra de los hogares, que afecta incluso la alimentación cotidiana. “En la actualidad está costando que la mayoría de las familias tengan las cuatro comidas básicas y no estoy hablando de lo nutricional, estoy hablando de la alimentación básica”, señaló.
No obstante, destacó que los barrios populares también concentran trabajadores con distintos oficios, emprendedores y redes de ayuda comunitaria que buscan so stenerse en medio de las dificultades económicas. Albañiles, trabajadoras de casas particulares, cuidadoras y otros trabajadores encuentran cada vez mayores obstáculos para acceder a ingresos suficientes. “Son personas que tienen un oficio y que están pidiendo a gritos trabajar”, remarcó.
La ausencia del Estado y el avance del narcotráfico
Uno de los aspectos más preocupantes que describió Zadara es la relación entre la falta de oportunidades laborales y la expansión de las economías ilegales. Según explicó, cuando las familias pierden sus fuentes de ingreso y desaparecen las alternativas de desarrollo, las organizaciones vinculadas al narcotráfico encuentran mayores posibilidades de instalarse y captar personas dentro de las comunidades.
“La falta de trabajo hace que se desordene todo e inclusive que en algunos barrios haya otro tipo de oferta como el narcotráfico”, advirtió.
La problemática no se limita a la utilización de adolescentes y jóvenes como eslabones de las redes de comercialización de drogas. De acuerdo con su descripción, estas organizaciones también pueden ofrecer trabajos aparentemente formales y mejor remunerados, aprovechando la ausencia de otras alternativas económicas.
Zadara coincidió con la preocupación expresada por el obispo de San Justo, Eduardo García, quien había advertido que la ausencia estatal permite que el narcotráfico ocupe espacios sociales mediante falsas oportunidades. La referente de Cáritas consideró que los gobiernos municipales muchas veces no cuentan con recursos suficientes para afrontar estas situaciones y planteó la necesidad de recuperar políticas nacionales de intervención territorial.
En ese sentido, sostuvo que la integración de los barrios populares debe entenderse como una inversión social y no únicamente como un gasto público.
Salud mental, adicciones y suicidio juvenil
La falta de oportunidades también aparece vinculada, en el diagnóstico territorial de Cáritas, con otro fenómeno que genera creciente preocupación: el deterioro de la salud mental. Zadara señaló que la organización observa un aumento de las situaciones relacionadas con consumos problemáticos y una mayor demanda de acompañamiento emocional.
Especialmente preocupante resulta, según indicó, la situación de los adolescentes y jóvenes de entre 14 y 24 años, una franja en la que Cáritas advierte desesperanza, dificultades para construir proyectos personales y situaciones vinculadas con conductas suicidas.
“Lo que nosotros vemos es que hay desesperación, falta de un proyecto de vida: a dónde voy, qué hago, con qué me sostengo”, describió. También manifestó preocupación por los intentos de suicidio que no quedan registrados y por las dificultades de las instituciones para detectar tempranamente estas situaciones.
Frente a este escenario, Cáritas trabaja en la transformación de capillas, parroquias y centros comunitarios en espacios de escucha y acompañamiento, con el objetivo de identificar señales de alerta y facilitar intervenciones preventivas.
La dirigente mencionó además el impacto de las presiones económicas, las deudas familiares, las redes sociales y la falta de espacios recreativos y educativos.
Familias que se endeudan para poder comer
Otro de los problemas que aparece con frecuencia en el trabajo territorial de Cáritas es el endeudamiento de los hogares para afrontar gastos esenciales. Zadara explicó que muchas familias recurren a préstamos para comprar alimentos, medicamentos o cubrir necesidades inmediatas, pero luego deben contraer nuevas obligaciones para cancelar las anteriores.
La facilidad para acceder a créditos mediante billeteras virtuales también fue señalada como un factor que puede agravar estas situaciones cuando las familias no cuentan con ingresos suficientes para afrontar los pagos. Según la representante de la organización, el endeudamiento termina convirtiéndose en un círculo difícil de interrumpir.
Por eso, insistió en que la recuperación del trabajo constituye una condición fundamental para mejorar la estabilidad económica y emocional de las familias.
El reclamo por las obras de urbanización
En el plano institucional, Zadara cuestionó la interrupción de las políticas de integración socio-urbana desarrolladas durante los últimos años. Recordó que la Ley 27.453, sancionada en 2018, estableció un marco legal para avanzar en la integración de los barrios populares incluidos en el RENABAP.
La iniciativa buscaba superar una mirada limitada a la urbanización física y garantizar progresivamente el acceso a servicios, infraestructura y oportunidades de desarrollo. Sin embargo, la paralización de proyectos de infraestructura dejó obras inconclusas en distintos puntos del país. “Hay 600 obras paradas al día de hoy que tenían entre un 50% y un 60% de desarrollo”, aseguró.
La directora ejecutiva de Cáritas sostuvo que interrumpir estos trabajos no solamente implica perder lo invertido, sino también desarticular fuentes de empleo y procesos de organización comunitaria que se habían generado alrededor de las obras. En ese contexto, distintas organizaciones sociales y referentes políticos impulsaron un proyecto de Emergencia en Barrios Populares para garantizar recursos destinados a la reactivación de los trabajos.
Zadara indicó que la propuesta fue presentada ante las autoridades nacionales, aunque hasta el momento de la entrevista no habían recibido una respuesta definitiva.
También consideró legítimo que el Estado realice auditorías sobre la utilización de fondos públicos, pero cuestionó la interrupción generalizada de iniciativas que, según su evaluación, habían demostrado resultados positivos. “Creemos que es válido auditar porque son fondos públicos, nosotros como organización contamos todo sobre lo que trabajamos, pero si no hay irregularidad y hay impacto positivo no se puede volver para atrás”, expresó.
La comunidad como red de contención
Pese al diagnóstico crítico, la representante de Cáritas destacó que los barrios populares también poseen recursos sociales que frecuentemente quedan fuera de la discusión pública. La solidaridad entre vecinos, los comedores comunitarios, los espacios de apoyo escolar, los clubes y las organizaciones barriales constituyen redes de acompañamiento fundamentales para las familias.
En particular, resaltó el papel de las mujeres, que muchas veces sostienen sus hogares y simultáneamente participan en actividades comunitarias destinadas a ayudar a otras familias. La organización identificó estas fortalezas mediante una consulta institucional realizada en 1.320 comunidades del país.
Los principales problemas y necesidades señalados fueron el fortalecimiento de los espacios comunitarios, el acceso al trabajo, las adicciones y la salud mental, y la atención de emergencias.
Para Zadara, las respuestas no deberían limitarse a la asistencia frente a inundaciones u otras catástrofes, sino contemplar políticas sostenidas que permitan transformar las condiciones estructurales de los barrios. “Como pueblo argentino somos muy solidarios, cuando hay una emergencia se para el país y es emocionante. Lo que quizás no se conoce es el día a día de esa periferia donde también hay potencial y fuentes de trabajo”, reflexionó.
En ese sentido, pidió abandonar una mirada que identifica a los barrios populares exclusivamente con la pobreza y reconocer las capacidades de sus habitantes para participar en su propio desarrollo.
“La gente no quiere vivir así, las familias no quieren vivir bajo la pobreza, claramente buscan alternativas, pero necesitan del Estado y de instituciones como la Iglesia”, concluyó.
Fuente: Agencia de Noticias NA
Discussion about this post