La frustrada sesión de este jueves en la Cámara de Diputados abrió un nuevo frente para las organizaciones vinculadas con la discapacidad. Después de que la oposición reuniera 121 legisladores, ocho menos de los necesarios para alcanzar el quórum, referentes del sector comenzaron a trasladar parte de la presión hacia los gobernadores, cuyas representaciones provinciales fueron determinantes en la imposibilidad de abrir el debate.
Para Eduardo Maidana, integrante del Foro Permanente de Discapacidad, el paso siguiente será profundizar el diálogo con los mandatarios provinciales para que dimensionen las consecuencias que puede tener la falta de definiciones sobre la continuidad de la emergencia, las pensiones y el financiamiento de las prestaciones. En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, sostuvo que las personas con discapacidad “son parte de su ciudadanía” y reclamó que las provincias asuman un papel activo frente a una discusión que, a su entender, afecta derechos básicos como la salud y la educación.
El planteo aparece un día después de que PRIMERA EDICIÓN abordara la misma preocupación con Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Molero reclamó que cualquier modificación tenga como “piso” la legislación vigente y cuestionó el proyecto alternativo impulsado por el oficialismo. Maidana avanzó ahora sobre otro aspecto de aquella jornada: la responsabilidad política que el sector atribuye a quienes no acompañaron la apertura de la sesión.
“Estamos trabajando sobre los gobernadores para explicar y decir cuál es la situación de las personas con discapacidad”, afirmó. Según su evaluación, varios mandatarios habían expresado posiciones favorables hacia determinados reclamos, pero esas manifestaciones no terminaron reflejándose en el comportamiento legislativo que el sector esperaba. “Lamentablemente son temas muy importantes y los gobernadores deberían tomar conciencia de que las personas con discapacidad son parte de su ciudadanía”, insistió.
La preocupación no se limita al trámite parlamentario. Maidana sostuvo que existe un proceso de ajuste que alcanza simultáneamente a pensiones, prestaciones y distintos dispositivos de atención, y consideró contradictorias las señales que reciben desde diferentes áreas del Gobierno nacional. Por un lado, señaló que legisladores oficialistas impulsan una propuesta que presentan como alternativa a la Ley de Emergencia; por otro, cuestionó las posiciones expresadas desde Economía sobre el financiamiento del sistema y los cambios incorporados al proyecto de Presupuesto 2027.
PRIMERA EDICIÓN ya había analizado en septiembre que el proyecto presupuestario contempla modificaciones sobre pensiones no contributivas, nomencladores y mecanismos de financiamiento, cuestiones que generaron dudas entre las organizaciones del sector. Para Maidana, el problema de fondo es que esas discusiones presupuestarias terminan impactando sobre prestaciones que definen la vida cotidiana de las personas.
Pensiones y prestaciones, los dos puntos críticos
El integrante del Foro distinguió dos grandes focos de preocupación. El primero son las pensiones no contributivas. Aclaró expresamente que las organizaciones no defienden beneficios otorgados irregularmente y que, si se demuestra que una pensión fue concedida sin corresponder, debe revisarse. Su cuestionamiento apunta al modo en que, según considera, se instaló una sospecha generalizada sobre todo el sistema y sobre quienes reciben esa asistencia.
Maidana cuestionó las auditorías realizadas y rechazó que se equipare automáticamente la percepción de una pensión con una irregularidad. Según afirmó, en Argentina existirían más de cuatro millones de personas con discapacidad, de las cuales estimó que entre un 30% y un 40% atraviesan alguna situación de pobreza. También mencionó alrededor de 240.000 pensiones alcanzadas por discusiones o revisiones durante la actual gestión. Esas cifras corresponden a estimaciones aportadas por el entrevistado.
“Parece que tener una pensión es ser un delincuente”, cuestionó, y volvió a marcar una diferencia entre detectar irregularidades concretas y poner bajo sospecha a todo un universo de beneficiarios. Para Maidana, el sistema permitió que personas con discapacidad y sin recursos suficientes pudieran sostener necesidades básicas que de otro modo quedarían exclusivamente en manos de sus familias.
El segundo frente son las prestaciones reguladas por la Ley 24.901, que incluyen rehabilitación, transporte, hogares, centros educativos terapéuticos, centros de día, estimulación temprana y distintos apoyos para la inclusión educativa. Maidana destacó que ese sistema permitió durante casi tres décadas ampliar el acceso a la salud y la educación y hacer visible una realidad que anteriormente permanecía mucho más relegada.
El problema, según describió, aparece cuando los valores fijados para financiar esas prestaciones quedan por debajo de los costos que enfrentan instituciones y profesionales. El nomenclador nacional fue actualizado en septiembre un 1,7%, incremento que alcanzó a todas las modalidades del sistema, desde transporte y estimulación temprana hasta rehabilitación e integración escolar.
Maidana sostuvo que, si simultáneamente se debilitan pensiones y prestaciones, el impacto termina trasladándose directamente a las familias. Mencionó como ejemplo medicamentos y tratamientos cuyo costo puede alcanzar cifras difíciles de afrontar para hogares de bajos ingresos, especialmente cuando se trata de patologías que requieren atención permanente.
“Si se ataca el sistema de pensiones y se ataca el sistema de prestaciones, la gente se queda sin atención, queda a su suerte”, afirmó. Su argumento es que una familia puede acompañar y sostener buena parte de los cuidados cotidianos, pero no necesariamente tiene capacidad económica para absorber por sí sola medicamentos, rehabilitación, transporte o apoyos especializados.
Durante la conversación también aludió a una investigación sobre presuntas irregularidades dentro del organismo nacional encargado del área y mencionó un supuesto faltante de 157 millones señalado, según dijo, por autoridades nacionales.
El reclamo por la emergencia continúa
El Foro también insiste en que se garantice la continuidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo vencimiento Maidana situó para el 31 de diciembre. Explicó que las organizaciones se movilizaron hasta el Congreso porque consideran que todavía existen disposiciones que no se aplicaron plenamente y sostienen que la propuesta alternativa impulsada por el oficialismo representaría un retroceso respecto de las garantías actuales.
Maidana describió al Gobierno nacional como “poco propenso al diálogo” y sostuvo que el Congreso debería ser precisamente el ámbito donde se procesen esas diferencias. Por eso, dijo, la imposibilidad de abrir la sesión generó una nueva frustración entre familias, prestadores y personas con discapacidad que esperaban alguna definición legislativa.
La discusión, además, se produce en un escenario donde el sector ya viene reclamando desde hace meses. En septiembre, el propio Maidana había advertido en FM 89.3 sobre la crisis de las prestaciones, las dificultades vinculadas con las pensiones y la necesidad de garantizar una continuidad normativa que diera previsibilidad al sistema.
Ahora el foco político se amplía. Para el dirigente, no alcanza con discutir qué hará el Poder Ejecutivo o qué proyectos impulsarán los bloques del Congreso. También pretende que los gobernadores se involucren y traduzcan sus posiciones públicas en acompañamientos legislativos concretos.
“Las personas con discapacidad son parte de su ciudadanía”, volvió a remarcar. Desde esa premisa, sostuvo que el acceso a salud y educación no debería depender de la disputa partidaria ni limitarse a una cuestión de disponibilidad presupuestaria, sino tratarse como un derecho que las distintas jurisdicciones deben contribuir a garantizar.
Por eso adelantó que el Foro continuará buscando interlocutores en las provincias y mantendrá sus reclamos públicos mientras no existan definiciones sobre la emergencia y el financiamiento. “Esto estamos peleando y esto vamos a seguir denunciando y peleando en el sector”, afirmó.
Para Maidana, detrás de las discusiones sobre quórum, presupuestos y proyectos legislativos queda una consecuencia mucho más concreta: cada prestación que se interrumpe o cada cobertura que una familia deja de recibir obliga a resolver por sus propios medios necesidades que no pueden esperar al próximo debate parlamentario.
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