La quinta Marcha Federal Universitaria, que el jueves movilizó a miles de personas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sumó un nuevo capítulo este viernes con una denuncia penal presentada por el Gobierno nacional. La medida apunta a identificar y determinar las responsabilidades de quienes participaron de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso.
La presentación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional y contempla acusaciones por atentado y resistencia a la autoridad, daño agravado y presunto atentado al orden constitucional, según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas.
Los hechos que motivaron la denuncia ocurrieron durante la movilización del jueves 15 de octubre, cuando grupos de manifestantes protagonizaron enfrentamientos con efectivos federales desplegados en la zona del Congreso.
Durante los incidentes hubo lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes, mientras que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Las corridas y los enfrentamientos se extendieron por distintos sectores cercanos al edificio legislativo.
La denuncia judicial busca establecer quiénes participaron de las agresiones y los daños registrados durante la jornada, sin que esas conductas puedan atribuirse de manera general al conjunto de los manifestantes que acudieron a reclamar por la situación presupuestaria de las universidades públicas.
Qué sostiene la denuncia del Gobierno
Según la presentación difundida por Noticias Argentinas, algunos de los involucrados habrían actuado con los rostros cubiertos para evitar ser identificados. El Ministerio de Seguridad sostiene que estas personas dañaron bienes públicos y utilizaron fragmentos de esos elementos como objetos contundentes para atacar a efectivos de las fuerzas federales.
Uno de los aspectos más relevantes del escrito es la acusación por presunto atentado al orden constitucional. La cartera nacional plantea que los disturbios habrían tenido como finalidad obstaculizar, de manera parcial o total, la actividad legislativa prevista para ese día.
Se trata de una hipótesis formulada por el Gobierno que deberá ser evaluada judicialmente. La existencia de enfrentamientos o daños materiales no demuestra, por sí misma, que haya existido una intención de impedir el funcionamiento del Congreso.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad avanza en la recopilación de fotografías, videos y otros registros que podrían contribuir a identificar a quienes participaron de los hechos. La investigación deberá establecer las responsabilidades individuales y determinar si los elementos reunidos permiten sostener las figuras penales invocadas en la presentación.
Detenidos, efectivos heridos y daños materiales
Los enfrentamientos dejaron un saldo de personas detenidas y efectivos de seguridad lesionados. De acuerdo con el reporte difundido por Noticias Argentinas, al menos 25 personas fueron detenidas durante los procedimientos realizados en las inmediaciones del Congreso.
Sin embargo, otros balances periodísticos elevaron la cifra a 31 detenidos, por lo que todavía es necesario precisar el número definitivo y la situación judicial de cada uno. Entre las personas aprehendidas se informó la presencia de menores de edad, uno de ellos de 14 años, señalado por arrojar piedras contra un móvil policial.
Por otra parte, ocho integrantes de las fuerzas federales resultaron heridos, según el informe oficial: cuatro pertenecientes a Gendarmería Nacional, dos a Prefectura Naval y otros dos a la Policía Federal. Los daños también alcanzaron distintos sectores del espacio público.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estimó de manera preliminar pérdidas por unos 90 millones de pesos, correspondientes a destrozos en mobiliario urbano, veredas, canteros y espacios verdes de la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores.
La cifra representa una evaluación inicial de las autoridades porteñas y no una tasación judicial definitiva.
El reclamo universitario continúa
Los incidentes se produjeron en el marco de una nueva movilización nacional convocada por organizaciones estudiantiles, gremios docentes y no docentes, autoridades académicas y otros sectores que exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La protesta también tuvo expresiones en Misiones, donde estudiantes, docentes, graduados y trabajadores universitarios marcharon en Posadas, Oberá y Eldorado.
Durante las manifestaciones en la provincia, integrantes de la comunidad de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) advirtieron sobre las consecuencias de la falta de recursos para el funcionamiento de las facultades, la reducción de servicios y las dificultades para sostener actividades académicas.
En particular, estudiantes señalaron problemas para desarrollar prácticas de laboratorio debido a la falta de reactivos y otros insumos, mientras que docentes y graduados reclamaron que se garantice el financiamiento previsto por la legislación vigente.
La denuncia penal presentada por el Gobierno abre ahora una instancia judicial sobre los episodios de violencia registrados en Buenos Aires, mientras permanece sin resolver el conflicto de fondo por el presupuesto universitario.
Será la Justicia la encargada de determinar las eventuales responsabilidades penales de los involucrados, en un escenario en el que las universidades continúan reclamando recursos para sostener sus actividades.
Fuentes: Agencia Noticias Argentinas, LA NACION y coberturas previas de PRIMERA EDICIÓN
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