La caída de la sesión en la Cámara de Diputados para tratar distintos temas vinculados con la discapacidad volvió a generar preocupación entre las organizaciones que defienden los derechos del sector. En ese contexto, Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de las Personas con Discapacidad, advirtió que persisten graves dificultades en el financiamiento de las prestaciones, la atención sanitaria y el acceso a pensiones.
En diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, Molero sostuvo que el piso de cualquier modificación normativa debe ser la Ley de Emergencia en Discapacidad vigente y cuestionó la propuesta oficialista de avanzar con un proyecto alternativo.
“Su proyecto superador, como dicen ellos, no es tal. El piso tiene que ser la ley vigente, que es de emergencia, con las medidas que tiene y, a lo sumo, mejorar aquellas cosas que en la práctica se vio que no funcionaron. Pero nunca se puede dar un paso atrás”, planteó.
El referente señaló que las organizaciones continuarán las gestiones con legisladores para advertir sobre los puntos que consideran perjudiciales. Según explicó, la discusión no se limita al contenido de la iniciativa, sino también a la posibilidad de que algunas de sus disposiciones impliquen retrocesos respecto de los derechos reconocidos.
Prestaciones con un atraso de al menos el 30%
Molero afirmó que la situación general del sector continúa siendo prácticamente la misma desde la sanción de la emergencia. Si bien reconoció algunos avances, remarcó que las actualizaciones de los aranceles no alcanzan para compensar el atraso acumulado.
Según detalló, el propio Gobierno había calculado que, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, se generó una diferencia del 30,67% entre los aumentos de los aranceles y la inflación. Esa brecha debía compensarse a los prestadores, pero, de acuerdo con el coordinador, el pago todavía no se concretó.
Además, recordó que desde el 1 de enero de 2025 debían establecerse nuevos aranceles teniendo en cuenta el atraso previo y los costos reales de las prestaciones. Sin embargo, aseguró que ese proceso no se realizó como estaba previsto. “Hoy las prestaciones están atrasadas un 30,67%, por lo menos”, advirtió.
También cuestionó que no se haya realizado el estudio de costos necesario para determinar si los valores que reciben las instituciones permiten cubrir los gastos de funcionamiento. Aunque reconoció cierta mejora en los plazos de pago, señaló que las entidades todavía deben afrontar importantes dificultades financieras.
En ese sentido, indicó que los pagos de Incluir Salud volvieron a ubicarse en plazos de entre 60 y 90 días. Si bien esto permite que las instituciones comiencen a cobrar parte de los servicios brindados, el retraso de los aranceles continúa condicionando su funcionamiento.
Otro de los puntos que generó preocupación es la demora en el otorgamiento de pensiones por discapacidad. Molero sostuvo que, de las aproximadamente 230.000 pensiones que debían entregarse, se habrían otorgado unas 20.000, aunque aclaró la cifra con cierta incertidumbre.
Para el referente, la falta de respuestas afecta especialmente a las personas en situación de pobreza, que no solo necesitan el ingreso económico, sino también la cobertura sanitaria asociada a la pensión.
“Lo que ha hecho es jorobarles la vida. No solo por el dinero que reciben, que no es tanto, pero es dinero, sino también porque con la pensión viene la cobertura de salud: la medicación y una prestación por su discapacidad”, explicó.
A esa situación se suman las dificultades para acceder a los medicamentos a través de Incluir Salud, el programa federal destinado a brindar cobertura sanitaria a sus beneficiarios.
El coordinador también cuestionó el discurso oficial sobre las irregularidades detectadas en el sistema de pensiones y sostuvo que las demoras perjudican a personas que necesitan asistencia y que, según indicó, cuentan con sus trámites autorizados.
Asimismo, recordó que las dificultades para garantizar la compra y entrega de medicamentos ya habían sido planteadas años atrás, sin que, a su entender, se haya encontrado una solución definitiva. “Al día de hoy sigue igual”, afirmó.
Mientras continúa la discusión legislativa, las organizaciones del sector mantienen sus reclamos para que se garantice el cumplimiento de la normativa vigente y se regularicen los pagos, las pensiones y la cobertura sanitaria.
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