Las universidades nacionales deberán presentar antes del 31 de octubre sus planes de auditoría interna para 2027, conforme a los nuevos lineamientos aprobados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La planificación deberá contemplar controles sobre el manejo de recursos públicos, las contrataciones, la liquidación de salarios y los procedimientos administrativos de emisión de títulos universitarios.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 311/2026, publicada este jueves 15 de octubre en el Boletín Oficial. Su anexo identifica a 61 instituciones, entre ellas la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU).
Los proyectos deberán ser elaborados por las Unidades de Auditoría Interna (UAI) y presentados a través del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC). Cada universidad tendrá que definir las áreas que examinará en función de sus riesgos, antecedentes y recursos disponibles, sin que la enumeración de prioridades implique la obligación de realizar una auditoría independiente sobre cada una.
Fondos públicos y rendiciones pendientes
Uno de los ejes centrales será determinar la situación de los recursos transferidos a las universidades por las autoridades nacionales.
Las unidades de auditoría deberán identificar los fondos recibidos, utilizados, rendidos y aprobados, así como los importes observados, pendientes de justificar o sujetos a devolución. También tendrán que examinar los vencimientos, la documentación respaldatoria y las posibles diferencias entre las rendiciones y los registros contables.
A partir de esa información, elaborarán un informe que exponga los atrasos e inconsistencias detectados y formule recomendaciones para corregirlos. El examen comprenderá, además, los procedimientos de compras y contrataciones, desde la justificación de las adquisiciones hasta la adjudicación, recepción de bienes y pagos. También podrán evaluarse las obras de infraestructura, los inventarios y la administración de convenios y subsidios.
Designaciones, salarios y acumulación de cargos
En materia de personal, los lineamientos incluyen la revisión de designaciones, dedicaciones, legajos, asistencia, licencias y liquidación de haberes.
Una de las cuestiones expresamente señaladas es la verificación de posibles incompatibilidades y de las declaraciones juradas sobre acumulación de cargos, junto con los controles sobre la utilización de los sistemas de administración de personal y legajos digitales.
La planificación también deberá considerar la protección de los sistemas informáticos universitarios, los accesos a la información, las copias de respaldo y las medidas de ciberseguridad.
Títulos
El documento incorpora entre las prioridades de control la evaluación del circuito administrativo de emisión y otorgamiento de títulos de grado y posgrado.
Las auditorías podrán examinar los procedimientos de las áreas que intervienen en la expedición de diplomas y verificar la implementación y utilización del sistema empleado para la gestión académica.
El alcance de estas tareas se limita a los procesos administrativos y económicos. La normativa establece expresamente que las unidades de auditoría no sustituyen las decisiones de los órganos de gobierno universitarios ni evalúan el mérito académico o científico.
Seguimiento de las observaciones
Los planes para 2027 también deberán contemplar el funcionamiento de los Comités de Control Interno, integrados por representantes de las autoridades universitarias, las unidades de auditoría y la SIGEN.
Según el reglamento vigente desde 2019, estos comités deben reunirse al menos dos veces al año, con un intervalo máximo de siete meses. Su actividad se concentrará en las observaciones de mayor impacto, los compromisos incumplidos y las medidas necesarias para corregir deficiencias.
Las UAI tendrán que verificar si las acciones adoptadas resolvieron efectivamente los problemas detectados, además de elaborar informes periódicos sobre el estado del sistema de control interno. El anexo establece que la responsabilidad de implementar las medidas correctivas corresponde a las autoridades de cada institución, mientras que las unidades de auditoría deben evaluar su cumplimiento con independencia de criterio.
Los planes deberán presentarse mediante SISAC dentro del plazo fijado, para continuar posteriormente con las instancias de conformidad y aprobación previstas por la normativa.
El anexo completo aquí 👇
Discussion about this post