Brasil…

El 4 de octubre de 2026, Brasil acudió a las urnas para elegir presidente, renovar el Congreso y definir una parte importante de su estructura de poder territorial. Lo que surgió de aquella jornada fue algo más que una nueva disputa entre dos proyectos políticos enfrentados. Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% de los votos válidos y superó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reunió el 45,2%. El resultado dejó abierta una segunda vuelta para el 25 de octubre, pero también planteó una pregunta que difícilmente encuentre respuesta cuando termine el escrutinio: ¿está Brasil ante una alternancia de gobierno o frente a una transformación más profunda de su sistema democrático?

La diferencia de casi dos puntos porcentuales entre los candidatos no alcanza, por sí sola, para demostrar semejante cambio histórico. Tampoco permite conocer las motivaciones de todos los electores. Sin embargo, adquiere otro significado cuando se observa junto con el fortalecimiento del Partido Liberal (PL) en el Congreso, la persistencia de la polarización, las tensiones entre los poderes del Estado y el desencanto de amplios sectores de una sociedad que parece exigir respuestas distintas de las que ofrece su dirigencia tradicional.

Para el politólogo brasileño Guilherme Casarões, profesor asociado de Estudios Brasileños en la Universidad Internacional de Florida, el proceso tiene raíces mucho más antiguas. En un análisis publicado por The Conversation después de la primera vuelta, sostiene que la Nueva República, el orden político surgido de la transición democrática de los años ochenta, ha llegado a su agotamiento. No se trataría únicamente de una crisis de Lula o del Partido de los Trabajadores (PT), sino del debilitamiento de los acuerdos que organizaron la vida institucional brasileña durante cuatro décadas.

La interpretación es provocadora porque obliga a mirar más allá de los nombres propios. También es discutible: la existencia de una crisis política no significa necesariamente que un régimen haya terminado. La pregunta, entonces, no consiste solamente en determinar cuánto poder perdió Lula o cuánto ganó el bolsonarismo, sino en establecer qué elementos del pacto de 1988 permanecen vigentes, cuáles están siendo cuestionados y qué fuerzas podrían redefinirlos.

Para comprenderlo hay que regresar a un país que, hacia mediados de los años ochenta, intentaba dejar atrás una dictadura militar que había gobernado durante 21 años.

El pacto que prometió construir otro Brasil

En 1985, la llegada de José Sarney a la Presidencia marcó el comienzo de una nueva etapa institucional. La transición no resolvió de inmediato los problemas heredados del régimen militar, pero permitió iniciar un proceso de reconstrucción democrática que alcanzó su expresión más importante el 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó una Constitución destinada a reorganizar la relación entre el Estado y la sociedad.

Conocida como la Constitución Ciudadana, aquella norma estableció garantías individuales y colectivas, fortaleció los derechos políticos y sociales y reconoció obligaciones públicas en materia de salud, educación, protección ambiental y participación ciudadana. También aseguró la separación de poderes, el federalismo y el voto directo, secreto, universal y periódico, con garantías especialmente protegidas frente a eventuales reformas constitucionales.

Su importancia no fue únicamente jurídica. La Constitución de 1988 representó un acuerdo político para impedir el regreso del autoritarismo y construir una democracia capaz de incorporar a sectores históricamente excluidos. Ese compromiso resultaba especialmente ambicioso en una sociedad marcada por profundas diferencias de ingresos, oportunidades y acceso a los servicios públicos.

Casarões identifica tres grandes componentes de aquel pacto.

El primero fue social: aceptar el pluralismo como fundamento de la convivencia y reconocer la diversidad brasileña como parte de su identidad nacional. El segundo fue institucional: garantizar elecciones competitivas, promover acuerdos entre partidos y sostener un equilibrio entre la Presidencia, el Congreso, la Justicia y los gobiernos subnacionales. El tercero estuvo relacionado con los resultados: estabilizar la economía, reducir la pobreza y ampliar la participación política.

No eran objetivos menores para un país que atravesaría todavía años de inflación elevada, dificultades fiscales y sucesivas crisis económicas. Sin embargo, la nueva democracia consiguió construir mecanismos de competencia y alternancia, además de desarrollar políticas públicas que modificaron las condiciones de vida de millones de personas.

La estabilización monetaria impulsada por el Plan Real en 1994 fue uno de esos avances. También lo fueron la expansión de programas de transferencia de ingresos y la ampliación del acceso a determinados servicios sociales, especialmente durante los gobiernos de Lula entre 2003 y 2010.

Los resultados estuvieron lejos de distribuirse de manera uniforme, pero consolidaron durante años la expectativa de que la democracia podía ofrecer mejoras materiales, además de libertades políticas.

Esa relación entre representación y bienestar constituye una de las claves del problema actual. Cuando una sociedad asocia el funcionamiento de sus instituciones con la posibilidad de progresar, las dificultades económicas y sociales pueden convertirse también en cuestionamientos a quienes administran el sistema.

La democracia brasileña consiguió sobrevivir a múltiples crisis, pero no eliminó las desigualdades que había prometido enfrentar. Tampoco resolvió definitivamente la tensión entre un presidencialismo que necesita construir mayorías y un Congreso fragmentado, donde negociar apoyos se volvió una condición permanente para gobernar.

Un sistema construido sobre acuerdos

A diferencia de los regímenes donde un partido puede obtener por sí solo una mayoría legislativa estable, Brasil desarrolló un modelo de presidencialismo de coalición. El presidente llega al poder mediante el voto popular, pero necesita establecer alianzas con diversas fuerzas políticas para impulsar leyes, aprobar presupuestos y sostener su programa.

Durante décadas, ese mecanismo permitió organizar la gobernabilidad. Los presidentes negociaron con partidos de distinta orientación, distribuyeron responsabilidades y construyeron acuerdos para asegurar el funcionamiento del Estado.

Sin embargo, el mismo sistema también generó tensiones. La fragmentación partidaria, la dependencia de negociaciones legislativas y los escándalos de corrupción alimentaron la percepción de que la política funcionaba mediante intercambios poco transparentes, alejados de las necesidades cotidianas.

La alternancia entre el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), asociado a Fernando Henrique Cardoso, y el Partido de los Trabajadores contribuyó durante años a ordenar la competencia presidencial. Aunque sus programas diferían, ambas fuerzas participaron en una estructura institucional relativamente compartida.

La pérdida de centralidad del PSDB y la posterior irrupción de Jair Bolsonaro alteraron ese equilibrio. La disputa dejó de organizarse exclusivamente alrededor de dos tradiciones políticas que competían dentro de un marco relativamente consensuado y comenzó a incorporar cuestionamientos más profundos al funcionamiento de las instituciones.

El problema no apareció de un día para otro. Se acumuló a lo largo de años de frustraciones económicas, denuncias de corrupción, disputas políticas y dificultades para representar las expectativas de una sociedad que también estaba cambiando.

En ese proceso, el sistema de acuerdos que había sido concebido como una herramienta de estabilidad empezó a ser presentado por sus adversarios como una expresión de los privilegios de la dirigencia.

La distancia entre ambas interpretaciones es fundamental. Para sus defensores, las negociaciones multipartidarias resultan necesarias en una democracia plural. Para sus críticos, pueden convertirse en mecanismos de conservación de poder y de reparto de recursos. La dificultad consiste en distinguir los acuerdos legítimos, indispensables para gobernar, de las prácticas que deterioran la confianza pública.

De la crisis de Dilma al ascenso del bolsonarismo

Las manifestaciones masivas de 2013 fueron una señal temprana del malestar que atravesaba Brasil. Las protestas comenzaron vinculadas con el transporte público, pero rápidamente incorporaron demandas relacionadas con los servicios, la corrupción, la representación política y el uso de los recursos del Estado.

Aquel movimiento reunió sectores muy diferentes, cuyas expectativas y orientaciones no podían reducirse a una sola corriente ideológica. Sin embargo, mostró que el crecimiento económico de los años anteriores no había eliminado la insatisfacción con la calidad de las políticas públicas.

La crisis adquirió otra dimensión durante el segundo mandato de Dilma Rousseff. La recesión económica, los conflictos entre el Gobierno y el Congreso y las investigaciones por corrupción profundizaron el desgaste de su administración.

En 2016, Rousseff fue destituida mediante un proceso de impeachment cuya legitimidad política continúa siendo objeto de controversia. Sus defensores sostuvieron que se trató de un procedimiento constitucional basado en infracciones presupuestarias; sus críticos consideraron que constituyó una ruptura política que debilitó las reglas de la competencia democrática.

Más allá de esas interpretaciones, la destitución transformó el escenario partidario y profundizó la confrontación entre sectores que comenzaron a cuestionar no solamente las decisiones del Gobierno, sino también las condiciones bajo las cuales se ejercía el poder.

Dos años después, Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales de 2018 con un discurso que combinó críticas a la corrupción, promesas de endurecimiento de la seguridad, conservadurismo cultural y rechazo a diferentes expresiones de la política tradicional.

La paradoja era evidente: Bolsonaro se presentaba como una alternativa a la dirigencia establecida después de casi tres décadas de actividad parlamentaria. Su condición de dirigente experimentado no impidió que construyera una identidad pública basada en la confrontación con las instituciones y las prácticas políticas existentes.

Su llegada al Gobierno tampoco eliminó las restricciones del presidencialismo brasileño. Necesitó negociar con el Congreso, convivir con gobernadores de diferentes partidos y enfrentar decisiones judiciales contrarias a sus posiciones. La tensión alcanzó su momento más grave después de las elecciones de 2022, cuando Bolsonaro fue derrotado por Lula. La resistencia a reconocer plenamente el resultado y los acontecimientos que desembocaron en el intento de ruptura institucional dieron lugar a investigaciones y condenas judiciales.

El 8 de enero de 2023, apenas una semana después de la asunción de Lula, manifestantes bolsonaristas invadieron las sedes del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, en Brasilia. Las imágenes de los edificios atacados se convirtieron en una representación de la crisis institucional.

La democracia brasileña conservó entonces su capacidad de responder a un desafío directo. Las autoridades mantuvieron la continuidad del Gobierno y las instituciones judiciales avanzaron sobre las responsabilidades correspondientes. Pero la supervivencia de las instituciones no implicó la desaparición del conflicto político que había conducido a aquella situación.

Lula y una restauración que encontró sus límites

Cuando Lula regresó a la Presidencia en enero de 2023, después de haber gobernado entre 2003 y 2010, una parte importante de su propuesta política estuvo asociada a la recuperación de la normalidad institucional.

El nuevo Gobierno buscó restablecer relaciones con otros países, recomponer políticas públicas modificadas durante la administración anterior y recuperar la capacidad del Estado para intervenir en áreas sociales y económicas.

También enfrentó una realidad distinta de la que había encontrado durante sus dos primeros mandatos. El Congreso era más fragmentado, las fuerzas conservadoras tenían una presencia institucional considerable y la polarización había alterado las posibilidades de construir consensos duraderos.

Casarões interpreta esta etapa como una restauración incompleta. Según su análisis, Lula pudo recuperar la Presidencia, pero no reconstruir las condiciones políticas que habían sostenido el funcionamiento de la Nueva República durante las décadas anteriores.

El argumento tiene sustento en los conflictos que atravesaron su gestión, aunque merece algunas precisiones. La economía brasileña registró crecimiento, el empleo mostró resultados favorables y el Gobierno mantuvo políticas de protección social. Por lo tanto, el desgaste electoral no puede atribuirse simplemente a un derrumbe económico.

La dificultad parece más compleja: los indicadores macroeconómicos favorables no siempre se traducen en una percepción igualmente positiva sobre el costo de vida, la seguridad, los ingresos o las oportunidades de progreso.

Una persona puede contar con empleo y, al mismo tiempo, considerar insuficiente su poder adquisitivo. También puede reconocer la importancia de una política social sin sentirse representada por quienes la administran.

La percepción de inseguridad constituye otra parte del problema. Aunque las competencias policiales corresponden principalmente a los estados, el reclamo por soluciones suele proyectarse sobre las autoridades nacionales. Para el ciudadano, las divisiones constitucionales no siempre resultan relevantes cuando una preocupación afecta su vida cotidiana.

El desgaste de Lula también está relacionado con su trayectoria. Después de cuatro décadas de protagonismo político, su figura representa para muchos brasileños tanto los logros del período democrático como las contradicciones de un sistema que prometió transformaciones todavía incompletas.

Reuters informó el 6 de octubre que su equipo de campaña inició una reorganización de la estrategia comunicacional después de la primera vuelta. Entre las preocupaciones aparecieron las dificultades para conectar con jóvenes y mujeres, así como la necesidad de atraer a los electores que no participaron en la votación.

La campaña pasó a concentrarse nuevamente en los programas sociales, la comunicación digital y la advertencia sobre posibles cambios de políticas públicas. Flávio Bolsonaro, por su parte, manifestó su intención de mantener Bolsa Família, uno de los programas emblemáticos del lulismo.

La coincidencia parcial respecto de una política social demuestra que las fronteras entre ambos proyectos no se corresponden necesariamente con la eliminación o la preservación de todos los instrumentos del Estado.

Pero también deja expuesta una dificultad para el oficialismo: defender políticas existentes puede resultar insuficiente cuando una parte del electorado demanda una transformación más amplia.

El bolsonarismo ya no depende solo de Jair

Uno de los datos más significativos de las elecciones de 2026 es que el bolsonarismo consiguió reorganizar su liderazgo presidencial sin perder su capacidad de competencia electoral.

Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, se convirtió en el principal candidato de esa corriente y obtuvo la primera posición en la votación del 4 de octubre. Su desempeño estuvo acompañado por un crecimiento del Partido Liberal en el Congreso.

Según el relevamiento publicado por El País, el PL pasó de 99 a 121 diputados y quedó como primera fuerza parlamentaria. La publicación también registró una proyección de 28 senadores sobre un total de 81 para la composición que comenzará a funcionar en 2027.

Los números son importantes porque muestran que la fuerza política no depende exclusivamente de su presencia en la Presidencia. El bolsonarismo cuenta con una estructura partidaria, representación territorial y capacidad de negociación legislativa que pueden sostener su influencia más allá del resultado del balotaje.

Sin embargo, el crecimiento no equivale al control absoluto del Congreso. Los 121 diputados del PL están lejos de los 257 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en una Cámara de 513 integrantes. Incluso sumados a los 87 escaños atribuidos a la federación União Progresista, el bloque hipotético alcanzaría 208 diputados.

Por lo tanto, cualquier gobierno deberá seguir negociando con otras fuerzas políticas. Esa circunstancia introduce una continuidad importante respecto del pasado: el presidencialismo de coalición, aunque cuestionado, continúa siendo parte de la realidad institucional brasileña. La transformación aparece en la orientación de las fuerzas que participan en esas negociaciones y en el peso creciente de sectores conservadores dentro del Legislativo.

Débora Thomé, investigadora vinculada con la Fundación Getulio Vargas y otras instituciones académicas brasileñas, plantea que el compromiso democrático de esas fuerzas debe evaluarse en dos dimensiones: aceptar una eventual derrota electoral y, en caso de victoria, gobernar respetando las reglas que hicieron posible acceder al poder.

La cuestión excede la formalidad de celebrar elecciones. Implica reconocer las atribuciones de la Justicia, la libertad de prensa, los derechos de la oposición y la posibilidad efectiva de que el poder vuelva a cambiar de manos.

Se trata de un criterio aplicable a cualquier fuerza política. Ganar una elección concede legitimidad para gobernar, pero no elimina los controles constitucionales ni convierte la voluntad de la mayoría en una autorización ilimitada. En este punto aparece una de las cuestiones centrales de la disputa brasileña: determinar si los cambios demandados por el electorado pueden desarrollarse dentro del sistema democrático vigente o si algunas propuestas implican modificar los mecanismos que limitan el poder.

Los millones que no eligieron a ninguno

La primera vuelta dejó otro dato relevante: alrededor de 33 millones de electores habilitados no acudieron a votar, pese a que el sufragio es obligatorio para una parte importante de la población brasileña.

La cifra representa una dimensión de la elección que no aparece cuando el análisis se concentra exclusivamente en los porcentajes obtenidos por los candidatos.

El politólogo Sergio Abranches, en un trabajo publicado por The Conversation, vincula el crecimiento de la derecha con factores políticos, ideológicos, afectivos y de descontento social. Su planteo invita a considerar que las decisiones electorales no responden únicamente a cálculos económicos ni a una identificación estable con los partidos.

La abstención, sin embargo, requiere una lectura cuidadosa. No todas las personas que dejan de votar lo hacen por rechazo al sistema, y no todos los electores descontentos expresan su malestar de la misma manera. Las dificultades de traslado, las circunstancias personales, la indiferencia, el desencanto y otras razones pueden coexistir dentro de una misma cifra.

Tampoco corresponde atribuir automáticamente los votos ausentes a una de las candidaturas. La campaña de Lula considera que allí existe una oportunidad para recuperar apoyo, pero esa es una hipótesis estratégica, no una conclusión demostrada por el comportamiento de quienes no participaron.

El problema de representación se vuelve más significativo cuando se incorpora otro fenómeno: el debilitamiento de las identificaciones partidarias tradicionales y el crecimiento de discursos que prometen soluciones por fuera de los acuerdos habituales.

En un sistema donde durante años las principales disputas presidenciales estuvieron organizadas alrededor del PT y el PSDB, la consolidación de una nueva fuerza dominante en la derecha modifica las referencias políticas disponibles para el electorado.

Pero el rechazo a un partido o a una dirigencia no debe confundirse con el rechazo a la democracia.

Una investigación de Datafolha difundida el 2 de octubre de 2026 encontró que el 73% de los brasileños prefería la democracia frente a otras formas de gobierno, por encima del 69% registrado en diciembre de 2024.

El estudio, realizado entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre sobre 2.506 electores de 152 municipios, con un margen de error de dos puntos porcentuales, también mostró que el respaldo declarado a la democracia alcanzaba al 76% entre los votantes de Lula y al 74% entre quienes apoyaban a Flávio Bolsonaro. Esos porcentajes no borran las diferencias entre ambos sectores, pero obligan a introducir un matiz decisivo: la mayoría de los entrevistados que respaldaban a uno u otro candidato expresaba una preferencia por el sistema democrático.

Al mismo tiempo, el estudio registró un 15% de indiferencia entre democracia y dictadura y un 7% que consideraba preferible un régimen dictatorial en determinadas circunstancias.

La coexistencia de estas posiciones muestra que la sociedad brasileña no puede dividirse simplemente entre ciudadanos democráticos y ciudadanos contrarios a la democracia en función de su voto presidencial. La discusión es más compleja. Incluye interpretaciones diferentes sobre la autoridad, el pluralismo, las instituciones, el orden público y los límites del poder político.

La democracia como promesa y como experiencia

Los estudios regionales ayudan a comprender esa aparente contradicción. El informe Latinobarómetro 2024 mostró que el respaldo a la democracia en América Latina estaba recuperándose después de años de deterioro, aunque persistía una distancia considerable entre la valoración del régimen democrático y la satisfacción con su funcionamiento.

En aquella edición, el 69% de los latinoamericanos coincidía con la idea de que la democracia, pese a sus problemas, era preferible a otras alternativas. En Brasil, ese indicador alcanzaba el 71%. Sin embargo, los datos regionales también registraban una insatisfacción elevada con el desempeño de los gobiernos democráticos.

La distinción es fundamental: una persona puede defender las elecciones, las libertades y el derecho a elegir gobernantes, pero sentirse profundamente decepcionada con los resultados de la política. Esa diferencia permite comprender por qué una democracia puede mantener legitimidad como forma de gobierno y, al mismo tiempo, atravesar una crisis de representación.

En Brasil, el conflicto se expresa en una sociedad que experimentó mejoras económicas y sociales importantes desde la recuperación democrática, pero conserva desigualdades profundas y reclamos persistentes sobre seguridad, servicios públicos y oportunidades.

El cambio generacional añade otra dimensión. Una parte creciente del electorado nació o se incorporó a la vida política después de la dictadura. Para esos ciudadanos, la democracia no representa necesariamente una conquista reciente frente a un régimen autoritario conocido por experiencia personal, sino el sistema dentro del cual transcurrió toda su vida.

Esto no significa que valoren menos las libertades. Significa que pueden juzgar las instituciones con criterios diferentes de los que organizaron la transición de los años ochenta.

Quienes participaron en aquella etapa tuvieron como prioridad recuperar derechos y garantizar que los militares no volvieran a gobernar. Las nuevas generaciones también evalúan la democracia por su capacidad para responder a problemas vinculados con el empleo, el consumo, la vivienda, la seguridad y las perspectivas de futuro. La legitimidad histórica del sistema, por importante que sea, no reemplaza indefinidamente la necesidad de resultados.

Además, las consecuencias de la elección brasileña exceden sus fronteras. Brasil es la mayor economía de América Latina, integra el G20, participa en los BRICS y ocupa una posición decisiva en las discusiones internacionales sobre comercio, seguridad alimentaria, energía y cambio climático. Las diferencias entre Lula y Flávio Bolsonaro incluyen orientaciones diplomáticas y económicas que podrían modificar prioridades, alianzas y estrategias internacionales.

Lula ha buscado ampliar la presencia brasileña en espacios multilaterales y fortalecer vínculos con diferentes centros de poder, incluidos China, EEUU y los países del Sur Global.

Flávio Bolsonaro mantiene una cercanía política e ideológica con sectores conservadores estadounidenses, lo que abre interrogantes sobre la orientación que podría adoptar su administración. Sin embargo, esa afinidad no permite anticipar automáticamente las decisiones comerciales o diplomáticas de un eventual gobierno. La relación con China constituye un ejemplo importante. Los vínculos económicos brasileños con ese país responden a intereses comerciales y productivos que trascienden la identidad política de cada presidente.

Para los países vecinos, incluida la Argentina, el rumbo de Brasil también tiene consecuencias comerciales y diplomáticas directas. Su capacidad de crecimiento, sus decisiones industriales y su participación en el Mercosur afectan a las economías de la región.

La discusión brasileña, por lo tanto, también forma parte de una reorganización más amplia de las relaciones políticas y económicas internacionales, aunque sus consecuencias concretas dependerán de decisiones que todavía no han sido adoptadas.

La disputa por el sentido de la democracia

La cuestión más profunda que plantea Casarões es que una parte del electorado podría estar reclamando una organización política distinta de la que predominó desde 1988. Su hipótesis sostiene que el país está transitando hacia un modelo menos apoyado en el pluralismo y los acuerdos entre fuerzas políticas, con una concepción diferente de la autoridad y de los objetivos del Estado.

Es una interpretación que debe contrastarse con los datos disponibles y con las propuestas concretas de los dirigentes. No existe una única definición de lo que desean los millones de personas que votaron a Flávio Bolsonaro.Entre ellas pueden convivir posiciones conservadoras, demandas de mayor seguridad, expectativas económicas, rechazo al PT, afinidad con la familia Bolsonaro y críticas al funcionamiento de la dirigencia política.

Lo mismo ocurre entre quienes votan a Lula: el respaldo puede expresar adhesión a su trayectoria, valoración de políticas sociales, identificación partidaria o preocupación por el rumbo institucional del país. Reducir esas motivaciones a dos bloques homogéneos impediría comprender la transformación que se intenta investigar. En este contexto, las instituciones cumplen una función que va más allá de administrar conflictos. Establecen las condiciones bajo las cuales adversarios profundos pueden competir sin destruir la posibilidad de una convivencia política posterior.

La Constitución de 1988 fijó límites que no dependen exclusivamente del resultado de cada elección. Entre ellos se encuentran la separación de poderes, los derechos fundamentales y la periodicidad del sufragio.

Cambiar leyes y políticas públicas es parte del funcionamiento democrático. Cuestionar la legitimidad de los controles institucionales o impedir una futura alternancia plantea un problema de naturaleza distinta.

Precisamente por eso, el debate sobre el futuro de Brasil no se agota en decidir quién ejercerá la Presidencia, sino que alcanza a las reglas bajo las cuales el poder podrá ejercerse, controlarse y eventualmente transferirse.

Un Congreso fortalecido y una Justicia bajo presión

La elección de 2026 también pone en discusión la distribución efectiva del poder. Durante buena parte de la Nueva República, el presidente ocupó una posición central en la articulación de las mayorías políticas. Aunque debía negociar permanentemente con el Congreso, conservaba una capacidad considerable para orientar la agenda pública y organizar coaliciones.

En los últimos años, el Legislativo amplió su influencia sobre la asignación de recursos presupuestarios y sobre las condiciones necesarias para sostener la gobernabilidad.

Paralelamente, el Supremo Tribunal Federal adquirió mayor protagonismo en controversias políticas de alto impacto. Sus decisiones intervinieron en conflictos relacionados con derechos, competencias institucionales, investigaciones judiciales y disputas entre autoridades.

Para algunos sectores, ese protagonismo permitió preservar garantías democráticas frente a actuaciones incompatibles con el orden constitucional. Para otros, expresó una expansión del poder judicial sobre decisiones que deberían corresponder principalmente a los representantes electos.

Ambas interpretaciones forman parte de una discusión institucional que no puede resolverse mediante una oposición simplificada entre políticos y jueces.

El equilibrio de poderes exige, al mismo tiempo, que los tribunales puedan controlar la constitucionalidad de los actos estatales y que sus atribuciones encuentren límites claramente establecidos. La composición futura del Supremo Tribunal Federal agrega otra dimensión a la discusión. Casarões advierte que las designaciones judiciales previstas durante el próximo mandato presidencial podrían modificar su orientación a largo plazo. Sin embargo, la influencia de un presidente sobre la Justicia no equivale a un control automático de sus decisiones. La duración de los mandatos, las reglas de nominación, la intervención del Senado y la independencia de los magistrados constituyen variables esenciales para cualquier evaluación.

Con independencia de quién gane el 25 de octubre, Brasil continuará enfrentando el desafío de ordenar la relación entre una Presidencia políticamente exigida, un Congreso con creciente capacidad de condicionamiento y un Poder Judicial que interviene en conflictos centrales para el funcionamiento del Estado. Esa tensión no es nueva, pero su intensidad actual puede definir buena parte del período que comenzará en 2027.

Lo que muere y lo que permanece

La afirmación de Casarões sobre el final de la Nueva República recupera una conocida reflexión del pensador italiano Antonio Gramsci acerca de las crisis históricas que surgen cuando un orden pierde capacidad de sostenerse y su reemplazo todavía no termina de formarse. La referencia ofrece una manera de interpretar el presente brasileño, pero también presenta un riesgo: convertir un proceso abierto en una conclusión inevitable.

Brasil conserva una Constitución democrática, elecciones competitivas, partidos de distintas orientaciones, instituciones judiciales y una sociedad civil activa. La continuidad de esos elementos impide equiparar automáticamente una crisis de representación con la desaparición de la democracia.

Al mismo tiempo, sería insuficiente considerar que el funcionamiento formal de las instituciones garantiza por sí solo la estabilidad del sistema. La historia reciente muestra que las elecciones pueden convivir con conflictos profundos sobre la legitimidad de los adversarios, el alcance de los poderes públicos y los límites de la autoridad presidencial.

También demuestra que las transformaciones institucionales no siempre llegan mediante rupturas repentinas. Pueden desarrollarse a través de cambios graduales en las prácticas políticas, la distribución de competencias, las relaciones entre el Gobierno y el Congreso y la manera en que los ciudadanos interpretan sus derechos.

Por eso, la hipótesis del final de la Nueva República debe leerse como una pregunta sobre el futuro antes que como un hecho consumado.

Una interpretación posible sostiene que el pacto construido en 1988 está perdiendo la capacidad de organizar la competencia política y responder a las expectativas sociales. Otra considera que Brasil atraviesa una reconfiguración partidaria y cultural profunda, pero dentro de un marco constitucional que conserva legitimidad y capacidad de adaptación. Los datos disponibles ofrecen argumentos para examinar ambas posibilidades.

El crecimiento del Partido Liberal, la persistencia de la polarización y las dificultades para reconstruir acuerdos reflejan cambios significativos. Pero el respaldo mayoritario a la democracia registrado por Datafolha y la continuidad de la competencia electoral muestran que no existe evidencia suficiente para afirmar que la sociedad haya abandonado colectivamente los principios democráticos.

La cuestión central parece encontrarse en una diferencia que atraviesa todo el período: Brasil consiguió establecer un orden democrático duradero, pero aún discute cómo convertir sus principios en una experiencia cotidiana capaz de satisfacer las expectativas de la población.

Ese debate incluye la reducción de las desigualdades, la seguridad, las oportunidades económicas, la calidad de los servicios públicos y la posibilidad de que los ciudadanos se reconozcan en sus representantes.

El 25 de octubre, los brasileños elegirán a su próximo presidente. El resultado definirá una orientación política y una nueva distribución de responsabilidades para los próximos años. Pero no resolverá por sí solo las contradicciones acumuladas durante cuatro décadas.

Si gana Lula, deberá enfrentar los límites de un sistema que ya no responde como durante sus primeros gobiernos. Si gana Flávio Bolsonaro, deberá administrar sus propias tensiones entre las promesas de transformación y las reglas constitucionales que organizan el funcionamiento del Estado. En ambos casos permanecerá una pregunta que comenzó a formularse mucho antes de esta elección y que probablemente continuará después de ella.

La Nueva República nació para garantizar que Brasil no regresara a su pasado autoritario. El desafío del presente consiste en determinar si ese mismo pacto todavía puede ofrecer una respuesta convincente sobre el futuro.

Tal vez el país esté frente al final de una etapa. Tal vez esté atravesando una transformación que todavía no permite reconocer su forma definitiva. Lo que muestran las elecciones de 2026 es que la continuidad institucional y la legitimidad social ya no pueden darse por supuestas: deben construirse, discutirse y renovarse. Porque un país puede cambiar de presidente en una noche electoral. Cambiar las reglas, las expectativas y los acuerdos que sostienen su democracia es una historia mucho más larga.