Ante las proyecciones de un fenómeno de El Niño de fuerte a muy fuerte intensidad que podría afectar a las economías regionales durante los próximos meses, el Gobierno de Misiones reclamó a la Nación que garantice la ejecución de los recursos previstos en la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria. El planteo apunta a disponer de financiamiento para prevenir y reducir los daños que las contingencias climáticas podrían ocasionar en los cultivos, los caminos rurales y la infraestructura vinculada con la producción.
El reclamo fue formulado por el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, quien advirtió sobre la necesidad de contar con herramientas financieras antes de que los fenómenos meteorológicos provoquen pérdidas económicas que después resulten más difíciles de afrontar.
“Es fundamental que el Gobierno nacional garantice el cumplimiento de la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria. Hay leyes que no representan un gasto, sino una inversión para evitar pérdidas mayores”, sostuvo el funcionario al fundamentar el pedido.
La posición del Ministerio del Agro se suma a la gestión que el gobernador Hugo Passalacqua realizó ante el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, durante la última reunión de mandatarios del Norte Grande. En ese encuentro, el Gobernador solicitó la ejecución del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), creado en 2009 como parte del sistema nacional destinado a atender las consecuencias de eventos adversos sobre la actividad rural.
El planteo provincial introduce así una discusión que excede las advertencias meteorológicas: la disponibilidad de recursos para actuar antes de que los daños afecten la capacidad productiva de las chacras y la infraestructura necesaria para transportar y comercializar sus productos.
Un fondo creado por ley para afrontar emergencias
La Ley 26.509 estableció el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, con el objetivo de organizar acciones destinadas a reducir la vulnerabilidad de los productores y asistirlos frente a fenómenos climáticos y otras contingencias que comprometan sus explotaciones.
Dentro de ese esquema, el artículo 16 creó el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), mientras que otros artículos contemplan recursos presupuestarios específicos para financiar políticas preventivas.
La normativa prevé distintas herramientas de asistencia, entre ellas aportes no reembolsables, inversiones para reducir riesgos en establecimientos agropecuarios y líneas de crédito en condiciones especiales. También establece mecanismos de apoyo para recuperar la capacidad productiva de quienes resulten afectados por una emergencia o desastre declarado.
En ese marco, Misiones solicita que los instrumentos financieros previstos en la legislación estén disponibles para afrontar un escenario de mayor exposición a eventos meteorológicos extremos.
Sin embargo, el comunicado provincial no precisa qué monto reclama Misiones, cuánto dinero tiene actualmente asignado el fondo ni qué proporción de esos recursos fue ejecutada durante 2026. Esos datos resultan necesarios para establecer el alcance presupuestario del pedido y determinar si existen partidas pendientes de aplicación.
El Niño y los riesgos para la producción
La preocupación provincial se apoya en el último informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), difundido el jueves 8 de octubre, que indica que El Niño continúa fortaleciéndose y existe una probabilidad superior al 83% de que alcance una intensidad fuerte a muy fuerte durante el período comprendido entre enero y marzo de 2027.
El fenómeno se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial que altera la circulación atmosférica y puede modificar los patrones de precipitaciones y temperaturas en distintas regiones del planeta.
Para Misiones, las perspectivas generan preocupación por la posibilidad de lluvias intensas, anegamientos y daños sobre actividades productivas e infraestructura rural. No obstante, la intensidad global prevista para El Niño no permite anticipar por sí sola la magnitud ni la localización de los eventos meteorológicos que podrían producirse en la provincia.
Desde el Ministerio del Agro también mencionaron las advertencias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre los riesgos que este escenario representa para distintas regiones productivas. “No podemos pensar solamente en las tormentas de hoy, sino también en las consecuencias de mañana”, expresó López Sartori, al insistir en que la planificación y el financiamiento previo pueden contribuir a reducir el impacto económico de futuras emergencias.
Cultivos, caminos rurales e infraestructura
Entre las actividades que podrían requerir asistencia, el Gobierno provincial mencionó la producción tabacalera, frutícola y hortícola, la agricultura en general y la agroindustria, además de los caminos rurales y la infraestructura pública vinculada con estas actividades.
La preocupación no se limita a las posibles pérdidas directas en los cultivos. Las precipitaciones intensas también pueden afectar los accesos a las chacras, dificultar el traslado de la producción y generar costos adicionales para establecimientos que dependen de la conectividad vial para comercializar sus productos.
Por eso, el pedido de recursos nacionales apunta tanto a la atención de eventuales daños como a la posibilidad de financiar acciones preventivas que reduzcan la vulnerabilidad del sector.
En esa línea, López Sartori vinculó el reclamo con el papel que debe cumplir el Estado frente a situaciones que pueden comprometer la continuidad de las actividades productivas. “Un Estado no se mide únicamente por su superávit fiscal, sino también por su capacidad de proteger la producción y promover el desarrollo social”, afirmó.
El Ministerio del Agro sostiene que la disponibilidad oportuna de financiamiento permitiría acompañar a los productores antes de que deban afrontar las consecuencias de fenómenos climáticos extremos.
La discusión queda ahora centrada en qué recursos nacionales podrán movilizarse, bajo qué mecanismos se distribuirán y qué medidas concretas podrán financiarse en Misiones. Son definiciones que resultarán determinantes para conocer el alcance efectivo de la asistencia solicitada por la Provincia.
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