La crisis del aserradero Linor SRL, que en mayo cerró su planta de Azara y dejó a unos 130 trabajadores sin empleo, sumó un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Posadas decretó la quiebra indirecta de la empresa y dispuso la incautación de sus bienes, instalaciones, maquinarias y documentación, además de otras medidas destinadas a preservar el patrimonio y avanzar en la determinación de las deudas pendientes.
La sentencia fue dictada el pasado 15 de septiembre por el juzgado a cargo de Adriana Beatriz Fiori y sus alcances se hicieron públicos a través del Boletín Oficial de Misiones de este viernes. La resolución se adoptó en el expediente 9385/2020, a raíz del incumplimiento de un acuerdo preventivo que había sido homologado judicialmente.
De esta manera, el conflicto que durante meses mantuvo a los trabajadores reclamando salarios e indemnizaciones pendientes ingresó formalmente en una nueva etapa. A partir de la declaración de quiebra, la administración y disposición de los bienes de la empresa quedan sujetas al proceso concursal y a la intervención de la sindicatura designada por la Justicia.
Incautación de bienes y bloqueo de cuentas
Entre las medidas dispuestas, la resolución establece el desapoderamiento de los bienes de Linor SRL y ordena la entrega inmediata a la sindicatura de inmuebles, instalaciones, maquinarias, vehículos, libros laborales y documentación contable. Para concretar esas medidas, el juzgado autorizó el auxilio de la fuerza pública, la colocación de fajas de clausura e incluso allanamientos, si fueran necesarios. También dispuso mantener las medidas de no innovar que ya estaban vigentes.
La decisión adquiere especial relevancia por los antecedentes del conflicto. Cuando se conoció el cierre de la planta, en mayo, los trabajadores realizaron una vigilia y bloquearon los accesos al establecimiento ante el temor de que el retiro de maquinaria comprometiera las posibilidades de cobrar sus acreencias laborales.
En aquel momento, el Sindicato de Obreros de la Industria Maderera había advertido sobre la situación patrimonial de la firma y promovido medidas para preservar los equipos y herramientas que permanecían en el predio.
Ahora, la resolución judicial también establece la inhibición general de bienes de Linor SRL y el bloqueo de sus cuentas bancarias, depósitos y valores, mientras que los administradores y terceros tienen prohibido realizar pagos o entregar bienes a la empresa por fuera de las condiciones legales del proceso.
Asimismo, se intimó a la firma y a sus administradores a entregar los registros comerciales, laborales, contables e impositivos a la sindicatura dentro del plazo de 48 horas establecido en la sentencia.
Prohibieron salir del país al socio gerente
Otra de las disposiciones alcanza directamente a Juan Carlos Lorenzo, socio gerente de Linor SRL, sobre quien el juzgado decretó la prohibición de salida del país hasta la presentación del informe general de la sindicatura.
La medida, prevista por la legislación concursal, busca garantizar su disponibilidad y colaboración con el proceso judicial. Para su cumplimiento se ordenó comunicar la restricción a Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y otras fuerzas de seguridad.
La resolución también establece que Lorenzo y los representantes de la empresa deberán colaborar activamente con la Justicia y con los síndicos designados, bajo apercibimiento de disponer su comparecencia mediante la fuerza pública en caso de incumplimiento.
Qué pasará con los salarios y las indemnizaciones
Uno de los aspectos más importantes de la sentencia está relacionado con los trabajadores que quedaron sin empleo tras el cierre del establecimiento. El juzgado ordenó a la sindicatura elaborar un informe laboral individualizado de todos los trabajadores de la planta de Azara, con el objetivo de establecer la situación de cada vínculo laboral y determinar las acreencias correspondientes.
Ese relevamiento deberá precisar las fechas de ingreso y desvinculación, las remuneraciones adeudadas, las indemnizaciones pendientes y la clasificación legal de los créditos según el período en que se originaron y las prioridades de cobro previstas en la Ley de Concursos y Quiebras. El informe deberá presentarse dentro de los 30 días de concretada la incautación de los libros laborales o la revisión de los expedientes pertinentes.
La decisión representa un avance procesal para establecer las deudas con el personal, aunque no significa que el pago de salarios e indemnizaciones esté garantizado ni que exista una fecha definida para concretarlo. La posibilidad de recuperar esos montos dependerá, entre otros factores, de la determinación de las acreencias y del patrimonio disponible dentro de la quiebra.
En cuanto a los acreedores, la sentencia aclara que quienes ya habían verificado sus créditos durante el concurso preventivo anterior no deberán repetir el procedimiento, porque la sindicatura recalculará los saldos correspondientes. Por el contrario, quienes tengan créditos originados después de la presentación en concurso y antes de la declaración de quiebra, incluidos los trabajadores comprendidos en ese período, deberán solicitar su verificación dentro de los 20 días hábiles posteriores al vencimiento de la publicación de los edictos.
De los reclamos por salarios a la quiebra judicial
El desenlace judicial llega después de varios meses de conflicto en una de las industrias madereras más importantes del sur de Misiones, dedicada principalmente a la fabricación de pallets. Ya en diciembre de 2025, el Sindicato de Obreros de la Industria Maderera había advertido sobre dificultades económicas de larga data, deudas fiscales y embargos que afectaban el funcionamiento de la empresa. En aquel momento se habían conocido despidos y atrasos en el cumplimiento de las obligaciones laborales.
La situación se agravó durante mayo de este año, cuando la firma comunicó que no continuaría con sus actividades. La decisión dejó a unas 130 personas sin empleo y generó protestas de los trabajadores, quienes reclamaban el pago de salarios atrasados, vacaciones e indemnizaciones.
En medio de ese conflicto, el gremio cuestionó la administración empresarial y advirtió que la crisis no podía explicarse únicamente por las dificultades generales que atravesaba la forestoindustria.
A comienzos de junio, los trabajadores comenzaron a tramitar el fondo de desempleo, mientras el sindicato insistía con el reclamo del pago íntegro de las indemnizaciones. También se había informado sobre medidas cautelares destinadas a impedir el retiro de bienes del establecimiento.
Con la declaración judicial de quiebra, el futuro patrimonial de Linor quedó bajo intervención de la Justicia y de la sindicatura, mientras que para los exempleados el principal interrogante continúa siendo cuánto podrán recuperar de los salarios e indemnizaciones que reclaman desde el cierre de la planta.
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