El anuncio del Gobierno nacional de destinar $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSeS para ampliar el financiamiento hipotecario abrió una discusión que excede las condiciones de los nuevos préstamos. Para Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, el punto central está en quién aporta los recursos y quiénes tendrán posibilidades efectivas de acceder a los créditos: mientras el dinero provendrá de un fondo perteneciente al sistema previsional, sostuvo que la inmensa mayoría de los jubilados se encuentra muy lejos de reunir las condiciones económicas necesarias para obtener una hipoteca.
La discusión se produjo, además, en una fecha cargada de significado para el sector. En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Semino recordó que cada 28 de agosto se conmemora en Argentina el Día de la Ancianidad, a partir de la proclamación realizada por Eva Perón en 1948 de los Derechos de la Ancianidad, posteriormente incorporados a la Constitución de 1949. Para el dirigente, derechos vinculados a un ingreso digno, la salud y la vivienda siguen siendo hoy materias pendientes.
A partir de allí enlazó aquella reivindicación histórica con el anuncio realizado esta semana por el ministro de Economía, Luis Caputo. El programa prevé que el FGS coloque recursos mediante depósitos a plazo fijo en entidades financieras, que posteriormente deberán volcarlos a créditos para adquisición, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda. El monto total previsto alcanza los $2 billones y cada licitación podrá llegar hasta los $200.000 millones.
Semino no cuestionó que exista crédito hipotecario ni que pueda utilizarse como instrumento para impulsar la actividad económica. Su crítica se concentró en la utilización de recursos del sistema previsional para financiar un esquema que, según planteó, terminará favoreciendo principalmente a sectores con ingresos medios o medios altos, mientras buena parte de quienes integran actualmente el universo jubilatorio queda lejos de poder cumplir los requisitos económicos.
La frase con la que sintetizó esa contradicción fue directa: “Los únicos que quedaron afuera de esos créditos, antes y ahora, son los que pusieron la plata, los dueños del fondo”. Con esa definición, Semino retomó además antecedentes de programas habitacionales financiados con recursos previsionales durante administraciones anteriores, para sostener que no se trata, a su entender, de una discusión nueva sino de una utilización del FGS que se repite con distintas modalidades.
Una cuota muy alejada de los haberes jubilatorios
La comparación que alimenta su cuestionamiento surge de las propias cifras presentadas por Economía. En el ejemplo oficial utilizado para explicar el funcionamiento del programa, una vivienda valuada en aproximadamente US$106.667, con financiamiento equivalente al 75% y un crédito de $120,92 millones a 25 años, tendría una cuota inicial estimada de $865.098. Para mantener una relación cuota-ingreso del 25%, el grupo familiar debería acreditar ingresos netos mensuales por unos $3,46 millones.
Esos valores llevaron a Semino a contrastar el universo potencial del programa con la realidad previsional. Según señaló durante la entrevista, alrededor de cinco millones de jubilados y pensionados perciben ingresos cercanos a los $500.000, mientras ubicó al resto en un promedio aproximado de $850.000. Incluso tomando como referencia los haberes más altos, sostuvo que una cuota del orden de los $800.000 queda fuera del alcance de prácticamente todo el sector.
El programa anunciado por Economía, de todos modos, no establece en su presentación oficial una prohibición general para personas mayores de 65 años. Los préstamos estarán destinados a “personas humanas” y serán las entidades financieras las encargadas de evaluar la capacidad crediticia de cada solicitante. La objeción de Semino se apoya, por lo tanto, fundamentalmente en la brecha entre los ingresos requeridos y los haberes que percibe la mayoría de los jubilados, más que en una exclusión etaria expresamente establecida por el esquema oficial.
Las condiciones generales fijan además una tasa máxima de UVA más 7,5%, un plazo mínimo de quince años y un tope de 150.000 UVA por crédito. Las entidades que reciban los recursos dispondrán de 90 días para transformarlos en préstamos hipotecarios y asumirán el riesgo crediticio de cada operación.
Es precisamente allí donde Semino encuentra una paradoja. Recordó que buena parte de los actuales jubilados integraba la población económicamente activa cuando funcionaba el régimen de capitalización individual y que los activos de las antiguas AFJP fueron posteriormente transferidos al FGS. Desde esa perspectiva, sostuvo que quienes contribuyeron a conformar esos recursos se encuentran ahora entre los sectores con menores posibilidades de aprovechar el programa que será fondeado con ellos.
“Si se lo ponen en el bolsillo del jubilado, va al mercado interno”
Caputo justificó el programa no solamente por la necesidad de ampliar el acceso a la vivienda, sino también por su efecto sobre la actividad económica. Según argumentó al realizar el anuncio, el crédito hipotecario puede motorizar construcción, empleo y formalización, además de reducir la enorme diferencia que mantiene Argentina frente a otros países en materia de financiamiento habitacional.
Semino cuestionó ese razonamiento desde otra perspectiva. Aclaró que no considera objetable ofrecer créditos a sectores que tengan capacidad para afrontarlos y señaló que el planteo sería distinto si los recursos utilizados provinieran del Presupuesto nacional. Lo que discute es que se recurra al FGS mientras los ingresos previsionales permanecen en niveles que considera insuficientes.
Según su planteo, si el objetivo fuera estimular la actividad económica, una mejora de los ingresos jubilatorios tendría un efecto más directo sobre el consumo. Argumentó que las personas mayores, en general, poseen escaso margen para ahorrar porque deben destinar sus recursos a alimentos, alquileres, servicios y deudas, por lo que cualquier incremento en sus ingresos se trasladaría rápidamente al mercado interno.
Su crítica se volvió particularmente dura cuando la entrevista giró hacia el destino que debería tener el Fondo. Semino recordó que el FGS nació en 2007 como una herramienta destinada a amortiguar eventuales desequilibrios del sistema previsional y afirmó que debería actuar como respaldo frente a situaciones de crisis, insuficiencia de recursos o compromisos pendientes con jubilados.
El Decreto 897/2007 efectivamente estableció entre las finalidades del Fondo atenuar impactos financieros negativos sobre el régimen previsional, preservar el valor de sus activos y cubrir eventuales insuficiencias en el financiamiento de las prestaciones. Sin embargo, el marco normativo vigente también contempla otro objetivo: invertir sus recursos, bajo criterios de seguridad y rentabilidad, para contribuir al desarrollo sustentable de la economía y fortalecer de esa manera los ingresos futuros de la seguridad social.
Esa precisión resulta relevante frente a una de las afirmaciones más fuertes de Semino. El defensor de la Tercera Edad sostuvo que utilizar el FGS de esta manera implica que “se está violando la ley a la luz del día”. La legislación actualmente vigente, no obstante, no limita las inversiones exclusivamente al pago directo de jubilaciones: la Ley 27.574 dispone expresamente que ANSeS, a través del Fondo, debe priorizar inversiones con impacto directo en la economía real que promuevan, al mismo tiempo, la sostenibilidad del sistema previsional y de la economía argentina.
La discusión planteada por Semino pasa entonces también por la prioridad asignada a esos recursos. Su posición es que, en un escenario de haberes reducidos y sentencias previsionales todavía pendientes de cumplimiento, el FGS debería concentrarse primero en quienes forman parte del sistema que le dio origen.
Del origen del Fondo a la discusión sobre su patrimonio
Durante la entrevista, Semino repasó además la evolución del FGS y recordó que, tras la eliminación del sistema de AFJP, éste recibió los activos de las cuentas de capitalización individual. La Ley 26.425 dispuso efectivamente que esos bienes fueran transferidos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y estableció que su administración quedara en manos de la ANSeS.
El dirigente mencionó estimaciones históricas que ubicaban esos recursos en torno de US$100.000 millones y señaló que, con el paso del tiempo, su composición se volvió predominantemente financiera. También recordó cifras difundidas durante la gestión de Osvaldo Giordano al frente de la ANSeS y sostuvo que buena parte del patrimonio estaba constituida por títulos públicos, por lo que advirtió que no debe confundirse la valuación total del FGS con dinero disponible en efectivo.
Ese último punto coincide con la composición que muestran los informes oficiales, aunque las cifras cambian según el período y la metodología de valuación. Al cierre de 2024, la ANSeS informó una cartera equivalente a US$64.793 millones valuada al dólar CCL, de la cual el 74% correspondía a títulos públicos nacionales y el 17,2% a acciones. La propia administración previsional aclara que desde 2024 utiliza valores técnicos de mercado para calcular el patrimonio del Fondo.
Semino vinculó además la breve gestión de Giordano en el organismo con la discusión sobre la transparencia y el eventual uso del Fondo para afrontar sentencias previsionales firmes.
Los derechos de las personas mayores, como telón de fondo
Finalmente, Semino recordó que la proclamación de los Derechos de la Ancianidad de 1948 buscó colocar en el centro cuestiones como el ingreso, la vivienda, la salud y la protección social, y señaló que el debate internacional sobre los derechos de las personas mayores fue evolucionando durante las décadas siguientes.
Las Naciones Unidas celebraron en Viena, en 1982, la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, de la que surgió un plan internacional con recomendaciones sobre seguridad de ingresos, vivienda, salud, bienestar y participación social. Semino recordó además que de esos debates surgió progresivamente la utilización de expresiones como “adultos mayores”, aunque relativizó la importancia de la denominación al considerar que cualquier término resulta válido cuando está acompañado por respeto y reconocimiento.
A 78 años de aquella proclamación argentina, para Semino la contradicción continúa estando en la distancia entre los derechos reconocidos y las condiciones materiales de buena parte del sector. Por eso, frente al nuevo programa hipotecario, no cuestionó la necesidad de recuperar el crédito para vivienda, sino la decisión de utilizar recursos previsionales sin que quienes dependen del sistema aparezcan entre sus principales beneficiarios.
En esa diferencia resumió toda su posición: los $2 billones podrán contribuir a ampliar el crédito hipotecario y, eventualmente, generar actividad económica, pero para el defensor de la Tercera Edad permanece abierta una pregunta anterior: qué lugar ocupan los jubilados cuando el Estado decide cómo utilizar el patrimonio que debe contribuir a sostener el sistema previsional.
Discussion about this post