El Gobierno argentino prepara un nuevo intento judicial en Estados Unidos para evitar o demorar el pago de US$ 390,9 millones, más intereses, correspondiente al litigio originado por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La decisión llega después de que la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmara el pasado 21 de julio el fallo favorable a Titan Consortium 1 LLC, actual titular de los derechos derivados del laudo internacional contra la Argentina.
La Procuración del Tesoro prepara ahora un pedido de revisión ante la propia Cámara de Apelaciones, con el objetivo de que el tribunal vuelva a analizar aspectos procesales del caso y mantener abierta la discusión antes de una eventual presentación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El expediente se originó a partir de la estatización de las compañías aéreas en 2008 y posteriormente llegó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
En julio de 2017, el tribunal arbitral condenó a la Argentina a pagar US$320,76 millones, además de costos e intereses, a las sociedades españolas Teinver, Transportes de Cercanías y Autobuses Urbanos del Sur. La Argentina intentó anular posteriormente el laudo, pero ese planteo fue rechazado por el CIADI en mayo de 2019. Los derechos derivados de aquella sentencia terminaron posteriormente en manos de Titan Consortium, que acudió a la Justicia estadounidense para lograr su reconocimiento y ejecución.
El argumento argentino que rechazó la Justicia
Uno de los principales intentos de defensa de la Argentina estuvo centrado en el plazo disponible para reclamar judicialmente la ejecución del laudo. El país sostuvo que debía aplicarse una prescripción de tres años y que, en consecuencia, Titan había iniciado su reclamo fuera de término.
La Justicia estadounidense llegó a una conclusión diferente. La Cámara de Apelaciones determinó que correspondía utilizar el plazo de doce años establecido por la legislación del Distrito de Columbia para ejecutar sentencias de pago, y confirmó así la decisión del tribunal inferior.
El fallo resulta especialmente importante porque la Argentina había limitado su apelación precisamente a esa cuestión: si Titan había presentado o no su demanda dentro del plazo permitido. La Cámara concluyó que sí.
El tribunal de primera instancia había establecido previamente una condena por US$390.907.115,55, más intereses posteriores a la sentencia, monto que ahora quedó respaldado por la decisión de la Cámara de Apelaciones.
Qué busca ahora el Gobierno
Frente a ese escenario, la Procuración del Tesoro decidió avanzar con una nueva instancia procesal. La estrategia contempla solicitar una revisión del fallo ante la misma Cámara, paso que permitiría insistir sobre los argumentos jurídicos utilizados por la Argentina y mantener abierto el expediente.
La información de la agencia indica que, en principio, no se presentaría un pedido específico de suspensión inmediata de la sentencia, aunque los abogados argentinos analizan herramientas procesales que permitan evitar una ejecución acelerada sobre activos del país en Estados Unidos.
Si esa revisión fuera rechazada, el Gobierno todavía podría intentar llevar el expediente ante la Corte Suprema estadounidense. Sin embargo, esa instancia no es automática: el máximo tribunal estadounidense decide cuáles casos acepta analizar. Por eso, el margen judicial de la Argentina se redujo considerablemente después del fallo de julio.
De US$ 320 millones a más de US$ 390 millones
La diferencia entre la condena arbitral original y el monto actualmente reclamado responde principalmente a intereses y costos acumulados durante los años de litigio. El CIADI había fijado en 2017 una indemnización superior a US$320 millones. Tras el procedimiento de anulación, se agregaron además más de US$1 millón en costos, según reconstruyó la Cámara estadounidense en su sentencia.
Cuando Titan consiguió el reconocimiento judicial del laudo en Washington, el tribunal estableció una sentencia de US$390,9 millones, a la que continúan adicionándose intereses posteriores. El conflicto, por lo tanto, ya no pasa por determinar nuevamente si la expropiación fue correcta o incorrecta: el laudo arbitral existe y superó el procedimiento de anulación dentro del CIADI. La disputa que se desarrolla ahora en Estados Unidos está centrada en su reconocimiento y ejecución.
El riesgo sobre activos argentinos
La importancia de la nueva estrategia radica en que el reconocimiento judicial del laudo permite a Titan avanzar hacia la etapa de ejecución de la sentencia, aunque cualquier intento concreto sobre activos argentinos deberá atravesar las reglas estadounidenses sobre inmunidad soberana y ejecución de bienes estatales.
El Gobierno busca precisamente evitar que esa instancia avance mientras intenta mantener abierta alguna vía de revisión o negociación. El caso suma así otro frente internacional para la Argentina derivado de decisiones estatales adoptadas años atrás y llega en momentos en que casi US$400 millones representan una obligación significativa para las cuentas públicas y las reservas.
La estrategia que ahora prepara la Procuración del Tesoro determinará si el país logra prolongar la discusión judicial o si Titan queda en condiciones de avanzar hacia una etapa más agresiva para intentar cobrar la sentencia.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
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